Hace un año, miles de venezolanos salieron a las calles para manifestarse contra el Gobierno del Nicolás Maduro. Estas movilizaciones, que se extendieron hasta abril, dejaron 43 muertos - 33 civiles y 10 uniformados - y 878 heridos. Esa ola de descontento marcó un punto de inflexión para el Ejecutivo de Maduro. Desde entonces el deterioro de la situación económica, social y política del país ha sido constante. Aunque Maduro superó políticamente las llamadas guarimbas (barricadas), éstas mostraron un país que hoy intenta sobrevivir a una crisis sin precedentes.
La situación de los derechos humanos se ha agravado. El modelo de régimen chavista sigue fiel a su visión política de ocupar todos los espacios, atacar la propiedad, la producción, los comercios. La censura es creciente.
La exdiputada María Corina Machado es una de las figuras significativas de la oposición. Surgió en la vida pública al cofundar Súmate, organización para fiscalizar el poder electoral. Fue la gran defensora de la protesta callejera junto a Leopoldo López. Y, como él, está pagando las consecuencias: Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea, la desposeyó ilegalmente de su escaño. Está acusada asimismo de participar en una conspiración de 'magnicidio' contra Maduro.
'Guerra económica'
Maduro, en su línea, estima que las protestas forman parte de un complot para derrocarlo, al igual que la 'guerra económica' que denuncia permanentemente. Con una campaña internacional pretende demostrar al mundo que los 43 muertos durante las guarimbas son obra de la oposición. Cuenta con el millonario aparato de propaganda del chavismo pero el 'hijo de Chávez' vive los momentos más bajos de su Gobierno con un índice de aceptación que no llega al 20%.
La era Maduro no sólo ha estado dominada por las protestas callejeras, sino también por el desabastecimiento. La crisis económica comenzó mucho antes de la caída del petróleo. Venezuela, que vivió 10 años de la bonanza petrolera más grande de su historia, acabó con sus reservas y multiplicó por ocho la deuda.
Este año su economía podría contraerse hasta un 7%, mientras que la inflación llegaría al 100% o más por la creciente escasez de productos básicos. Se calcula que con el precio del barril de crudo en caída libre, el Estado dejaría de recibir entre US$20.000 millones y US$35.000 millones. Venezuela no ha logrado diversificar su economía. Peor aún: ha habido desinversión en todos los sectores.
La crisis es tal, que la semana pasada el Gobierno liberó parcialmente su mercado de divisas, por lo que habrá a partir de ahora tres tipos de cambio. Un panorama sombrío para Maduro, con elecciones legislativas este año.
Para el próximo referendo revocatorio faltan casi dos años. La crítica situación que se está viviendo requiere respuestas rápidas y adecuadas a las demandas de la gente para evitar la violencia.
El descontento y el rechazo frente a un régimen corrupto e incompetente es enorme. La sociedad ya no confía ni en la Justicia, ni en la Asamblea, ni en el órgano electoral. La impunidad es del 95%, los escándalos de corrupción en todos los sectores, incluyendo las Fuerzas Armadas, son diarios. Se impone la salida de Maduro como un primer paso para iniciar un proceso de transición en paz. El clamor es para que se encuentre una solución pacifica y constitucional a la crisis que vive Venezuela. Este empeoramiento debería llevar a todas las fuerzas democráticas a entender la urgencia y el planteamiento común.
Además de López y Machado están Juan Requesens, dirigente estudiantil que ya participa de lleno en la vida política como concejal del Estado Sucre, gobernado por la oposición. Daniel Ceballos, el alcalde de San Cristóbal, la ciudad rebelde, lideró las protestas. Comparte prisión con López. Tras ser destituido, su mujer arrasó en las urnas. Milita en Voluntad Popular, el partido de López. Y conviene no olvidar a Henrique Capriles. El excandidato presidencial, líder de los opositores moderados que sigue insistiendo en su doble estrategia: convencer a las clases populares y ganar las elecciones parlamentarias al Gobierno. El cambio del régimen es impostergable y la manifestación pacífica, indispensable. Sin embargo, existe el temor de que antes de que eso ocurra pudiera haber un golpe militar.
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