Por Prensa Libre
El juez de Mayor Riesgo B, Miguel ángel Gálvez, explicó ayer -en la tercera parte de su resolución por el caso Cooptación del Estado de Guatemala- que considera que con los indicios presentados por el Ministerio Público (MP) sí existió una red criminal que lavó dinero, en la cual se habrían involucrado funcionarios y empleados públicos durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
El juez describió la manera en que se utilizaron empresas para ocultar dinero de aparente origen ilícito, la compra de regalos lujosos para los exmandatarios y los aportes financieros hechos por empresarios al Partido Patriota, considerados por el órgano investigador como financiamiento electoral ilícito.
De igual manera se refirió ea la compra que las empresas Arrendamientos, Servicios y Proyectos, Sociedad Anónima, e Inversiones y Proyectos Marbella, Sociedad Anónima, hicieron del 51 por ciento de las acciones de Corporación de Noticias, casa editora de los diarios Siglo 21 y Al Día.
"Es evidente que en esto existe una planificación de antemano. Es evidente que hay una concertación para hacer unas acciones que se deben hacer. Se considera que por los hechos investigados por el MP se llega a establecer que hay relación con la asociación ilícita y lavado de dinero", aseguró.
La Fiscalía entrevistó a María del Carmen Valencia Espinoza, representante de Proyectos Marbella, y Silvia Lisseth Jayes Quiñónez, de Arrendamientos, Servicios y Proyectos. Ambas corroboraron las transacciones bancarias.
En una presentación que hizo Gálvez se mostró una diapositiva en la que se veía una réplica del helicóptero Bell 470GX modelo 2013, que fue uno de los regalos que exministros y exfuncionarios dieron a Pérez Molina.
El juzgador también mencionó un automóvil marca Jaguar, en el cual se habrían invertido unos US$100.000, los cuales se dividen en aproximadamente US$67.000 del vehículo, US$22.000 para "polarizar" los vidrios, y el resto en el pago de seguro y transporte hacia el país.
Gálvez hizo referencia al financiamiento que en el 2011 recibió el Partido Patriota. Señaló que hubo violaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, puesto que ninguna persona o empresa puede dar más del 10 por ciento del total de lo autorizado para la campaña, o efectuar aportaciones anónimas, con el fin de ocultar no solo el origen del dinero sino la identidad del financista, lo cual a su vez conlleva a un pago de favores.
El juez de Mayor Riesgo B, Miguel ángel Gálvez, explicó ayer -en la tercera parte de su resolución por el caso Cooptación del Estado de Guatemala- que considera que con los indicios presentados por el Ministerio Público (MP) sí existió una red criminal que lavó dinero, en la cual se habrían involucrado funcionarios y empleados públicos durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
El juez describió la manera en que se utilizaron empresas para ocultar dinero de aparente origen ilícito, la compra de regalos lujosos para los exmandatarios y los aportes financieros hechos por empresarios al Partido Patriota, considerados por el órgano investigador como financiamiento electoral ilícito.
De igual manera se refirió ea la compra que las empresas Arrendamientos, Servicios y Proyectos, Sociedad Anónima, e Inversiones y Proyectos Marbella, Sociedad Anónima, hicieron del 51 por ciento de las acciones de Corporación de Noticias, casa editora de los diarios Siglo 21 y Al Día.
"Es evidente que en esto existe una planificación de antemano. Es evidente que hay una concertación para hacer unas acciones que se deben hacer. Se considera que por los hechos investigados por el MP se llega a establecer que hay relación con la asociación ilícita y lavado de dinero", aseguró.
La Fiscalía entrevistó a María del Carmen Valencia Espinoza, representante de Proyectos Marbella, y Silvia Lisseth Jayes Quiñónez, de Arrendamientos, Servicios y Proyectos. Ambas corroboraron las transacciones bancarias.
En una presentación que hizo Gálvez se mostró una diapositiva en la que se veía una réplica del helicóptero Bell 470GX modelo 2013, que fue uno de los regalos que exministros y exfuncionarios dieron a Pérez Molina.
El juzgador también mencionó un automóvil marca Jaguar, en el cual se habrían invertido unos US$100.000, los cuales se dividen en aproximadamente US$67.000 del vehículo, US$22.000 para "polarizar" los vidrios, y el resto en el pago de seguro y transporte hacia el país.
Gálvez hizo referencia al financiamiento que en el 2011 recibió el Partido Patriota. Señaló que hubo violaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, puesto que ninguna persona o empresa puede dar más del 10 por ciento del total de lo autorizado para la campaña, o efectuar aportaciones anónimas, con el fin de ocultar no solo el origen del dinero sino la identidad del financista, lo cual a su vez conlleva a un pago de favores.
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