Ante la falta de financiamiento internacional, el gobierno ha recurrido a inversionistas en el país para que le presten dinero a corto plazo, pero esta vez por bonos. El hecho ocurre después de que la Asamblea Legislativa le autorizó al Gobierno salir a buscar US$300 millones en bonos.
El lunes, el Ministerio de Hacienda ofertó US$212.160.000 pero al final de la jornada logró que de esa cantidad le prestaran US$210.160.000, según datos de la Bolsa de Valores, que publicó El Diario de Hoy. De esa cantidad, US$187.560.000 fueron adquiridos por bancos y entes financieros que operan en el país; mientras que las AFP (Administradoras del Fondo de Pensiones) le prestaron US$15 millones, que es dinero de los ahorrantes.
Hubo un grupo de otros inversionistas que adquirieron US$7.600.000 en bonos. La tasa de interés que el Ejecutivo deberá cancelar a los inversionistas por esos fondos es de 7,5%. De acuerdo a los datos en el portal de la Bolsa de Valores, fueron 17 ofertas que recibió el gobierno para colocar los bonos y hubo 4 que fueron rechazadas.
Este dinero que le han prestado al gobierno lo deberá pagar en dos años (2024), cuando por lo general, si se trata de bonos los plazos son más extensos, incluso hasta por 40 años, y son colocados en el mercado bursátil internacional. De hecho, en enero de 2023 la administración actual deberá pagar US$800 millones por bonos adquiridos en 2002, es decir hace 20 años.
Esta es la primera vez que el Ejecutivo recurre a una colocación de bonos en el mercado interno, pues generalmente los instrumentos por los que pide fondos prestados es en concepto de Letras del Tesoro (Letes) y Certificados del Tesoro (Cetes). Esta colocación, según han dicho algunos economistas, significa que las finanzas del Estado están muy apretadas y en vista que afuera no encuentra mayores opciones de obtener financiamiento han agotado a nivel interno.
Bonos de bajo rendimiento en 2021 y alto endeudamiento
A finales de 2021 el comportamiento de los bonos de El Salvador retrocedió. Los bonos salvadoreños sufrieron un revés en su rentabilidad, -29,6% debido a la política económica del presidente Nayib Bukele,, según un análisis de EMFI Securities. Aunque en algunos casos la caída supera el 40 %, el promedio de las pérdidas fue de 38,04 %, en 10 emisiones listadas de El Salvador en los mercados internacionales.En un año donde la inflación de Estados Unidos continúa al alza y el margen de la FED se estrecha más, los bonos de El Salvador se ubican en el último lugar de rendimiento de 90 economías donde lidera en primer lugar Zambia, según EMFI Securities. Zambia, un país del áfrica meridional, tiene un bono con vencimiento en septiembre de 2022 que ofrece una tasa de retorno del 57% anual, debido a su probable default. No obstante, otros títulos públicos con vencimiento 2024, 2027 y 2033 pagan una tasa inferior al 20% anual.
El pasado 9 de febrero, el ministro de Hacienda salvadoreño, Alejandro Zelaya, dijo que El Salvador lanzará el primer bono Bitcoin por US$1.000 millones entre 15 y 20 de marzo. Las calificadoras de riesgo y el Fondo Monetario Internacional han desaconsejado en múltiples ocasiones esta política económica. El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó a finales de enero al popular mandatario a que elimine el bitcoin como moneda de uso legal, lo que ha aumentado la tensión en las relaciones entre el Fondo y el Ejecutivo de Bukele.
El FMI manifestó su "preocupación" por la emisión de bonos respaldados con la criptomoneda y ya había alertado de los riesgos que implica para El Salvador asumir esta moneda virtual. "La adopción del bitcoin como moneda genera una serie de cuestiones macroeconómicas, financieras y legales que requieren un análisis muy cuidadoso", dijo Gerry Rice, portavoz del Fondo. Rice también advirtió que "los activos cripto pueden traer riesgos significativos", por lo que sugirió que debería haber "medidas efectivas de regulación".
