Por estrategiaynegocios.net
Desde el 6 de diciembre de 2022 cuando comenzó a aplicarse el estado de excepción en Honduras producto de la extorsión, las autoridades policiales reportaron 8,155 personas detenidas por distintas faltas y delitos al cierre de enero de 2023.
Este número corresponde a todos los registros de las instituciones armadas participantes en las saturaciones, que incluye a la Policía Nacional y Dirección Policial Anti Maras y Pandillas.
Pese a que la Secretaría de Seguridad ha pregonado públicamente una imponente respuesta debido a la escalada de arrestos en el marco del PCM, lo cierto es que la mayoría quedó en libertad, así lo refrenda una base de datos analizada por LA PRENSA Premium, la cual indica que 8,050 fueron liberados en un lapso de tiempo de 24 horas, mientras que solo a 105 sospechosos los remitieron al Ministerio Público (MP); sin embargo, la Fiscalía notificó a este medio que ninguno ha sido acusado formalmente por extorsión.
Únicamente detallaron que entre diciembre pasado y enero de 2023 acusaron, no asociados al estado de excepción, a 16 personas por el delito de extorsión: 14 de ellos en Comayagüela y dos en Olancho.
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Cristian Nolasco, portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), declaró que “la gente solo mide los resultados en base a capturas y decomisos, sabemos que eso es parte de, pero nosotros los analizamos según la reducción de homicidios que se evitaron. Nuestros datos indican que en lo que va de 2023 han bajado los hechos violentos con relación a los años 2022 y 2021”.
Respecto a esto, un informe oficial publicado recientemente refiere que un total de 3,397 personas fueron asesinadas en Honduras en 2022, un 12.9 % por debajo de las cifras de 2021 (3,900). Nolasco insistió que las autoridades le están cerrando los espacios a las estructuras criminales y que la incidencia delictiva ha bajado en todos los sitios intervenidos.
El Gobierno de Honduras aprobó la ampliación del estado de excepción hasta el 20 de febrero en varias zonas del país para frenar a violencia y otros delitos como la extorsión. Este sigue rigiendo en 89 barrios de Tegucigalpa y 73 de San Pedro Sula, pero sumaron otros 73 municipios de Honduras, de los 298 que hay en total.
El PCM permite a los entes de seguridad realizar operaciones focalizadas en municipios considerados más violentos del país. Desde que lo activaron, las personas pueden circular normalmente, pues se considera una herramienta destinada a operar en las guaridas y escondites de las maras, pandillas y cualquier otra estructura criminal.
