La empresa privada de Honduras urge al Gobierno brindar seguridad jurídica al sector, que se verá impactado por la serie de medidas adoptadas por las autoridades para frenar la propagación del virus Covid-19.
La noche del 15 de marzo, Juan Orlando Hernández, mandó suspender las labores del sector público y privado, cancelar las actividades deportivas, así como suspender el servicio de transporte público, celebraciones religiosas y cerrar negocios de todo tipo, incluidos centros comerciales, a excepción de supermercados, mercados, pulperías, farmacias, hospitales, hoteles, gasolineras y la banca privada.
Ante esto, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) indica que acatará las medidas impuestas, pero urgen medidas financieras, fiscales y tomar acciones administrativas y judiciales.
-Medidas financieras: Piden que se instruya al Banco Central de Honduras y a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros ara que creen normativas que seas necesarias a efecto de ampliar los plazos de pago de hipotecas, reducir la tasa de política monetaria para disminuir las tasas de interés en los créditos; bajas el encaje legal a cero, por mencionar algunas.
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-Medidas fiscales: Que se realicen las gestiones que sean necesarias para que se amplíen los plazos de la liquidación del impuesto sobre la renta que se debe realizar conforme a ley a más tardar el 30 de abril; que se amplíen los plazos para el cumplimiento de la obligación material del impuesto sobre la renta que corresponde a los pagos a cuenta que se realizar en junio, septiembre y diciembre; que se instruya para que los documentos fiscales con fecha de vencimiento a la fecha puedan ampliar su vigencia automáticamente por al menos tres meses.
-Medidas administrativas y judiciales: Suspender los plazos legales para el cumplimiento por parte de las empresas, sin que se afecte a estas con la imposición de sanciones como multas o recargos.
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Al poder judicial y órganos de control del Estado, se les recomienda suspender sus labores, en vista que en estas instituciones se aglomeran cantidades significativas de ciudadanos, en tal caso los plazos legales establecidos deben ampliarse y considerar los días de suspensión como días inhábiles para efectos legales correspondientes.
