Por Prensa Libre
Sin embargo, hay retos en el sector, como modificar el cobro de alumbrado público, reducir aún más las tarifas al usuario y ampliar la cobertura. Además, se deben alcanzar soluciones a conflictos como rechazo a hidroeléctricas, resistencia al pago del servicio, conexiones consideradas ilegales y hasta hurto de energía.
En estos 20 años se han invertido US$7.000l millones en generación provenientes del sector privado, y US$1.000 millones en redes de transporte, según datos de Jorge Arauz, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE). El sector privado estima que la inversión ha sido de US$10.000 millones.
La cobertura de usuarios se amplió de 50% en 1996 a 91,96% en el 2015, pero aún falta llevar el servicio a 294 mil hogares -alrededor de un 1.7 millones personas-, según el índice de cobertura.
Privatización
La ley fue aprobada en 1996 y uno de sus efectos es que el servicio dejó de ser estatal y se privatizó. Se estableció que una misma empresa no podía ser propietaria de la generación, distribución y red de transmisión de energía.
Del Instituto Nacional de Electrificación (Inde) se privatizó la parte de distribución en la provincia, que pasó a manos de Deocsa y Deorsa, mientras que la red de transmisión de energía y las hidroeléctricas quedaron en manos del ente estatal.
También se privatizó la Empresa Eléctrica de Guatemala (Eegsa), de la que el Estado posee únicamente el 14% de acciones. En la actualidad, según la CNEE, hay 19 distribuidores -los tres mencionados y 16 empresas eléctricas municipales-.
Deocsa y Deorsa pertenecen en la actualidad a la firma de capital israelí IC Power, y Eegsa a la colombiana Empresas Públicas de Medellín. La generación pasó de ser 70% estatal y 30% privada en 1996, a 70% propiedad del sector privado, según datos de los agentes del sector. En el período se pasó de 12 generadores a 91, según la CNEE.
En red de transmisión, en 1996 el Inde poseía el Inde poseía el 100% de la línea -1 mil 700 kilómetros-; y en el 2016 se llegó a 3 mil 200 kilómetros de redes de alta tensión, que significan el 91%, y al ponerse en operación la ampliación de 850 kilómetros que se licitó y se adjudicó a la empresa Trecsa, el porcentaje de participación del Inde bajará al 78%, según datos de funcionarios del organismo.
Ahora hay nueve empresas transportadoras.
Cambio de matriz
A comienzos de la década de 1990 se hicieron contrataciones calificadas como de urgencia para cubrir la demanda de electricidad, ante la falta de inversiones en el sector. Las contrataciones incluían a ingenios azucareros como generadores de energía, ya que parte del año producían una parte con bagazo de caña y otra con búnker, pero durante todo el año eran cobrados al precio de este combustible fósil, el más caro para generar.
En el 2008 empezó un proceso de licitaciones de plantas para proveer energía, con el fin de cambiar la matriz energética y volverla más renovable, sustituir el vencimiento de esos contratos y reducir tarifas. De esa cuenta disminuyó el peso del búnker y el diésel dentro de la generación.
En el 2007 se cubrió el 50,2% de la demanda con recursos renovables y para el 2014 ya era del 64,5%.
Si bien siguió dominando el recurso hídrico, entraron generadores con biomasa, solar y eólica.
Cobro al usuario
Con la apertura del mercado y el cambio de la matriz se logró bajar la tarifa al usuario, afirmó Jorge Alonso, gerente de la Eegsa.
Para los usuarios de esa empresa bajó Q1 (47,5%) desde agosto del 2012, cuando reportó la tarifa histórica más alta, hasta el actual trimestre, en que se situaron en Q1.10 por kilovatio hora la tarifa no social y Q1.13 la social.
En Deocsa y Deorsa las bajas han sido menores, de entre 13% y 28%, y las tarifas varían de Q1.57 a Q1.82 por kWh según segmento y tipo de tarifa.
Aun con las bajas registradas, en muchas ocasiones estas no son percibidas por el usuario, ya que el cobro del alumbrado público sigue siendo alto, explican ejecutivos del sector. Seis de cada 10 usuarios de Energuate pagan más por este que por consumo propio.
Al respecto, el presidente de la CNEE y el ministro de Energía, Luis Chang, explicaron que esa tasa es decisión de los concejos municipales. No se especificó un programa concreto para buscar modificar ese cobro.
Según Roberto Barrera, consultor en energía, los precios de la energía para el usuario deberían ser aún menores, ya que han bajado los del petróleo, hay mayor diversificación de recursos para generar energía y por vencimiento de contratos altos.
El Inde mantiene el aporte social para subsidiar a los usuarios de menores recursos.
