Si la propuesta de reforma previsional que el Gobierno pretende presentar a la Asamblea Legislativa en los próximos días contiene los elementos que hasta el momento se han conocido, violaría la Constitución de la República, advirtió ayer la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
En la más reciente edición de su serie de documentos "Posición institucional", Fusades recordó que no se conoce el proyecto de ley, pero sí se filtraron, en septiembre del año pasado, algunos lineamientos sobre la propuesta gubernamental.
Las intenciones, como confirmó este miércoles el secretario técnico, Roberto Lorenzana, es crear un sistema mixto. La información filtrada el año pasado indicaba que se crearía un fondo público y de reparto que coexistiría con uno privado, y los trabajadores que ganan menos de dos salarios mínimos solo podrían cotizar en el público, mientras los que ganan más de dos salarios mínimos estarían obligados a cotizar en ambos.
La creación de este sistema, según lo conocido en septiembre pasado, implicaría trasladar al fondo público todos los ahorros hasta ahora acumulados por los trabajadores que ganan menos de dos salarios mínimos, que sumarían al menos US$4.000 millones; así como una parte de los que perciben ingresos superiores.
"Estaría violando el derecho constitucional a la propiedad", estimó ayer Fusades. "Si la propuesta se consolida en estos términos, es de advertir una posible violación a la Constitución por vulnerar el derecho de propiedad privada en función de una pensión por jubilación digna, lo cual está garantizado por los artículos 50 y 103 de la Constitución", añadió.
Durante 2014, la administración anterior realizó un diagnóstico sobre el sistema previsional que sirviera de base para preparar la propuesta de reforma; y en ese documento se alertó de la posibilidad de enfrentar discusiones legales si se instauraba un sistema mixto.
"La implementación obligatoria del sistema basado en el reparto a los afiliados del nuevo sistema, podría requerir de la expropiación del Estado de una parte de las CIAP (Cuentas Individuales de Ahorro para Pensiones) de los afiliados, lo que conduciría a intensas y prolongadas discusiones legales que impidan el cambio del sistema en el corto plazo", indicó el diagnóstico, en ese momento.
Fusades c onsideró preocupante que el sistema mixto signifique que los ahorros del trabajador pasen a un sistema de reparto, pues "ya no sería dueño de sus cotizaciones, las cuales serían parte de un fondo común, a cambio de la promesa de una pensión vitalicia que es incierta".
"Es una apropiación injustificada de los fondos de los trabajadores para que el Estado lo utilice para otros fines, y a cambio, no ofrece más que una promesa, lo cual podría atentar contra derechos constitucionales como la propiedad privada y el derecho a la seguridad social", continuó el tanque de pensamiento.
Las dudas sobre qué usos se le dará al dinero de los afiliados al sistema también se planteó en el diagnóstico de 2014. "La débil institucionalidad pública pone en riesgo la adecuada y eficiente administración de los recursos en el sistema basado en el reparto", señala el informe.
"Dado que el Estado recibiría parte de las cotizaciones, se corre el riesgo de que tales recursos sean utilizados para otros fines que son ajenos al sistema previsional", advirtió.
Fusades también señaló ayer que es un retroceso que se vuelva al sistema de reparto, pues éste fue el que se sustituyó con la reforma de 1998, - cuando se creó el Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)- debido a que era insostenible.
Sugerencias de Fusades
TransparenciaFusades señaló que la propuesta para reformar el sistema de pensiones no se ha discutido con ningún sector. Pide que se hagan consultas y estudios actuariales profundos.
Comisión
El tanque de pensamiento recomendó crear una comisión técnica que se encargue de dirigir un diálogo nacional en donde se discuta ampliamente la reforma a las pensiones.
Orden fiscal
Pero también es importante que se ordenen las finanzas públicas, insistió Fusades, para generar el margen que permita al Gobierno asumir el pago de pensiones con recursos propios.
Legalidad
Finalmente, el tanque de pensamiento señaló que toda reforma al sistema previsional debe garantizar el respeto a la Constitución de la República y a los derechos fundamentales.
S&P: ARENA no quiere enmendar reforma 1998
La agencia Standard and Poor’s (S&P), que esta semana publicó el informe completo sobre su decisión de mantener la calificación de riesgo de El Salvador, considera que la Asamblea Legislativa podría no aprobar la reforma previsional.
"La reforma es controversial y podría no aprobarse", indicó S&P y esto se debería a que ARENA, el principal partido de oposición, no estaría dispuesto a dar sus votos. "ARENA no quiere asumir el riesgo político de enmendar la reforma previsional que introdujo en 1998", añadió la calificadora de riesgos.
Como ya había señalado en diciembre, la agencia no espera que la reforma previsional altere los parámetros actuales del sistema y por eso considera que cualquier modificación al esquema de pensiones cambie la solvencia del Estado, aunque sí podría reducir los déficit de caja del Gobierno.
"Dependiendo de los detalles, una reforma exitosa podría reducir el déficit del Gobierno entre 60 y 70 %", añadió S&P.
En su análisis de la situación fiscal, la calificadora afirma que la deuda del Gobierno Central ha experimentado un incremento acelerado en los últimos años, debido principalmente "a los problemas en el sistema de pensiones".
Sin embargo, Fusades considera que las pensiones no son el origen del problema fiscal. El tanque de pensamiento recordó que desde 2006, el Estado es el responsable del pago de las pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y el Instituto Nacional de Empleados Públicos (INPEP), pues las reservas técnicas de ambas instituciones se agotaron.
"Debido a esta obligación, en algunos ámbitos se menciona que el problema del déficit fiscal se debe al pago de pensiones", señaló la Fundación; pero hay otros gastos que han aumentado más que el pago de pensiones.
Entre 2007 y 2014, las remuneraciones, las transferencias corrientes, y la compra de bienes y servicios crecieron más que el pago de pensiones, indicó.
