Por Gabriela Melara – estrategiaynegocios.net
Entidades sociales, liderazgo civil, gremiales del sector privado, así como organizaciones religiosas demandaron a las autoridades guatemaltecas que se apeguen a la ley y se garantice la segunda vuelta electoral programada para el 20 de agosto de 2023, en la cual contenderían Sandra Torres de UNE y Bernardo Álvarez, de Semilla.
Luego de las elecciones generales del 25 de junio de 2023, y de la resolución de la Corte de Constitucionalidad ordenando a la autoridad electoral segundas audiencias de revisión de escrutinios, lo que obligó a suspender la calificación y oficialización de resultados de los resultados de la jornada electoral, lo que más se ha repetido en Guatemala es el llamado a que se respeten la democracia y los votos emitidos.
Los guatemaltecos y organizaciones sociales e internacionales, así como cuerpo diplomático y empresa privada han llamado a proteger la democracia y la decisión de los guatemaltecos.
El llamado se agudizó el primer fin de semana de julio luego de la denuncia de un grupo de partidos políticos por supuestas inconsistencias en las actas suscritas por las Juntas Receptoras de Votos del departamento de Guatemala y una demanda de recuento de actas, y tras la decisión de la máxima entidad judicial del país, la Corte de Constitucionalidad (CC), de otorgar un amparo promovido por nueve partidos políticos. Los magistrados ordenaron al Tribunal Supremo Electoral suspender provisionalmente “la calificación y oficialización de resultados” y ordenaron la revisión de actas, misma que inicia este 4 de julio.
En estas segundas audiencias de revisión de actas participan los fiscales departamentales de los partidos. Las primeras se realizaron la semana pasada.
Las denuncias de los representantes de los partidos políticos Vamos, UNE, Valor, Cambio, Mi Familia, Podemos, Creo, Cabal, Azul, ante la CC de Guatemala, sostienen que hay más de mil actas alteradas. Esa cantidad representan el 0,82 % de las 121.227 procesadas (de un total de 122.293) en el escrutinio, según cifras oficiales del Tribunal.
La revisión de los escrutinios se realiza en el Parque de la Industria, centro de operaciones del Tribunal Supremo Electoral, en la capital guatemalteca, instalaciones fuertemente custodiadas por policías y militares, incluido un equipo antidisturbios, informó la agencia de noticias AFP.
En la reciente jornada electoral, los candidatos Sandra Torres de UNE (15,86 %) y Bernardo Arévalo de Semilla (11,77 %) fueron los más votados entre los 22 aspirantes. El balotaje presidencial en segunda vuelta está previsto para el 20 de agosto y voces ciudadanas, así como líderes del sector civil demandan que se garantice el proceso, así como la transición electoral.
Preocupación y un llamado a la transparencia
Diversas organizaciones, entidades empresariales y hasta el cuerpo diplomático en Guatemala han emitido pronunciamientos donde piden que se respete el proceso. En una declaración divulgada el 2 de julio, el Secretario de Estado Antony J. Blinken destacó que “Estados Unidos apoya el derecho constitucional de los guatemaltecos de elegir a sus líderes por medio de elecciones libres y justas, y está profundamente preocupado por los esfuerzos de interferir en el resultado de las elecciones del 25 de junio”.
El Grupo de Donantes G13, que incluye a Alemania, Canadá y Estados Unidos, como la Organización de los Estados Americanos (OEA), “suplican a las instituciones, organizaciones, partidos y actores políticos asegurar la integridad de la opinión de los votantes de las elecciones del 25 de junio... Expresamos apoyo a la democracia libre y transparente en todo su proceso”.
La municipalidad indígena de Sololá lamentó “que la Corte de Constitucionalidad haya otorgado un amparo provisional generando incertidumbre en los resultados de la reciente contienda porque suspende la calificación y oficialización de los resultados”.
En esa misma línea, la Conferencia Episcopal de Guatemala considera “fundamental que el Tribunal Supremo Electoral actúe apegado a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y consecuentemente la segunda vuelta de las elecciones se realice en la fecha prevista. El entrampamiento de amparos y contraamparos puede pervertir el sentido de que las elecciones se dirimen en las urnas ya que la soberanía corresponde al pueblo de Guatemala y no a los tribunales”.
Ante esta preocupación, una fuente del TSE dijo a la AFP que en este punto solo se hace el cotejo de actas “porque un recuento de votos no existe en la legislación” guatemalteca.
