Entre noviembre de 2018 y febrero de 2022, el Gobierno de Nicaragua ha cancelado 114 personerías jurídicas de organizaciones, fundaciones y asociaciones de la sociedad civil que fomentaban el desarrollo social, político, económico, de derechos humanos, democracia, de educación y de salud en Nicaragua.
Entre las causas que usó para cancelarlas destaca el incumplimiento de tres leyes: la Ley sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro o Ley 147; la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la Républica de Nicaragua o Ley 606, y la Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o ley 977.
Sin embargo, la disolución de estas organizaciones ocurrió en un contexto represivo y de represalias que surgió después de las protestas de 2018 y se agudizó en 2021, cuando el régimen se enfrentó a un panorama electoral donde eliminó la competencia política y aseguró su cuarto mandato consecutivo.
Las solicitudes de cancelación de personería fueron promovidas por los miembros de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea, integrada por los diputados Filiberto Rodríguez y Patricia Sánchez Urbina a petición del responsable del departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles Sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación, que regula a las oenegés.
Solo en 2021, los diputados sandinistas despojaron de su personería jurídica a 60 organizaciones, que incluyen tres partidos políticos, 17 asociaciones médicas, 22 asociaciones que promovieron el desarrollo social, económico y democracia, incluidos seis organismos internacionales, y al menos dos oenegés que se enfocaban en los derechos de la mujer. Y ahora, en lo que va de 2022, ha cancelado a más de 40 organizaciones, incluyendo universidades, y más de media docena de ellas han sido confiscadas ilegalmente.
El origen
En 2018 fueron canceladas nueve personerías jurídicas por supuestamente "gestionar, recibir, canalizar y facilitar fondos para alterar el orden público y realizar actos desestabilizadores en el país".
Estas acusaciones buscaron inculpar a lo que el Gobierno bautizó como "intento de golpe de Estado", pero que en realidad fue una serie de protestas cívicas a nivel nacional, a las la Policía Nacional -controlada por el mismo- respondió con armas y violencia.
La primera suspensión ocurrió el 29 de noviembre de ese año, con el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), que operaba en Nicaragua desde 1990 y dirigía la activista y feminista, Ana Quirós. A ella además le quitaron su nacionalidad nicaragüense después de 20 años viviendo en este país, y la expulsaron hacia Costa Rica.
Este fue el precedente que detonó que entre el 11 y el 13 de diciembre, ocho organizaciones más se sumarán a esta lista bajo esas causales. Los perjudicados fueron: el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh) y la Asociación Hagamos Democracia (HADEMOS), el Instituto de Liderazgo de las Segovias, la Fundación de Río, el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), Fundación Popol Na para la Promoción y el Desarrollo Municipal; y el Instituto Para el Desarrollo de la Democracia (Ipade).
A todos, el gobierno les ordenó entregar en un plazo de 72 horas su libros de ley, sellos y les confiscó sus bienes y activos, esto incluye los espacios donde operaban, que dos años después fueron ocupados por el Ministerio de Salud (Minsa).
Las nueve asociaciones e institutos sumaban cada uno un promedio de 23 años de trabajar en Nicaragua promoviendo los derechos humanos, la democracia y transparencia, el desarrollo social y también el medioambiente.
En 2019 y 2020
En los dos años siguientes, hubo pocas cancelaciones. En 2019 hay registro de tres personerías jurídicas que fueron canceladas no muy conocidas, pero que sí promovían proyectos dirigidos a la juventud, a la solución de conflictos sociales, desarrollo económico.
Ese mismo año los diputados Filiberto Rodríguez López, Patricia Mercedes Sánchez Urbina y Santiago José Martínez Lacayo propusieron la suspensión de cinco oenegés: Asociación de Promoción y Protección de los Derechos de los Consumidores y Usuarios de Nicaragua, Asociación Nicaragüense de Naciones Unidas, Asociación Centro de Investigación y Estudios de Centroamérica, Asociación Nicaragüense de Maritimistas y Asociación Club de Propietarios de Vehículos Clásicos de Nicaragua. Sin embargo, los diputados retiraron la iniciativa.
En 2020, hubo cuatro cancelaciones de personerías, dos de estas fueron a asociaciones evangélicas, uno a la Fundación para la Cooperación Nacional e Internacional de la que poca información se dispone y la última fue a Asociación de Hermanamiento Municipal (ASODHERMU), de Camoapa, Boaco, a la que se acusó de no presentar sus estados financieros de 2019.
2021: Cancelaciones masivas
El 2021 fue el año en que más personerías jurídicas fueron canceladas en Nicaragua. Las primeras ocurrieron en mayo y fueron ejecutadas por el Consejo Supremo Electoral que decidió cancelar al Partido de Restauración Democrática (PRD), cuya casilla 14 era el vehículo elegido por la opositora Coalición Nacional, y al Partido Conservador de Nicaragua (PC), que días antes había expresado dudas sobre la transparencia de las votaciones de noviembre.
Las cancelaciones fueron el inicio de la jornada de arrestos a los siete precandidatos presidenciales, líderes opositores, activistas, empresarios y estudiantes.
A esta lista de partidos cancelados se le sumó en agosto el Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), que se había erigido como la última plataforma opositora. Así, el Frente Sandinista se quedó en la boleta electoral únicamente en compañía de los partidos colaboracionistas.
