Por Europa Press
La Asamblea Legislativa de El Salvador ha aprobado una reestructuración territorial del país que reduce el número de municipios de 262 a 44, dando ‘luz verde’ a una propuesta del presidente, Nayib Bukele, que supone la primera modificación territorial en el país desde hace 84 años.
“Con súper mayoría, la Asamblea Legislativa de El Salvador acaba de aprobar la Ley Especial para la Reestructuración Municipal, que reduce el número de alcaldías de nuestro país, de 262 a 44. ¡Historia!”, ha manifestado el mandatario a través de un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.
El presidente del Parlamento, Ernesto Castro, ha defendido que la reestructuración de la organización territorial busca “agilizar la coordinación de planes de desarrollo” y ha dicho que “es una acción que, como tantas otras, se debió tomar hace décadas”.
De esta forma, los municipios pasan a ser distritos y quedarán agrupados por regiones en cada uno de los catorce departamentos, a partir de los cuatro puntos cardinales. “De la mano del pueblo que, soberana, democrática y pacíficamente, tomó una decisión hoy damos un nuevo paso al futuro”, ha recalcado Castro, según un comunicado publicado por el Parlamento a través de su página web.
El organismo legislativo ha defendido que los ahora distritos no perderán las oficinas administrativas y ha agregado que la medida no afectará a la extensión de partidas de nacimiento, las tarifas de impuestos municipales ni otros servicios que prestan en la actualidad las comunas.
Por otra parte, la medida afecta a la distribución de concejales, de forma que a partir de ahora corresponderán dos en los municipios que tengan hasta 200.000 habitantes, seis en aquellos en los que vivan hasta 400.000 personas y ocho en los que tengan una cifra de habitantes superior a esta última.
“De acuerdo a esto, habrá 40 concejos con diez miembros, dos con catorce miembros, y dos concejos, ubicados en el departamento de San Salvador, con 16 miembros”, ha especificado. A ello se suman 44 alcaldes, 44 síndicos y 372 concejales, “una considerable reducción significativa comparado con los casi 3.000 (funcionarios) que hay actualmente”.
Los expertos electorales han analizado que la estrategia de reducir los municipios obedece a que “el gobierno sabe que hay localidades en donde el partido oficialista no tendrá los votos suficientes para ganar la alcaldía”, debido al “abandono que han tenido en proyectos locales con la reducción del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes), el cual fue centralizado en la Dirección de Obras Municipales (DOM), bajo la administración directa de Bukele”.
Prórroga del estado de excepción
Por otra parte, el Parlamento ha aprobado la decimoquinta prórroga del estado de excepción decretado en marzo de 2022 en el marco de los esfuerzos por combatir a las pandillas, por lo que la medida estará en vigor al menos hasta el 15 de julio.
“A solicitud del Consejo de Ministros del Gobierno del presidente Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa aprobó, con 67 votos a favor, la décima quinta prórroga del régimen de excepción para seguir combatiendo a las pandillas y mantener el clima de seguridad que hay en El Salvador”, ha dicho el Parlamento a través de un comunicado.
Según los datos facilitados por el Parlamento, desde el inicio del estado de excepción han sido detenidos 69.304 “terroristas”, entre ellos “más de 1.200 cabecillas”, mientras que han sido incautadas 2.842 armas de fuego, once toneladas de drogas, más de 3.800 vehículos, tres millones de dólares (cerca de 2,8 millones de euros) y 16.800 teléfonos celulares.
Por último, ha hablado de una reducción de la cifra de homicidios y ha aseverado que “enero cerró con 22 días sin muertes a causa de la violencia y febrero lo hizo con 21 días (sin muertes violentas)”. “En marzo se registraron 20 días sin homicidios, mientras que en abril se acumularon hasta 24 días sin asesinatos, siendo el mes más seguro en la historia de El Salvador. Mayo cerró con 18 días sin asesinatos y junio acumula diez días”, ha zanjado.
Durante el periodo del estado de excepción, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurrieron estos homicidios.
En concreto, esta medida permite en todo el país la suspensión del derecho de reunión, el aumento del máximo de detención de 72 horas a 15 días, la eliminación del derecho de defensa y la eliminación del derecho de no ser intervenido en las telecomunicaciones.
Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional han mostrado su preocupación en reiteradas ocasiones por las “evidencias graves” de abusos a los Derechos Humanos desde que se adoptó el estado de excepción el 27 de marzo de 2022.