El Salvador ha estado negociando desde el año pasado un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$1.300 millones, pero el país de Bukele aún no ha logrado convencer al organismo para que le preste ese dinero y uno de los escollos ha sido la implementación del Bitcoin como moneda legal, además del alto endeudamiento que tiene esta administración. Este año, Fitch Ratings también rebajó la calificación crediticia a largo plazo de El Salvador y entre las razones citó la "incertidumbre" de alcanzar un acuerdo con el FMI tras la adopción del bitcoin, según información de la misma agencia de noticias. Ese día, el rendimiento del Eurobono ELSALV23 'perdió al menos 500 puntos base. A precios de hoy, US$86,9, implica un 36% a 40% de probabilidades de un default. Una emisión exitosa del Bono Bitcoin debería proveer más soporte a este bono, pero cualquier impacto en el medio plazo o largo plazo debería ser transitorio'.
El pasado 15 de febrero, el Congreso le autorizó a Hacienda, cuya petición presentó el 11 de febrero, que de los US$498,4 millones que le faltan para financiar el presupuesto 2022 pudiera colocar US$300 millones en bonos. Según la propuesta del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, esos bonos que han adquirido los inversionistas los podrán pagar en concepto de impuestos, es decir a cambio de los "papeles" o títulos valores que fueron colocados ayer en la Bolsa de Valores.
A juicio de economistas como Rafael Lemus, Tatiana Marroquín y Rommel Rodríguez esa maniobra compromete ingresos futuros y traslada esa deuda para 2023 y para 2024, lo cual complicará las finanzas de esos años porque deberá pagar otras deudas adquiridas por el Estado.
Ciberespionaje a periodistas
En temas políticos, el exvicepresidente de El Salvador y secretario del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), óscar Ortiz, aseguró este lunes (21.02.2022) que la Policía de su país utilizaba el programa Pegasus en el pasado para 'georeferencia' y no para espionaje. Ortiz, vicepresidente entre 2014 y 2019 durante el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, afirmó en una entrevista radial que Pegasus 'vino de México'.'Ya lo tenía el Gobierno, lo utilizaba para todo el tema de georeferencia' indicó y agregó que la versión 'normal' estaba 'dentro del presupuesto policial'. Al ser preguntado por uno de los presentadores si 'con ese Pegasus no se podía espiar periodistas', Ortiz contestó que 'no, porque además está prohibido'. Esta declaración surge semanas después de que una investigación verificada por Amnistía Internacional (AI) señalara que los teléfonos inteligentes de más de una treintena de periodistas y activistas de derechos humanos de El Salvador fueron vulnerados con el este software, creado por la firma tecnológica israelí NSO Group.
Ortiz recalcó que conoce 'más o menos' dicho programa, porque en el 'Gobierno nosotros ya estaba, pero es un programa policial para generar mayor efectividad en la capacidad de reacción' con 'información georeferenciada'. Hace dos semanas, el Congreso de El Salvador aprobó una reforma al Código Procesal Penal que crea la figura del 'agente encubierto digital'. La luz verde de los legisladores, de mayoría oficialista, fue rechazada por el ámbito periodístico y partidos de la oposición por considerarla una forma de legalizar el espionaje y un atentado a la libertad de expresión.
De acuerdo a la normativa, se considera evidencia de este tipo a 'los documentos digitales, mensajes electrónicos, imágenes, vídeos, datos y cualquier tipo de información que sea recibida o transmitida a través de tecnologías de la información y comunicación o por medio de cualquier dispositivo electrónico'.
Permitirá la realización de 'operaciones encubiertas digitales que resulten necesarias' para las investigaciones, lo que significa que, con autorización del fiscal general, se pueda recopilar información por medio de programas informáticos, sin indicar precisamente cómo afectará a los ciudadanos.
Durante la sesión del Congreso, el diputado oficialista Walter Coto argumentó a favor de la normativa al asegurar que, hasta ahora, la evidencia digital no estaba regulada y que ya que 'las nuevas tecnologías van innovando día a día', la 'legislación también debe modernizarse', añadiendo que 'se están utilizando las redes sociales con el objetivo de cometer hechos delictivos'.
Johnny Wright Sol, del partido opositor Nuestro Tiempo, aseguró que la reforma 'es la vía para legalizar el espionaje por medios digitales a críticos del Gobierno' y a periodistas. Para EMFI Securities, Estados Unidos impondrá más sanciones ante la decisión del Gobierno de Bukele de retrasar las extradiciones de miembros de pandillas pedidos por la justicia de Estados Unidos. 'En este escenario, parece imposible que el Gobierno pueda negociar un acuerdo con el FMI', acotó el análisis de EMFI.