En julio, el gobierno promovió la cancelación de 24 asociaciones que promueven el desarrollo, pero principalmente fueron organizaciones médicas que se habían pronunciado durante la pandemia de COVID-19 y han contribuido al análisis científico. Entre estas destaca: Asociación Nicaragüense de Neumología, Asociación Médica Nicaragüense, Asociación Nicaragüense de Infectología, Asociación Nicaragüense de Anestesiología y Reanimación, entre otras.
En agosto, la guillotina pasó por seis organizaciones originarias de Estados Unidos y Europa, a las que se les suspendió el registro de operación tras asegurar que en su actuar obstaculizaron "el control y vigilancia", al no reportar sus estados financieros e incumplir otros requisitos legales para la recepción de donaciones.
Entre los organismos destacan Fundación OXFAM Intermón, España y National Democratic Institute for International Affairs (NDI) de Estados Unidos, que trabajaban temas de derechos democráticos y desarrollo social. Ese mismo mes, fueron canceladas otras 15 asociaciones más.
Afectaron a aliados
Diez organizaciones y asociaciones más perdieron su personería jurídica en diciembre de 2021. Dos de estas, la Asociación Universidad Hispanoamericana y la Asociación Consejo Nicaragüense para la Pequeña y Mediana Empresa, eran dirigidas por el empresario Leonardo Torres, aliado del FSLN y quien también tenía un cargo en el Banco Central de Nicaragua (BCN).
En 2022 la cancelación de personerías jurídicas ha incrementado, afectando principalmente organizaciones dedicadas a la educación. Entre ellas cinco universidades que -además- fueron confiscadas por el régimen de Daniel Ortega y ahora son administradas por el Consejo Nacional de Universidades.
A mediados de enero fueron canceladas las personerías jurídicas de las asociaciones universitarias: Fundación Universidad de Mobile Latinoamérica Campus (FUMLAC), Asociación Pro Universidad Agropecuaria de la Quinta Región y la Asociación Pro Universidad de Jinotega, alegando supuesto incumplimiento de la Ley General Sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro.
Dos semanas después, el 2 de febrero, la Asamblea Nacional liquidó en un solo día 16 asociaciones sin fines de lucro, entre las que se destacan la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Católica Agropecuaria del Trópico (Ucatse), Asociación de Estudios Humanitarios (Uneh), Asociación Popular de Nicaragua (Uponic), la Asociación Universidad Paulo Freire (UPF) y cinco asociaciones de la diócesis de Estelí.
Las cinco universidades canceladas a inicios de febrero y la Universidad Hispanoamericana, clausurada en diciembre del año pasado, fueron confiscadas por la Asamblea Nacional a pesar que el artículo 125 de la Constitución Política de Nicaragua lo prohíbe. Las universidades y centros de educación técnica superior "estarán exentos de toda clase de impuestos y contribuciones fiscales, regionales y municipales.
Sus bienes y rentas no podrán ser objeto de intervención, expropiación ni embargo, excepto cuando la obligación que se haga valer tenga su origen en contratos civiles, mercantiles o laborales", dice el artículo.
Un caso diferente, pero con el mismo resultado, fue la cancelación de siete sociedades vinculadas a universidades privadas extranjeras: Asociación Universidad Thomas More (UTM), Asociación Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales (UCEM), Universidad Internacional de la Florida, Universidad Estatal de Michigan, Corporación Universidad de Mobile, Fundación Universidad Particular en Ciencias del Mercado y la Wake Forest University; que fue ejecutada a través de una resolución publicada en La Gaceta, diario oficial del Estado, el pasado 3 de febrero.
También fueron canceladas: la Asociación de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra, Asociación Pen Internacional Nicaragua, Asociación Nicaragüense Por-Derechos Humanos (ANPDH), Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez Blanca Arauz (Fundemuni), Centro Nicaragüense de Promoción de la Juventud y la Infancia y la Fundación Iberoamericana de las Culturas (Fibras).
Siguieron: Fabretto Children’s Foundation, lnc., inscrita desde 2005; Creative Associative, lnc, que funcionaba desde 2006; Global Communities, que operaba desde 2000; Trocaire (Irlanda), inscrita desde 2004; We Effect (Suecia), registrada desde 1994; y Comundo (Suiza), inscrito desde 2018.
El rector de la cancelada Universidad Pablo Freire, Adrián Meza; la dirigente del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, Sandra Ramos; y la presidenta de Pen Internacional Nicaragua, Gioconda Belli; denunciaron que en los últimos años el Ministerio de Gobernación se negó a recibir la documentación requerida, por lo que no les sorprende esta última estocada contra las oenegés.
Este 21 de febrero, el Ministerio de Gobernación solicitó a la Asamblea Nacional que cancele las personerías jurídicas de la Asociación Universidad Tecnológica Nicaragüense (UTN) y la Asociación Universidad Santo Tomás de Oriente y Mediodía (USTON).
La petición, presentada por el diputado orteguista Filiberto Rodríguez, justifica "inconsistencias en los estados financieros" de ambas universidades, y porque la UTN no ha cambiado su junta directiva.
Con esta solicitud ya sumarán 40 asociaciones, fundaciones y oenegés que perdieron su personería jurídica y registros en los primeros dos meses de 2022, y de estas, 22 son de labor educativa.
