Funcionarios públicos y empresarios de Centroamérica son incluidos en actualización de Lista Engel

Por revistaeyn.com

El Departamento de Estados de los Estados Unidos informó este 21 de diciembre sobre una nueva actualización de la lista Engel, políticos, funcionarios públicos y empresarios centroamericanos están dentro de la misma.

Se incluyen a cuatro personas nicaragüenses, cuatro guatemaltecas, tres hondureñas y tres salvadoreñas en el marco del informe de Actores Corruptos y Antidemocráticos de la Sección 353, por ser considerados como “actores corruptos y antidemocráticos” e “identifica a personas que deliberadamente han socavado procesos o instituciones democráticas, involucrado en corrupción significativa u obstruido investigaciones sobre tales actos de corrupción” en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

“Este informe, publicado en el Registro Federal, identifica a personas que deliberadamente han socavado procesos o instituciones democráticas, involucrado en corrupción significativa u obstruido investigaciones sobre tales actos de corrupción”, señala el Departamento de Estado en un comunicado.

Estas personas no son elegibles para visas ni admisión a los Estados Unidos o pierden por tres años su visa o documento de entrada a los Estados Unidos y no podrán ser elegibles o tener beneficios migratorios.

EEUU publica esta lista, una actualización a la publicada en julio de este año, porque “la corrupción y otras prácticas que socavan la democracia en Centroamérica generan inestabilidad e impulsan la migración irregular", detallan.

Los actores guatemaltecos son vinculados a acciones antidemocráticas y a favor de la corrupción.

-Leonor Eugenia Morales Lazo, actual fiscal, socavó los procesos o las instituciones democráticas al dirigir una investigación por motivos políticos para poner en duda los resultados electorales certificados para interrumpir la transición presidencial.

-Noé Nehemías Rivera Vásquez, actual fiscal, socavó los procesos o las instituciones democráticas al presentar cargos por motivos políticos contra actores de la justicia que luchan contra la corrupción y la impunidad.

-Pedro Otto Hernández González, actual fiscal, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una investigación por motivos políticos para poner en duda los resultados electorales certificados para interrumpir la transición presidencial.

-Silvia Patricia Valdés Quezada, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, socavó los procesos o las instituciones democráticas al participar en un plan para llenar la Corte Suprema y los tribunales de apelación con jueces corruptos.

-Ricardo Salgado, ministro de Planificación Estratégica de Honduras, por supuestamente coordinar a miembros del Partido Libre para “reprimir” e “intimidar violentamente” a los legisladores de la oposición en el Congreso el pasado 31 de octubre, cuando se debatía el nombramiento del nuevo fiscal general.

Al conocerse esta inclusión, el canciller Eduardo Enrique Reina dijo que “Honduras por principio rechaza toda medida unilateral contraria al derecho internacional, ya sean estos bloqueos, sanciones o listas elaboradas de manera subjetiva, por ser mecanismos impositivos contra países soberanos”.

-Mohammad Yusuf Amdani Bai lo señalan por incurrir “en una importante corrupción al sobornar a funcionarios de la Corte Suprema de Honduras (CSJ) para que fallaran a favor de su negocio en una demanda privada”.

-Cristian Adolfo Sánchez, relacionado a corrupción significativa al participar en un plan que defraudó al gobierno hondureño por más de US$300.000 y se confabuló con funcionarios del Ministerio de Salud para adjudicar contratos gubernamentales de manera indebida.

-Ricardo Gómez, Gerardo Guerrero, y Andrés Rodríguez, comisionado presidente del IAIP y colegas, respectivamente, quienes según EEUU socavaron “los procesos o instituciones democráticas al bloquear a propósito e injustamente el acceso a la información pública a través de su cargo” como presidente comisionado o comisionado.

Gómez socavó los procesos o instituciones democráticas al bloquear deliberada e injustamente el acceso a la información pública a través de su cargo de comisionado presidente, indica el informe.

Mientras que Guerrero y Grégori Rodríguez socavaron procesos o instituciones democráticas al bloquear deliberada e injustamente el acceso a la información pública a través de su cargo como comisionados.

-Gloria María Saavedra Corrales, jueza del Juzgado Décimo de Distrito Penal de Managua, socavó los procesos o instituciones democráticas al utilizar su posición y autoridad dentro del sistema judicial nicaragüense para facilitar a sabiendas una campaña coordinada para reprimir la disidencia mediante la confiscación de propiedades de la Universidad Jesuita Centroamericana sin base legal, con el fin de instalar una administración amiga del régimen.

-Maribel del Socorro Duriez González, presidenta del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia mediante la confiscación de propiedades de los opositores políticos del gobierno, incluida la Universidad Centroamericana y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses, sin base legal, con el fin de instalar una administración favorable al régimen.

-Ramona Rodríguez Pérez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia mediante la confiscación de propiedades de los opositores políticos del gobierno, incluida la Universidad Centroamericana y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses, sin base legal, con el fin de instalar administraciones afines al régimen.

-Alejandro Enrique Genet Cruz, rector de la Universidad Casimiro Sotelo (antes Universidad Centroamericana), socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su posición para crear políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Casimiro Sotelo que no participan en actividades políticas para el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Ortega partido.

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, escribió en su cuenta de X que sus "esfuerzos por contrarrestar la corrupción, impunidad y todo intento de socavar la democracia construye sociedades seguras y prósperas. El reporte de la Sección 353 es una de muchas herramientas que usamos para promover la rendición de cuentas de actores corruptos y anti-democráticos en Centroamérica”.

La Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte requiere la presentación de un informe que identifique a personas extranjeras que el Presidente haya determinado que han participado a sabiendas en acciones que socavan los procesos o instituciones democráticos; en corrupción significativa; y en la obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción, en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, incluidos los siguientes: corrupción relacionada con contratos gubernamentales; soborno y extorsión; la facilitación o transferencia del producto de la corrupción, incluso a través del lavado de dinero; y actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales.