Por estrategiaynegocios.net
El decreto de la Ley de Justicia Tributaria está bajo estudio en el Congreso Nacional de Honduras. Ante el hecho, los empresarios advierten de crisis e insisten en diálogo.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) -mediante un comunicado- indicó que la normativa “coloca a Honduras en una clara desventaja competitiva frente a otros países de la región que han enfocado sus esfuerzos en políticas tributarias orientadas a la atracción de nuevas inversiones y generación de empleos”.
Afirman que de aprobarse la misma se provocará “la extinción de miles de fuentes de empleo, el desmoronamiento de la economía, se restringirá el acceso a la canasta básica y se asegurará que Honduras se mantenga como el país más pobre del continente”.
“Reconocemos que el país demanda reformas tributarias profundas, pero estas deben de ir acompañadas del esfuerzo de la empresa privada que permita dinamizar la economía en cuanto a su formalización, ampliando con ello la base de obligados tributarios que permitiría al Estado obtener más ingresos fiscales por medio de las inversiones”, agregó el Cohep.
La legislación solo necesita 65 votos para ser aprobada.
Por su parte, el ministro del Servicio Administrador de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, defendió que la Ley de Justicia Tributaria no es una propuesta de un pequeño grupo de funcionarios radicales.
“Queremos destacar que: contrario a lo que se ha señalado por el Cohep, el proyecto que está siendo emitido hoy al Congreso Nacional, no es una propuesta de un pequeño grupo de funcionarios radicales como han querido señalar”, dijo.
Asimismo, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, defendió que la ley busca “propiciar que la competencia sea equitativa” dentro de la economía del país.
Previamente, la presidenta Xiomara Castro había indicado que la ley busca “terminar con los abusos”.
Las claves de la Ley de Justicia Tributaria
Castro explicó que la modificación a la actual política tributaria no implicará un aumento en los impuestos y que estará orientada a evitar y regular los abusos y los regímenes de exoneraciones fiscales.
La misma se hace siguiendo las recomendaciones del Fondo Montario Internacional (FMI), según el Ejecutivo.
-El instrumento manda eliminar los regímenes de exoneraciones fiscales vigentes, creando dos nuevos orientados a desarrollar la industria nacional y a atraer inversión extranjera.
-Se derogarán los beneficios fiscales que gozan las Zonas Libres (Zoli), Régimen de Importación Temporal (RIT), call center, energía renovable, energía térmica, agroindustrial, fomento al turismo, transporte terrestre y Zona Libre Turística del departamento de Islas de la Bahía (Zolitur).
-A impuestos específicos se otorgarán los dos nuevos regímenes, denominados Zonas Francas e Incentivos para las Inversiones del Desarrollo (Rinde), por un período máximo de 10 años y con controles para vigilar que los beneficios obtenidos por la sociedad correspondan con la exoneración otorgada.
Según la mandataria son más de 60.000 millones de lempiras los que el Estado deja de percibir por concepto de exoneraciones que reciben los empresarios.