Édgar Gutiérrez, analista político y excanciller de Guatemala, advirtió que la ley en la materia “permite la revisión en casos de impugnaciones que se presentan durante el escrutinio y se formalizan en los siguientes días. El plazo venció el viernes 30 y la impugnación más relevante fue la del partido CREO por la alcaldía de Guatemala. Refutó unas 900 boletas y la diferencia en el conteo total era de poco más de 500 votos. En la tarde del sábado 1 de julio, la Corte de Constitucionalidad (CC) acudió a la “prevención”, un recurso político-legal al que se apela cuando hay vacío de poder. Sin asidero jurídico, la CC ordenó el cotejo de las actas con los resultados oficiales, y suspendió la adjudicación de cargos. Para no agitar más aguas, garantizó la segunda vuelta presidencial del 20 de agosto”, detalló en una columna de opinión publicada por el diario El País.
Por su parte, el Gremio de Escritores y Editores Guatemaltecos compartió un comunicado oficial en el que manifiestan su preocupación por la situación que afecta a la “debilitada democracia guatemalteca”. “Es una oportunidad para poder lograrlo”, finaliza el comunicado.
¿Y el liderazgo empresario? Posicionamientos
En un comunicado divulgado este lunes, la Cámara de Industria de Guatemala pidió respetar la voluntad de los más de 5,5 millones de guatemaltecos que emitieron su voto. “El 1 de julio la Corte de Constitucionalidad resolvió la ruta a seguir para dilucidar las inconformidades planteadas por los distintos partidos políticos. Solicitamos a las autoridades competentes respetar la voluntad manifiesta del pueblo y oficializar los resultados electorales a la mayor brevedad posible”.
Sentenciaron que la segunda vuelta electoral debe mantenerse y advirtieron que es imperativo que, respetando el orden constitucional, el 14 de enero asuman las nuevas autoridades electas.
Mientras que el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) avaló que, de acuerdo a su misión de observación electoral, el 25 de junio se celebraron “elecciones participativas, transparentes y legítimas”.
No obstante, informó que, por medio de su Programa de Observación Electoral del sector empresarial, acompañarán a las Juntas Electorales de todo el país durante la repetición de las audiencias de revisión, mandatadas por la Corte de Constitucionalidad. También advirtieron que las elecciones en segunda vuelta deben realizarse el 20 de agosto.
Por su parte, la Cámara de Turismo de Guatemala solicitó “el respeto a la voluntad ciudadana manifestada en las elecciones generales del 25 de junio de tal manera que se cumpla el calendario electoral y la segunda vuelta sea de manera ordenada”.
Asimismo, la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham Guatemala), manifestó que es necesario “mantener la certeza jurídica en todas las acciones y decisiones que se tomen en beneficio del país, con el fin de mantener la atracción de inversión. En este caso, los ojos de los inversores del mundo están puestos en el proceso electoral”.
Recordaron en su comunicado que “la democracia y la buena gobernanza son catalizadores del crecimiento del comercio y la inversión”.
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), también destacó que el proceso electoral se realizó en un ambiente de paz, “mediante el voto custodiado por miles de ciudadanos de manera descentralizada e independiente”.
“Dada la importancia de mantener el orden constitucional, el imperio de la ley y el Estado de Derecho deben prevalecer, garantizando que los derechos a impugnar no violenten ninguna garantía procesal y que se mantenga la claridad y transparencia del proceso, respetando la voluntad popular”, agregan.
Dionisio Gutiérrez: desencanto popular
El también empresario y presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo, Dionisio Gutiérrez, afirmó que estos procesos judiciales se han dado luego que algunos candidatos no quedaran contentos con los resultados, ya que para muchos la sorpresa fue ver en segundo lugar a Bernardo Arévalo, quien no figuraba en las encuestas. “¿Por qué llegó ahí? Por los jóvenes”, sostuvo.
”Los jóvenes, que son la mayoría para evitar la consumación de un estado criminal, votaron por la única opción respetable que quedó sin demoler (Arévalo)... Hay suficientes datos que indican que la frustración y el desencanto popular llegaron al límite y unas elecciones con 40 % de abstención, en las que la cuarta parte de quienes votaron dejaron su voto nulo o blanco, son síntomas de una democracia moribunda”, comentó en un breve video publicado luego de la jornada electoral.
