Por estrategiaynegocios.net
La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala denegó el amparo provisional a la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, que había presentado ante la entidad y en el que pedía uso de la fuerza pública ante las manifestaciones en su contra y en el que señalaba a personas y periodista que según ella la atacaban en redes sociales.
En el escrito, Porras planteó que podría existir una "posible encerrona", derivado de una convocatoria hecha por medio de las redes sociales para manifestar este viernes 25 de agosto en las afueras de ese edificio público.
En el documento se señala que usuarios de la red social X, antes Twitter, difundieron mensajes en contra de Porras, así como del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y la agente de esa unidad, Cinthia Monterroso, a quienes, según el memorial, se quiere «obligar a renunciar o presentar la renuncia«.
Igualmente, se mencionan algunos periodistas que habrían difundido este mensaje. Un grupo señalado en el documento manifestó este domingo que solamente estaban cumpliendo con el deber de informar.
En el documento presentado ante la CC por la Fiscal General se hizo en función de “garantizar las funciones constitucionales que le competen al MP y los derechos de todas las personas en el territorio nacional”.
Sin embargo, la resolución se dio este 28 de agosto y está incluido en el expediente 4986-2022. El documento menciona que la CC, constituida en Tribunal Extraordinario de Amparo, denegó el amparo provisional solicitado por la fiscal Consuelo Porras.
Además, se señala que se tienen como terceros interesados y, por lo tanto, como parte en el ese amparo a Fernando José Barillas Santa Cruz, Raúl Arturo Figueroa Sarti, Bernardo Silva Barrera, Saúl Isaí́ Interiano Ramírez, Pedro Rafael Maldonado Flores y al Procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova.
La CC advirtió que: “el derecho de manifestación fue ejercicio por los ciudadanos sin poner en riesgo el orden público ni las funciones constitucionales del Ministerio Público, por lo que, conforme el estado actual de la situación imperante, esta Corte estima que no hay circunstancias que hagan aconsejable el otorgamiento del amparo provisional; además, no se dan los supuestos que prevé el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, por lo que no procede otorgar amparo provisional”.
Al respecto, Francisco Chávez, abogado y notario colegiado, señaló que una autoridad no puede puede pedir amparo frente a los ciudadanos.
”Es un abuso de derecho que atenta contra la garantía constitucional de la libre expresión del pensamiento establecida en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala”, señaló Chávez.
Apoyo a la democracia
Por otra parte, los exjefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), en conocimiento de la decisión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgando medidas cautelares a favor del presidente electo de Guatemala Bernardo Arévalo y su compañera de fórmula, Karin Herrera Aguilar, dijeron en una carta que “las instituciones del Estado deben siempre garantizar los derechos humanos, incluidos los políticos, ante la arremetida de la criminalidad organizada, y coludida con el poder”.
“El respeto y la garantía de los derechos políticos es obligación de la que no puede separarse el Estado, bajo riesgo de comprometer su responsabilidad internacional por violaciones de derechos humanos, a la vez que susceptible de hacer exigible las responsabilidades individuales por acción u omisión de los titulares de los distintos poderes públicos que las hayan provocado por acción u omisión”, dijeron los exmandatarios en la misiva.
La Fiscalía también ha emprendido allanamientos contra el Tribunal Supremo Electoral, que se negó a suspender a Semilla como lo ordenó un juez a pedido del fiscal Rafael Curruchiche, después de que Arévalo diera la sorpresa al colarse al balotaje presidencial que ganó el 20 de agosto a la exprimera dama Sandra Torres, también socialdemócrata.
"La fiscal general pretende que el poder público vulnere los derechos de las personas, entre ellos el de la libertad de expresión, asociación y manifestación", aseguró el domingo el director de Acción Ciudadana, capítulo local de la ONG Transparencia Internacional, Edie Cux, al accionar en la CC contra el pedido de Porras.
Con información de Prensa Libre
