Empresas y compradores sufren una tortuosa espera. La larga lista de aprobaciones para obtener un permiso de construcción en los proyectos residenciales resulta agotadora. La industria debe cumplir con trámites legales en 19 instituciones.
Pero, más allá del número de entidades que hay que visitar, el problema radica en el tiempo en que demoran en tramitar un permiso y dar el visto bueno que requiere un siguiente paso.
Los permisos para ejecutar una obra o proyecto que antes les ocupaban a los inversionistas dos años, hoy pueden extenderse hasta cuatro años.
Esta es una de las quejas que vienen debatiendo en los últimos años quienes se dedican al negocio inmobiliario pese a los esfuerzos de las administraciones gubernamentales de agilizar el proceso en lo que han denominado la "ventanilla única".
Para levantar una torre o construir una barriada, las promotoras deben visitar el municipio, los ministerios de Vivienda y Ordenamiento Territorial, de Ambiente, Obras Públicas, así como al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, el Cuerpo de Bomberos de Panamá, entre otras entidades.
En cada foro, encuentro o reunión que se realice, los actores de esta industria no vacilan en insistir en este problema, alegando que la construcción es una de las actividades económicas más reguladas en Panamá.
Entre 60 y 90 trámites, según el tipo de proyecto que se vayan a ejecutar, tienen que afrontar los inversionistas de este sector, según registros del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda), uno de los gremios dedicados a la construcción en Panamá.
Por ejemplo, para la aprobación de un estudio de impacto ambiental se puede demorar de dos meses a un año, dependiendo de la categoría del estudio. Así mismo, la aprobación de planos de construcción se puede tardar entre cinco y nueve meses en al menos siete entidades. Mientras que un permiso de ocupación puede extenderse de 30 a 45 días ante las instancias correspondientes. Solo por citar una larga lista de trámites que vienen y van entre los entes fiscalizadores.
"Es indispensable la agilización estatal, no como una solicitud caprichosa del niño que hace rabietas cuando no consigue lo que quiere, sino con la convicción de que sigue siendo la industria de la construcción el motor indispensable que procura crecimiento y desarrollo para el país", afirmó la secretaria ejecutiva de Convivienda, Elisa Suárez de Gómez, durante la reciente presentación de un informe estadístico.
Aporte del sector
Representantes del Gobierno reconocen que la construcción es una de las actividades con mayor aporte al producto interno bruto (PIB), representando unos US$8.824 millones y con una demanda del 11% de la fuerza laboral del país.
Del sector construcción dependen cerca de 178.000 familias, según datos de la Contraloría General de la República.
Los expertos señalan que este sector por sí solo representa el 16% del PIB, aunque si se incorpora la inversión en desarrollos inmobiliarios, las obras de contratistas generales, subcontratistas, proveedores de equipo e insumos y promotores de bienes raíces, la contribución superaría el 30%.
A pesar del aporte que está haciendo el sector a la economía panameña, este ha sufrido una desaceleración en los últimos años.
De allí la insistencia en acelerar los procesos y vender un producto de forma oportuna, consecuente con la demanda y con los precios que se fijaron cuando se diseña el proyecto.
El presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), Iván De Ycaza, habla de un decrecimiento del 19.9% en los últimos dos años, lo cual se ve reflejado en la disminución en los permisos de construcción en el área metropolitana, en el menor ritmo de crecimiento en los préstamos hipotecarios y en un incremento de costo del metro cuadrado.
¿Y la comisión?
Esta situación llevó a varios representantes del sector a reunirse en enero pasado con el mandatario Juan Carlos Varela, para exponer los diversos problemas que enfrenta la industria.
De ese encuentro surgió la idea de conformar una Comisión Permanente de Alto Nivel para el Sector de la Construcción, pero no fue hasta el pasado 15 de marzo pasado cuando el Ejecutivo la formalizó a través de un decreto.
Aún no se han dado las primeras reuniones para analizar los percances que enfrenta la industria y proponer alternativas.
Esta comisión, adscrita al Ministerio de la Presidencia, será el organismo consultivo responsable de analizar, estudiar y recomendar al Ejecutivo las políticas, estrategias y posibles inversiones que el Gobierno Central y las entidades descentralizadas deban desarrollar para el fortalecimiento del sector de la construcción, según establece el Decreto Ejecutivo que la reglamenta.
La creación de esta instancia fue solicitada por los gremios vinculados al sector construcción en el país, como lo son la Capac, Convivienda, el Instituto Panameño de Arquitectura y Urbanismo (Ipaur) y la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir).
De Ycaza, presidente de Capac, reiteró ayer que, a pesar de que ya se creó la comisión mediante decreto ejecutivo, aún está pendiente su instalación. "Hemos estado insistiendo en eso toda la semana, para ver si nos ponían fecha y no ha sido posible", afirmó De Ycaza.
Repunte en febrero
A pesar de que en enero pasado las construcciones, adiciones y reparaciones particulares en algunos distritos de la República de Panamá mostraron una caída, para el mes de febrero de este año se produjo un aparente repunte, según cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la Contraloría General de la República.
Las cifras oficiales evidencian que en enero de este año el valor de las construcciones alcanzó los US$120,1 millones (en un área de 180.029 metros cuadrados/m2), cuando en el mismo mes de 2016 la cuota alcanzada era de US$161 millones (en 418.888 m2). Las cifras hablan de un descenso de 25,4%.
No obstante, los números del mes de febrero muestran un alza sustentada al reportarse US$211,6 millones. En igual periodo de 2016 el monto fue de US$188,.4 millones, con lo cual se refleja un incremento de un 12,3%.
