Por estrategiaynegocios.net
Desde el 30 de marzo se han sucedido los encarcelamientos de presuntos pandilleros, en concreto 43.567 capturados, acusados de pertenecer a grupos delictivos. Estas detenciones masivas han despertado las críticas de opositores y defensores de los Derechos Humanos, que ven en esta práctica detenciones arbitrarias.
Asimismo, fuentes internas del Instituto de Medicina Legal han cifrado en 56 los reos fallecidos, según apunta el diario salvadoreño ‘La Prensa Gráfica’, que recoge también que se han presentado más de 2.200 denuncias por vulneraciones de derechos, así como 409 ‘habeas corpus’, en su mayoría no resueltos.
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El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y su Ejecutivo han defendido en reiteradas ocasiones que las autoridades han puesto en marcha una “guerra contra las pandillas”, aunque a pensar del elevado número de detenidos, se siguen registrando homicidios en el país, más de 62 fallecidos desde finales de abril.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha mostrado su preocupación por la situación de la población salvadoreña mientras se ejecuta este estado de excepción, que ya ha sido prorrogado en hasta cuatro ocasiones, la última de ellas hasta finales del mes de julio.
Además de las detenciones, amparándose en el estado de excepción, el Gobierno de El Salvador también ha llevado a cabo otras medidas como la reforma de una ley que penaliza la reproducción ilegal de mensajes alusivos a pandillas en los medios de comunicación, o la creación de una ley de recompensas para aquellos que delaten a presuntos pandilleros.
El presidente Bukele ha informado de que las autoridades mantendrán la medida hasta asegurarse de que todos los pandilleros del país estén “entre rejas” y ya adelantó que su Gobierno “arreciará” en la lucha contra los grupos criminales.
El jefe de Estado salvadoreño apuntó también la semana pasada que lo vivido hasta la fecha “no es nada” en comparación con lo que sucederá en adelante. “Lo que viene es mucho mayor”, aseveró Bukele, que anunció que reforzará la seguridad en las calles y se exprimirán al máximo las capacidades de las que dispone tanto la Policía como las Fuerzas Armadas.
Opinión internacional
“El régimen de excepción es una política insostenible, que ya ha dejado decenas de miles de detenidos y numerosas denuncias de violaciones a derechos humanos, arrestos arbitrarios y muertes de detenidos también”, aseguró el encargado de Negocios de la embajada estadounidense en San Salvador, Patrick Ventrell.
Consideró que el régimen de excepción “no puede seguir para siempre” y que “en una democracia” las personas acusadas de un acto criminal “deben ser procesadas en un sistema de justicia transparente, y eso no es lo que está pasando aquí ahora”.
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Ventrell reconoció que las “pandillas son increíblemente peligrosas y han causado daños en El Salvador y Estados Unidos”, por lo que sus crímenes no deben quedar en la impunidad. Por ello, pidió a El Salvador reactivar las extradiciones estancadas de “cabecillas de pandillas” requeridos por la justicia estadounidense.
Organizaciones como la ONG Human Rights Watch (HRW) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han manifestado su preocupación por la imposición del estado de excepción en El Salvador, a lo que Bukele ha respondido que estas organizaciones “defienden a los pandilleros”. Mientras, Naciones Unidas ha mostrado asimismo preocupación por la ola de homicidios en el país centroamericano.
Con información de Europa Press
