Por revistaeyn.com
Aunque América Latina y el Caribe ha avanzado en varias áreas de la gobernanza pública, como el establecimiento de mecanismos participativos, normativas sobre integridad pública y brechas de género en el sector público, aún requiere mejorar algunas capacidades clave para impulsar la prosperidad y alcanzar objetivos de sostenibilidad e inclusión, de acuerdo con una nueva publicación.
Según la publicación Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2024, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 15 países de la región tienen estrategias de gobierno abierto para mejorar la participación de las mujeres en la toma de decisiones públicas.
También muestra que la proporción de mujeres en altos cargos de gobierno, según cifras de 2022, es ligeramente superior en la región de América Latina y el Caribe (43 %) que en los países de la Unión Europea que hacen parte de la OCDE (41 %).
Además, la amplia mayoría de los 13 países encuestados para este tema (77 %) practican la presupuestación con perspectiva de género con el fin de abordar las disparidades de género en las políticas públicas y la asignación de recursos, frente al 61 % de los países de la OCDE.
Sin embargo, los avances en el cierre de brechas de género en la representación política son lentos.
Las compras públicas pueden utilizarse para promover objetivos sociales, la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental. En 2022, 16 de los 19 países encuestados para este tema en la región (es decir, el 84 %) revelaron disponer de sistemas centrales de contratación pública electrónica y declararon contar con políticas o estrategias en dicho ámbito para perseguir objetivos sociales. De esos 19 países, 14 (o sea, el 74 %) cuentan con una estrategia del gobierno central para promover la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública.
El informe muestra que hay espacio para desplegar herramientas y estrategias de gobernanza pública más ambiciosas para avanzar en la transición verde en la región. Según los datos, sólo cinco países de los 12 encuestados para este tema específico utilizan la presupuestación verde para integrar consideraciones climáticas y ambientales en los impuestos y las decisiones de gasto público, lo que representa un 42 % frente al 67 % de los países de la OCDE.
Por ejemplo, de los 19 países encuestados para el tema de compras públicas, sólo nueve tienen una estrategia de contratación pública ecológica (es decir, el 47 %), y sólo cuatro alinean sus planes de infraestructuras a largo plazo con planes de acción ambientales o climáticos, lo que representa el 27 % frente al 73 % de los países de la OCDE.
