Varios expertos en el sector eléctrico entrevistados por Prensa Libre, coinciden en que después de dos décadas y media de vigencia de la LGE, ha habido logros, pero no son suficientes, pues la cobertura aún es incompleta.
Las fuentes consultadas son: Alberto Pimentel, ministro de Energía y Minas; Rodrigo Fernández, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE); Carmen Urizar y Carlos Colom, expresidentes de la CNEE; Edgar Navarro, presidente del Administrador del Mercado Mayorista (AMM); Raúl Bouscayrol, vicepresidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), y José González, presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager).
Cobertura incompleta
Uno de los resultados más mencionado es el incremento a la cobertura eléctrica, ya que el país pasó de una electrificación de alrededor de 58% de la población en 1995 a 89.26% en el 2021, según el MEM. Aunque en 2016 se mencionaba que había llegado a 92%, con los resultados del Censo de Población y de Vivienda se ajustó el dato a 88.14% en el 2018. Entonces, entre los retos que más comentan, el primero es llevar la cobertura de electricidad al casi 11% de la población que aún no tiene ese servicio, que representa más de 400 mil hogares.En un censo que el MEM implementó en el 2020 y 2021, ya se ha ubicó a 101 mil hogares sin energía, en 1.330 comunidades en 72 municipios, que son parte de 10 departamentos prioritarios, entre ellos Alta Verapaz. Quiché, Izabal.
Normalmente, ese último 10% es el más caro porque se tiene que llevar acceso a energía a lugares más remotos y dispersos por lo que el costo de instalación es mayor (línea, transformadores y equipos), comenta González.
Pimenten resalta el apoyo del Inde para ampliar la electrificación rural, por aparte aún pende de la aprobación del Congreso un préstamo externo para seguir con ese objetivo, e invita a las distribuidoras a que se unan a invertir
Diversificación de la matriz de generación
Se resalta el crecimiento y la diversificación de la matriz de generación eléctrica, ya que más del 60% de la energía producida ya se genera con recursos renovables, lo que da como resultado que de 810.9 mevagatios (MW) instalados en 1990, ahora hay una capacidad instalada de más de 3 mil 400 MW, mientras la demanda está en 1 mil 920 MW, según datos del MEM y del AMM.La producción actual supera los 11.100 gigavatios hora (GWh) y el consumo, los 10.600 GWh anualmente, por lo que se exportan a la región alrededor de 1 mil GWh anuales.
En este aspecto también hay alertas. En el 2008 inició un proceso para lograr instalación de nueva generación de energía con contratos de largo plazo, que buscaba aumentar la capacidad, diversificar la matriz y disminuir los precios.
Se tuvo éxito en tres licitaciones, con más de 800 MW nuevos; la última se adjudicó en el 2013. Pero la cuarta licitación convocada en el 2020, que requería 400 MW, fue suspendida argumentando que derivado de la pandemia del coronavirus, las condiciones no eran óptimas.
Sigue la conflictividad
Otro desafío es la conflictividad originada en el rechazo a generadoras de energía con recursos renovables, en especial contra hidroeléctricas, desacuerdo que también ha alcanzado a la instalación de redes de transmisión.Comunidades o grupos han criticado la falta, en algunos casos, de consultas comunitarias previas a poblaciones indígenas en el área de influencia de los proyectos y la forma de aprovechar los recursos naturales, además de que los precios al usuario deberían ser más bajos, pues señalan constante facturación del servicio con cobros excesivos, debido a la tasa municipal de alumbrado público.
El robo de energía también es mencionado por el sector eléctrico como otro reto a resolver. Del descontento surgió un grupo organizado que ha pedido a los usuarios ya no pagar por el servicio a las distribuidoras e incluso, han llegado a pedir de nuevo la nacionalización del servicio. El sector privado lo ve desde otro punto y hace énfasis en que hay más de 4 mil denuncias por robo de energía contra estos grupos, dijo recientemente el presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) Luis Alfonso Bosch.
En tanto, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) ha emitido diversas resoluciones y presentado demandas judiciales para que las distribuidoras eviten los cortes comunitarios por falta de pago, ya que afectan a usuarios que sí pagan.
Debido a fallas, mantenimientos o cortes comunitarios de energía por falta de pago, cada semestre se registra más de 30 mil apagones en todo el país según datos de la CNEE.
