Por La Prensa (Panamá)
"Le falta un sello"; "vuelva mañana", son frases familiares para cualquiera que ha visitado una institución pública para completar un trámite. No es secreto que la burocracia es uno de los elementos negativos en la gestión pública.
De eso da cuenta un informe elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicado este año y denominado El fin del eterno trámite, el cual muestra que las instituciones públicas de la región no están bien coordinadas entre sí, que todavía funcionan con archivos de papel y que se inquietan más por cumplir con las normas burocráticas que por proveer servicios ágiles y eficientes.
La complejidad de la burocracia en América Latina se traduce en el hecho de que hacer un trámite presencial toma en promedio 5,4 horas. Cuando el problema es analizado de forma específica, las diferencias entre países son notables.
Mientras que en Bolivia completar un trámite conlleva más de 11 horas, en Chile esa transacción se puede realizar en algo más de 2 horas. En Panamá el promedio es de 4,2 horas, es decir, que el país está, comparativamente hablando, más ágil que el promedio regional.
En la región, en promedio, un cuarto de los trámites (25%) requiere tres interacciones o más para su resolución. En lo que concierne a Panamá , donde hay más de 3 mil trámites distintos, el 31% de estos requiere tres o más interacciones para su conclusión. Esto lo ubica en el cuarto lugar entre 18 países de América Latina donde más pasos deben darse para concluir un trámite.
En ese renglón, Panamá solo es superado por Bolivia (41% de los trámites), Perú (41%) y Guatemala (37%)..
Pero, ¿qué impacto tiene esto en el ciudadano?
El documento precisa que los procedimientos manuales, las interacciones presenciales y la falta de estandarización de procesos hacen que los trámites sean vulnerables a comportamientos deshonestos, como el pago de sobornos, lo que deriva en corrupción.
A su vez, los ciudadanos de menores ingresos acceden a menos trámites porque muchas veces no tienen flexibilidad en sus horarios laborales y se les dificulta pedir permiso para ausentarse del puesto y disponer de las horas necesarias para acudir a una oficina pública. Además, la ausencia en horas laborales y el costo de las transacciones del propio trámite (transporte, fotocopias, etc.) representan una merma en el ingreso salarial.
Para tener una idea, actualmente en América Latina el 89% de los trámites se hace de manera presencial, lo que obliga a los países a destinar a miles de funcionarios para trabajar en ventanillas de atención al público y compilar archivos.
Frente a este escenario, los expertos del BID proponen "trámites digitales" como una respuesta a muchos de los problemas de la burocracia moderna.
Para Maribel Jaén, representante de la Comisión de Justicia y Paz, el informe del BID confirma lo que se denuncia desde hace décadas: "el exceso de burocracia genera corrupción". "Los esfuerzos hasta el momento no son suficientes y es el momento de hacer una transformación en la administración pública", remarcó.
Según Jaén, se requieren trámites "más expeditos" y "eficientes" que generen una "mayor confianza" del ciudadano hacia el Estado.
De esto también está consciente el sector empresarial. Este año, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) instó al gobierno a "adoptar" medidas para evitar que con el inicio de la campaña electoral se vuelva lento el ritmo de las gestiones en la administración pública, como generalmente pasa.
"La burocracia es el elemento más negativo para hacer negocios en Panamá", sostiene una nota que hizo pública este gremio.
Sin embargo, reconoció los avances impulsados en este campo por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), al igual que por las mesas de trabajo del Foro de Competitividad y el Centro Nacional para la Competitividad, dirigidos a la modernización del Estado.
Específicamente, la Cciap se refirió a las metas establecidas para poner al menos 450 trámites en línea (de un total de 3.700), antes de que finalice este gobierno.
Su conclusión fue tajante: "debe insistirse, igualmente, en dar prioridad a la incorporación de las tecnologías más avanzadas para agilizar los trámites y mejorar la gestión en las diversas entidades por vía de la transformación digital, y dar continuidad a este esfuerzo en los próximos gobiernos, como una política de Estado que nos permita aumentar nuestra competitividad".
Realidad actual
La AIG es la entidad responsable de digitalizar los trámites. Su administrador, Irvin Halman, detalla que hasta el momento hay 120 trámites en línea, cuando antes solo había unos 30, aunque la meta es tener 450 a finales del año 2019.
Además, dijo que hay otros 250 sobre los cuales están culminando algunos procesos para ponerlos también en línea.
El inventario que maneja esta entidad es que en el país se llevan a cabo 2 mil 700 trámites que corresponden a instituciones del gobierno central, y otros mil a los municipios.
"Queremos simplificar los trámites junto a las entidades y promover los procesos de transformación digital para mejorar el servicio que se le brinda a los contribuyentes", acotó.
Halman recalcó que esto va acompañado de una red nacional de internet, la cual abarca ahora mismo al 85% de la población del país, de manera que el ciudadano -tanto en áreas rurales como urbanas- pueda tramitar con el Estado. "Esto será algo de varias gestiones gubernamentales", añadió.
"Le falta un sello"; "vuelva mañana", son frases familiares para cualquiera que ha visitado una institución pública para completar un trámite. No es secreto que la burocracia es uno de los elementos negativos en la gestión pública.
