'Aquí lo que conviene es poner punto final a este caso y de una vez por todas cerrarlo y declararlo un caso que ya se venció', declaró a la cadena de televisión local TCS el general y exministro de Defensa Humberto Corado.
La Corte Suprema de Justicia ventila una solicitud de España para extraditar a cuatro militares retirados detenidos por su presunto involucramiento en el asesinato de los sacerdotes, que eran docentes de la Universidad Centroamericana (UCA), regentada por jesuitas, y las dos mujeres del servicio doméstico.
Los militares solicitados en extradición son el coronel Guillermo Benavides, los subsargentos Antonio ávalos y Tomás Zarpate, y el cabo ángel Pérez Vásquez.
Los cuatro permanecen detenidos en una delegación de la Policía Nacional Civil, mientras que otro militar salvadoreño residente en Estados Unidos, el coronel Inocente Orlando Montano, está preso por orden de una jueza de Carolina del Norte que avaló su extradición a España.
Para el general Jaime Guzmán, la extradición no procede desde el punto de vista jurídico porque los militares ya fueron juzgados en su país y condenados a 30 años de cárcel, aunque luego recobraron la libertad gracias a una ley de amnistía de 1993.
El general Otto Romero, otro exministro de Defensa, recordó que 'los acuerdos de paz cerraron el conflicto, y ya no deberíamos andar revolviendo lo que pasó en la guerra, que fue una guerra cruenta de doce años que nunca debió haber comenzado'.
En la misma petición de extradición del juez español, figuran otros 12 militares retirados salvadoreños, quienes se encuentran prófugos.
La matanza de los jesuitas y las dos domésticas fue perpetrada en el campus de la Universidad Centroamericana el 16 de noviembre de 1989, en el marco de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
