Así lo exponen en una declaración divulgada este domingo, en la que llama al Gobierno a continuar con la labor que viene desarrollando la actual representación en ese organismo, por las ventajas que representa.
"Hacemos un llamado respetuoso pero vehemente al señor presidente de la República y al Consejo de Gobierno para que reconsideren su decisión del pasado 6 de julio.
"Se ha hecho un gran esfuerzo a lo largo de varias administraciones para adherirse a la OCDE. Se pone ahora en juego la credibilidad y el prestigio internacionales de Costa Rica, aspectos que no deben exponerse a cuestionamientos, sino más bien deben fortalecerse decididamente", reza la misiva.
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Firman el documento los exministros Muni Figueres Boggs, Roberto Rojas López, José Rossi Umaña, José Manuel Salazar Xirinachs, Tomás Dueñas Leiva, Marco Vinicio Ruiz Gutiérrez y Manuel González Sanz.
También la suscribe Dyalá Jiménez Figueres, exministra del actual gobierno, quien renunció al cargo en agosto del año anterior. Ella impulsó las 14 leyes de adhesión tramitadas en la Asamblea Legislativa.
Frente a esa posición, emanada de los exjerarcas, así como de llamados anteriores de diputados, el Ministerio de Comunicación respondió escuetamente: "Tomamos el planteamiento de la oposición y el de los señores exministros con el mayor de los respetos. No tenemos ningún cambio que comunicar en este tema".
Solís fue nombrado en el cargo por el Consejo de Gobierno el 6 de julio, el mismo día que renunció como representante del país ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
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Su designación la impulsó el presidente Alvarado, según lo reconoció el exdiputado en entrevista con La Nación, pese a la recomendación del ministro de Comex, Andrés Valenciano, de dejar al actual representante Manuel Tovar.
Valenciano argumentó que él se inclinaba por Tovar, actual representante de Costa Rica ante la Organización, por la experiencia acumulada en el cargo. De hecho, el ministro votó en contra del nombramiento de Solís, según aseveró.
En la declaración, los exjerarcas consideran que el nombramiento de Solís es "inoportuno, porque introduce una discontinuidad innecesaria y riesgosa para uno de los logros medulares de la administración del presidente Alvarado y del Congreso".
"En ese sentido, es conveniente que el trabajo de alta complejidad técnica que demanda la OCDE, así como el desarrollado ya por varios años, no se vea interrumpido o amenazado.
"Lo anterior, sobre todo, considerando el ciclo electoral en que está el país que podría afectar esa representación luego de las elecciones del 2022. Ello no sería positivo para la imagen de Costa Rica, como miembro de recién ingreso a la organización", advierten los firmantes.
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Los exministros insisten en que el nombramiento debe recaer en una persona que cumpla con criterios de idoneidad y tenga disposición a trabajar en equipo, "lo cual se ha logrado hasta la fecha con resultados positivos a lo largo del proceso", según reza el documento.
El pronunciamiento recuerda que la Ley N°. 9981 de adhesión a la OCDE, aprobada por los diputados y firmada por el mandatario, dicta que el representante debe seguir las instrucciones de Comex, el cual es el ente rector de la materia.
Además, señalan, dicha legislación establece que el nombramiento debe hacerse por iniciativa del Ministro de Comercio Exterior, que tiene el conocimiento técnico para plantear la propuesta.
"Es claro que el jerarca actual hizo todas esas valoraciones al proponer al Consejo de Gobierno la continuidad del actual representante, con el deseo de que se aprovechen plenamente las herramientas y oportunidades que ofrece la OCDE para avanzar las reformas que tanto necesitamos como país", resaltan los firmantes.
En esa línea, el nombramiento de Solís viola la ley de adhesión a ese organismo, al ser aprobada por el Consejo de Gobierno una propuesta del presidente Alvarado y no de Comex.
El llamado a revertir la decisión lo han hecho, además, seis partidos de oposición representados en el Congreso y varias cámaras empresariales.
En el caso de los diputados, señalan a Solís de haberse opuesto a la incorporación del país a ese organismo y, al mismo tiempo, advierten que si se mantiene la decisión, ‘se pone en riesgo mucho del diálogo y los acuerdos para el resto’ del periodo de la actual administración.
Será hasta este lunes que las jefaturas discutan eventuales acciones a tomar si el Poder Ejecutivo mantiene el nombramiento. Admitieron, por ejemplo, que se podría valorar si le dan o no segundo debate al crédito de $1.788 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