De eso da cuenta un informe elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicado este año y denominado El fin del eterno trámite, el cual muestra que las instituciones públicas de la región no están bien coordinadas entre sí, que todavía funcionan con archivos de papel y que se inquietan más por cumplir con las normas burocráticas que por proveer servicios ágiles y eficientes.
La complejidad de la burocracia en América Latina se traduce en el hecho de que hacer un trámite presencial toma en promedio 5,4 horas. Cuando el problema es analizado de forma específica, las diferencias entre países son notables.
Mientras que en Bolivia completar un trámite conlleva más de 11 horas, en Chile esa transacción se puede realizar en algo más de 2 horas. En Panamá el promedio es de 4,2 horas, es decir, que el país está, comparativamente hablando, más ágil que el promedio regional.
La complejidad
Pero la complejidad de un trámite no se mide solo a partir del número de horas necesarias para completarlo, sino también por factores como la cantidad de viajes a las oficinas gestoras, los requisitos múltiples, la necesidad de dejar papeles en persona y la falta de claridad con respecto a la información. Todo eso contribuye -según el informe del BID- a que los ciudadanos tengan que acudir a la oficina pública más de una vez para obtener lo que buscan .En la región, en promedio, un cuarto de los trámites (25%) requiere tres interacciones o más para su resolución. En lo que concierne a Panamá , donde hay más de 3 mil trámites distintos, el 31% de estos requiere tres o más interacciones para su conclusión. Esto lo ubica en el cuarto lugar entre 18 países de América Latina donde más pasos deben darse para concluir un trámite.
En ese renglón, Panamá solo es superado por Bolivia (41% de los trámites), Perú (41%) y Guatemala (37%)..
Pero, ¿qué impacto tiene esto en el ciudadano?
El documento precisa que los procedimientos manuales, las interacciones presenciales y la falta de estandarización de procesos hacen que los trámites sean vulnerables a comportamientos deshonestos, como el pago de sobornos, lo que deriva en corrupción.
A su vez, los ciudadanos de menores ingresos acceden a menos trámites porque muchas veces no tienen flexibilidad en sus horarios laborales y se les dificulta pedir permiso para ausentarse del puesto y disponer de las horas necesarias para acudir a una oficina pública. Además, la ausencia en horas laborales y el costo de las transacciones del propio trámite (transporte, fotocopias, etc.) representan una merma en el ingreso salarial.
Para tener una idea, actualmente en América Latina el 89% de los trámites se hace de manera presencial, lo que obliga a los países a destinar a miles de funcionarios para trabajar en ventanillas de atención al público y compilar archivos.
Frente a este escenario, los expertos del BID proponen "trámites digitales" como una respuesta a muchos de los problemas de la burocracia moderna.
Para Maribel Jaén, representante de la Comisión de Justicia y Paz, el informe del BID confirma lo que se denuncia desde hace décadas: "el exceso de burocracia genera corrupción". "Los esfuerzos hasta el momento no son suficientes y es el momento de hacer una transformación en la administración pública", remarcó.
Según Jaén, se requieren trámites "más expeditos" y "eficientes" que generen una "mayor confianza" del ciudadano hacia el Estado.
De esto también está consciente el sector empresarial. Este año, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) instó al gobierno a "adoptar" medidas para evitar que con el inicio de la campaña electoral se vuelva lento el ritmo de las gestiones en la administración pública, como generalmente pasa.
"La burocracia es el elemento más negativo para hacer negocios en Panamá", sostiene una nota que hizo pública este gremio.
Sin embargo, reconoció los avances impulsados en este campo por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), al igual que por las mesas de trabajo del Foro de Competitividad y el Centro Nacional para la Competitividad, dirigidos a la modernización del Estado.
Específicamente, la Cciap se refirió a las metas establecidas para poner al menos 450 trámites en línea (de un total de 3.700), antes de que finalice este gobierno.
Su conclusión fue tajante: "debe insistirse, igualmente, en dar prioridad a la incorporación de las tecnologías más avanzadas para agilizar los trámites y mejorar la gestión en las diversas entidades por vía de la transformación digital, y dar continuidad a este esfuerzo en los próximos gobiernos, como una política de Estado que nos permita aumentar nuestra competitividad".
Realidad actual
La AIG es la entidad responsable de digitalizar los trámites. Su administrador, Irvin Halman, detalla que hasta el momento hay 120 trámites en línea, cuando antes solo había unos 30, aunque la meta es tener 450 a finales del año 2019.
Además, dijo que hay otros 250 sobre los cuales están culminando algunos procesos para ponerlos también en línea.
El inventario que maneja esta entidad es que en el país se llevan a cabo 2 mil 700 trámites que corresponden a instituciones del gobierno central, y otros mil a los municipios.
"Queremos simplificar los trámites junto a las entidades y promover los procesos de transformación digital para mejorar el servicio que se le brinda a los contribuyentes", acotó.
Halman recalcó que esto va acompañado de una red nacional de internet, la cual abarca ahora mismo al 85% de la población del país, de manera que el ciudadano -tanto en áreas rurales como urbanas- pueda tramitar con el Estado. "Esto será algo de varias gestiones gubernamentales", añadió.
