Por estrategiaynegocios.net
El Ministerio Público de Guatemala (MP) obtuvo esta tarde la autorización para emitir orden de aprehensión contra el diputado Luis Rabbé, quien es acusado por cargos de corrupción.
Rabbé, huyó en agosto hacia México y se encontaría actualmente en Nicaragua, tras ser despojado de su inmunidad como parlamentario. El político es investigado por la contratación irregular de personal cuando presidió el Congreso en 2015.
De acuerdo con el MP, la orden se gira 'por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción. Delitos presuntamente cometidos cuando fungió como presidente de la junta directiva del Congreso de la República, entre enero 2015 y enero 2016'.
De acuerdo con la investigación, Rabbé habría autorizado nombramientos para integrantes de la junta directiva 2015-2016 bajo algunas irregularidades, entre ellas nombramientos con una toma de posesión retroactiva y personas que no cumplían con el perfil del puesto.
El MP confirmó esta tarde que la Fiscalía Especial contra la Impunidad gestiona la alerta internacional ante la INTERPOL 'para que la orden de captura pueda efectuarse en los países que forman parte de la organización policial', destacó la entidad mediante su cuenta en Twitter.
El caso en breve
Además, la fiscalía solicitó levantar los fueros a los actuales diputados Luis Rabbé (independiente), expresidente del Congreso en 2015, Manuel García, Arístides Crespo del Partido Reformador, César Fajardo, Julio López, Carlos López de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE) y Selvin García de CREO.
La investigación detalla que se hicieron contrataciones de personas que 'cobraban salarios pero no asistían a sus labores', con sueldos que promediaban los 2.000 dólares, aunque no se detalló un monto global de lo defraudado.
Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU que apoyó las indagaciones, señaló que se detectó que algunos diputados otorgaron plazas en el Congreso a empleados de sus empresas particulares. Los políticos involucrados son sospechosos de los delitos de abuso de autoridad, peculado por sustracción y nombramientos ilegales. El exdiputado Carlos Herrera, vinculado a los mismos cargos, se encuentra prófugo.
'Estos actos ilícitos han tenido efectos negativos convirtiéndose en un botín para el enriquecimiento anómalo', indicó Velásquez.
Por un caso similar, se encuentra en prisión preventiva desde octubre otro expresidente del Congreso, Pedro Muadi, acusado de la supuesta creación de 15 contratos fantasma a través de una empresa privada para el órgano Legislativo cuando lo presidió en 2013. El caso contra Muadi fue destapado en junio del año pasado y ya suma más de 30 arrestos.
Todos los diputados y exdiputados acusados de corrupción, con excepción de Mijangos, fueron parte de la legislatura 2012-2016, periodo por el que fue electo el encarcelado exgobernante Otto Pérez. Pérez renunció al cargo en setiembre pasado y es acusado, junto con su exvicepresidenta Roxana Baldetti, también en prisión, de encabezar una estructura de defraudación fiscal en aduanas.
El Ministerio Público de Guatemala (MP) obtuvo esta tarde la autorización para emitir orden de aprehensión contra el diputado Luis Rabbé, quien es acusado por cargos de corrupción.
Rabbé, huyó en agosto hacia México y se encontaría actualmente en Nicaragua, tras ser despojado de su inmunidad como parlamentario. El político es investigado por la contratación irregular de personal cuando presidió el Congreso en 2015.
De acuerdo con el MP, la orden se gira 'por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción. Delitos presuntamente cometidos cuando fungió como presidente de la junta directiva del Congreso de la República, entre enero 2015 y enero 2016'.
De acuerdo con la investigación, Rabbé habría autorizado nombramientos para integrantes de la junta directiva 2015-2016 bajo algunas irregularidades, entre ellas nombramientos con una toma de posesión retroactiva y personas que no cumplían con el perfil del puesto.
El MP confirmó esta tarde que la Fiscalía Especial contra la Impunidad gestiona la alerta internacional ante la INTERPOL 'para que la orden de captura pueda efectuarse en los países que forman parte de la organización policial', destacó la entidad mediante su cuenta en Twitter.
El caso en breve
Además, la fiscalía solicitó levantar los fueros a los actuales diputados Luis Rabbé (independiente), expresidente del Congreso en 2015, Manuel García, Arístides Crespo del Partido Reformador, César Fajardo, Julio López, Carlos López de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE) y Selvin García de CREO.
La investigación detalla que se hicieron contrataciones de personas que 'cobraban salarios pero no asistían a sus labores', con sueldos que promediaban los 2.000 dólares, aunque no se detalló un monto global de lo defraudado.
Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU que apoyó las indagaciones, señaló que se detectó que algunos diputados otorgaron plazas en el Congreso a empleados de sus empresas particulares. Los políticos involucrados son sospechosos de los delitos de abuso de autoridad, peculado por sustracción y nombramientos ilegales. El exdiputado Carlos Herrera, vinculado a los mismos cargos, se encuentra prófugo.
'Estos actos ilícitos han tenido efectos negativos convirtiéndose en un botín para el enriquecimiento anómalo', indicó Velásquez.
Por un caso similar, se encuentra en prisión preventiva desde octubre otro expresidente del Congreso, Pedro Muadi, acusado de la supuesta creación de 15 contratos fantasma a través de una empresa privada para el órgano Legislativo cuando lo presidió en 2013. El caso contra Muadi fue destapado en junio del año pasado y ya suma más de 30 arrestos.
Todos los diputados y exdiputados acusados de corrupción, con excepción de Mijangos, fueron parte de la legislatura 2012-2016, periodo por el que fue electo el encarcelado exgobernante Otto Pérez. Pérez renunció al cargo en setiembre pasado y es acusado, junto con su exvicepresidenta Roxana Baldetti, también en prisión, de encabezar una estructura de defraudación fiscal en aduanas.
