En una carta con fecha del 6 de abril dirigida a Luis Guillermo Solís, presidente de la República; a Carlos Villalta, ministro de Obras Públicas y Transportes e integrantes del Consejo de Transporte Público (CTP), el gremio dio 15 días hábiles para que acojan sus peticiones.
"El tiempo de su reacción ya es mucho y más que suficiente. Lo cierto es que no han hecho nada y no sabemos. Hasta nos hacen pensar mal ¿Por qué extraña razón Uber se mantiene incólume, sin reproche alguno e inmune?", cita un extracto del documento enviado a las autoridades.
Rubén Vargas, secretario general de la UTC, denunció que los taxistas son víctimas de una ‘persecución’ de parte de las autoridades estatales, en contraposición a la pasividad con que la que gobierno aborda el tema.
"Nos sentimos preocupados. Damos 15 días de tiempo, pero esto es desde agosto del año pasado. Ya esto tiene meses de meses y no vemos que las autoridades hagan nada (…) Nada hacemos con que el presidente nos diga que el transporte que brinda Uber es ilegal, si no vemos a la Policía de Tránsito actuar (…) Pero, sí vemos que llegan tráficos a las paradas de taxis y requisan todos los vehículos", acusó Vargas.
El dirigente calificó la petición como ‘respetuosa’ y enfatizó en que piden que la Policía de Tránsito ataque el transporte ilegal. "Nos interesa un control de transporte total, pero lo que nos afectan son los ‘piratas’ que están en las esquinas y estos ‘piratas’ de la plataforma electrónica (Uber)", subrayó.
Los taxistas prepararán un recurso contencioso-administrativo que será presentado contra el Estado, alegando una inacción en este asunto.
"Desde agosto del año pasado los taxistas hemos siendo como un muro, hablando y apaciguando con los compañeros. Pero, llegará un momento en que esto se hará incontrolable y no podremos controlar a los compañeros que salen a trabajar y llegan a su casa ni con la plata de la comida. Creemos que este momento está cerca", puntualizó Vargas.
"Solo tomaremos medidas legales"
La UTC confirmó que no optarán por medidas de presión ‘agresivas’ o ‘violentas’, sin embargo destacó que desconocen el proceder de otros grupos y cooperativas, quienes "tienen otro tipo de soluciones".
"Ustedes sabrán lo que quieren para Costa Rica, para más de 35.000 familias directas y 5.000 indirectas", advirtió el gremio.
El viceministro de Transporte, Sebastián Urbina, dijo a principios de año que Uber opera bajo ilegalidad. Con esto, la posición que mantienen desde agosto del año pasado no varía.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt) sostuvo desde un inicio que cualquier servicio privado remunerado de personas debe contar con un permiso o concesión otorgado por el CTP.
