Josué Felipe Baquiax, magistrado de la CSJ, confirmó vía telefónica que la petición del Ministerio Público fue conocida este jueves en pleno de magistrados. El diputado de Alianza Ciudadana (AC) es acusado por el Ministerio Público (MP) de peculado por sustracción, abuso de autoridad y nombramientos ilegales por supuestamente autorizar contrataciones irregulares de personal mientras era presidente del Congreso de la República en 2015.
Hoy por la tarde, Diario Digital informó que Rabbé llegó a México el 16 de agosto. El medio digital publicó: llegó al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México el martes 16 de agosto por la noche en el vuelo 769 de Aeroméxico. Según el testigo, el diputado retiró dos maletas grandes.
'Se analizó el informe rendido por el juez pesquisidor, donde se recomendo retirarle ese privilegio, por lo consiguiente fue sometido al cotejo por los magistrados y luego se acordó por unanimidad declarar con lugar la solicitud", declaró Baquiax a Prensa Libre.
El magistrado agregó que los argumentos de la resolución se basaron en lo establecido por el MP y lo emitido por el juez pesquisidor. "Repito todo fue corroborado por la CSJ, luego que se comprobara que la petición no era por asuntos espurios ni políticos", aseveró. Gestión Penal del Organismo Judicial (OJ) deberá designar el juez instructor que llevará el proceso penal contra Rabbé.
ángel Pineda, vocero de la CSJ informó que los magistrados también acordaron dar trámite al antejuicio contra el parlamentario de Todos y tercer secretario del Congreso, Roberto Kestler. "El juez pesquisidor que llevará el expediente es el vocal uno Sala de Corte de Apelaciones, Aura Marina Mansilla".
El caso en breve
Además, la fiscalía solicitó levantar los fueros a los actuales diputados Luis Rabbé (independiente), expresidente del Congreso en 2015, Manuel García, Arístides Crespo del Partido Reformador, César Fajardo, Julio López, Carlos López de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE) y Selvin García de CREO.La investigación detalla que se hicieron contrataciones de personas que 'cobraban salarios pero no asistían a sus labores', con sueldos que promediaban los 2.000 dólares, aunque no se detalló un monto global de lo defraudado.
Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU que apoyó las indagaciones, señaló que se detectó que algunos diputados otorgaron plazas en el Congreso a empleados de sus empresas particulares. Los políticos involucrados son sospechosos de los delitos de abuso de autoridad, peculado por sustracción y nombramientos ilegales. El exdiputado Carlos Herrera, vinculado a los mismos cargos, se encuentra prófugo.
'Estos actos ilícitos han tenido efectos negativos convirtiéndose en un botín para el enriquecimiento anómalo', indicó Velásquez.
Por un caso similar, se encuentra en prisión preventiva desde octubre otro expresidente del Congreso, Pedro Muadi, acusado de la supuesta creación de 15 contratos fantasma a través de una empresa privada para el órgano Legislativo cuando lo presidió en 2013. El caso contra Muadi fue destapado en junio del año pasado y ya suma más de 30 arrestos.
Todos los diputados y exdiputados acusados de corrupción, con excepción de Mijangos, fueron parte de la legislatura 2012-2016, periodo por el que fue electo el encarcelado exgobernante Otto Pérez. Pérez renunció al cargo en setiembre pasado y es acusado, junto con su exvicepresidenta Roxana Baldetti, también en prisión, de encabezar una estructura de defraudación fiscal en aduanas.
