El pasado 9 de febrero, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó la militarización de la Asamblea Legislativa (Congreso). El hecho volvió a ser criticado como un grave precedente democrático desde la firma de los Acuerdos de Paz (1992).
Ayer, Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), subrayó que las acciones suponen "un grave atropello al Estado de Derecho y una afrenta muy seria al orden democrático". "Cuando vimos esta situación del 9 de febrero presenciamos un claro rompimiento del orden constitucional".
Bukele, quien goza de altos niveles de popularidad, presiona a los legisladores para aprobar un crédito de US$109 millones y así financiar la tercera fase de su plan de seguridad.
El Congreso sigue sin aprobarle el préstamo. Esta semana, Bukele juramentó a 1.400 nuevos soldados en el centro de San Salvador y volvió a criticar los legisladores a quienes señala de proteger a los criminales. Anunció que más elementos de la Fuerza Armada de El Salvador se incorporarán a las tareas de seguridad pública, como parte de su Plan Control Territorial.
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Múltiples defensores de los Derechos Humanos locales e internacionales han alertado sobre violaciones a los Derechos Humanos que se podrían generar al sacar a los militares a las calles y apoyar labores de seguridad pública.
Los atropellos a la Constitución salvadoreña
Castro destacó que la convocatoria del Consejo de Ministros a la Asamblea Legislativa para aprobar el presupuesto de seguridad se hizo sin base jurídica, de la misma manera criticó el llamado a la insurrección hecho por el mismo presidente."Se hace llamamiento a la insurrección -sin que se estén cumpliendo las condiciones para ello señalados en nuestra Constitución- y que son llamamientos imprudentes e irresponsables, al mismo tiempo se observó una peligrosa violación del principio de división de poderes", dijo.
El director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES insistió que las acciones dañan "al sistema democrático, genera inestabilidad en el país, y eso no queremos, queremos un país con democracia fuerte, con cimientos sólidos, un país que nos permita desarrollarnos mejor", añadió.
La Fundación presentó este miércoles el Informe de Coyuntura Legal e Institucional correspondiente al segundo semestre de 2019. El tema central fue la evaluación del Estado de Derecho, Transparencia y Clima de Negocios.
El mismo destaca los datos de Barómetro de las Américas que revela que el nivel de satisfacción de la forma en que la democracia funciona en El Salvador en 2019 tocó su punto más bajo desde 2004 (36,6%).
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El informe también revela que el país logró una notable mejora en la percepción ciudadana del clima de inversión. De hecho, la Encuesta Dinámica Empresarial que desarrolla Fusades, la califica como la mejor en una década (a diciembre de 2019).
Sin embargo, Marjorie de Trigueros, analista del Departamento de Estudios Legales, considera que esta valoración podría cambiar tras los eventos del 9 de febrero, que no están incluidos en este estudio.
Percepción económica
Ayer, la Asociación Bancaria Salvadoreña ( ABANSA) lamentó las tensiones observadas entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Raúl Cardenal, presidente de la asociación, consideró que las diferencias entre los poderes del Estado deben resolverse mediante el diálogo continuo y respetuoso, a fin de preservar la paz y armonía social, así como el Estado de Derecho."Episodios como este afectan la calificación de riesgo y la percepción del país, así como la confianza de los inversionistas y otros actores relevantes. ABANSA considera la seguridad jurídica y el respeto al marco legal como una condición indispensable para el desarrollo de El Salvador", apuntó Cardenal.
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Interpelación
Los hechos del 9 de febrero, asegura Castro, podrían justificar la interpelación legislativa de los funcionarios involucrados.La Fiscalía General de la República 'debe llevar a cabo una investigación que determine quiénes habrán podido infringir la ley', consideró; pero también 'pueden llevarse a cabo otros controles'.
'Se conocen ya solicitudes de interpelación en la Asamblea Legislativa. La Asamblea podrá determinar también en su seno si se incurrió en alguna violación y recomendar destituciones', afirmó.
El partido opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) es, hasta ahora, el único partido que solicita la interpelación del ministro de la Defensa, René Merino; el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas; y al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza. El también opositor Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) aún estudia si apoyará la moción, que sigue sin ingresar al pleno.
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'La Asamblea Legislativa está en toda la facultad constitucional para hacer interpelaciones. Podrán mejorarse las preguntas y las respuestas, pero este tipo de controles interorgánicos son parte de una democracia. Son parte de los balances y controles', aseguró el analista.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha enzarzado en una guerra contra la delincuencia que le enfrenta también a los propios legisladores del país. Ahora ha ordenado el despliegue de otros 1400 soldados para reforzar su plan de seguridad contra las pandillas. pic.twitter.com/s93n9dgz7w
- DW Español (@dw_espanol) February 20, 2020
