Sin precisar sobre las variables en las que se fundamenta la estimación, Zelaya señaló que el costo de la violencia representa entre el 16 % y 20 % del Producto Interno Bruto (PIB, producción de bienes y servicios).
“Si nosotros recuperamos de esos $6,000 millones y si los pudiéramos introducir a nuestra economía formal, con solo que recuperáramos el impuesto sobre la renta de esos $6,000 millones, tendríamos alrededor de US$1.800 millones”, señaló en una entrevista de Canal 21.
Ya en anteriores ocasiones se han publicado estudios sobre el impacto de la violencia en El Salvador, una de esas investigaciones fue presentada en 2016 por el Banco Central de Reserva (BCR), que reveló un costo de la criminalidad rondó el 16 % del PIB de 2014 (año sobre el que se hizo las estimaciones), más de US$4.000 millones en ese momento.
Esa suma se calculó sobre el pago de extorsiones y robo a personas y viviendas, el costo de oportunidad por la producción e inversiones no ejecutadas, gastos médicos por atender a los lesionados en actos de violencia, asignaciones presupuestarias para las carteras de seguridad, y contratación de agentes privados para evitar ser víctimas.
El titular hacendario defendió la aprobación de una segunda prórroga al régimen de excepción que la administración de Nayib Bukele aplica desde el domingo 27 de marzo tras un alza de homicidios que cobró la vida de 87 salvadoreños.
A la fecha, según las autoridades, más de 35.000 personas han sido detenidas durante el régimen, que permite al Estado realizar detenciones sin aplicar derechos de defensa, extralimitar el plazo de detención de 72 horas a 15 días, intervenir telecomunicaciones sin orden judicial y restringir reuniones.
Defendió además que la Asamblea Legislativa aprobara la incorporación de US$14 millones al presupuesto de la Fiscalía General de la República (FGR), dentro de los cuales se asignaron US$10.9 millones para el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones, una decisión cuestionada por los partidos de oposición que señalan posible espionaje.
“Darle municiones, darles implementos, a nuestros policías y a nuestros soldados para que combatan la criminalidad es sumamente rentable para la economía de nuestro país”, señaló el funcionario.
Financiamiento.
Zelaya defendió que tanto el refuerzo a la FGR como las medidas para contener la inflación en la economía salvadoreña se financian con el aumento en la recaudación tributaria que hasta abril pasado creció 18.2 % frente a las estimaciones presupuestarias.
Junto a la extensión del régimen de excepción, la Asamblea Legislativa aprobó que la fijación de los precios de los combustibles se mantenga hasta el 31 de agosto de 2022, al igual que la suspensión temporal de impuestos.
“Vamos a invertir alrededor de US$20 millones mensuales”, dijo Zelaya, quien reiteró que las medidas son “para que en unos meses no nos cueste el triple y que se disparen los precios”.
Cronología de la aprobación del régimen de excepción
El Gobierno de Nayib Bukele aplica el régimen de excepción desde el 27 de marzo tras un incremento en homicidios. En dos ocasiones se han aprobado prórrogas, la última cierra el 24 de junio.
Marzo 27 de 2022
Con 67 votos a favor, la Asamblea Legislativa lo aprobó la madrugada del domingo 27 de marzo de 2022 tras una repentina alza de homicidios.
Abril 25 de 2022
Se aprobó prorrogar el régimen de excepción por 30 días más. También se aprobó un decreto que facilita la adquisición de bienes y servicios.
Mayo 25 de 2022
Pese a los señalamientos de organizaciones sobre violaciones de derechos humanos, se aprobó una segunda prórroga del régimen.
