El programa, denominado Fomilenio II, 'es parte fundamental en la ruta de desarrollo incluyente y sustentable para El Salvador", dijo el presidente Salvador Sánchez Cerén en el lanzamiento de la iniciativa en una universidad privada de la periferia capitalina.
Estados Unidos proporcionará en los próximos cinco años US$277 millones de la Corporación Reto del Milenio (MCC, por su sigla en inglés), y el gobierno salvadoreño pondrá US$88 millones.
Del monto total, US$125,3 millones serán destinados a mejorar la infraestructura logística como carreteras en la región costera, y nuevas instalaciones en el puesto fronterizo con Honduras de El Amatillo.
El mandatario hizo referencia a la importancia que este convenio tendrá en la zona costero marina (donde se centrará la inversión de FOMILENIO II) y para todo el país, a través de la ejecución de sus tres componentes: capital humano, infraestructura logística y clima de inversiones.
Asimismo, destinará US$115,7 millones para alentar la productividad laboral en los jóvenes con una mejor educación, y otros US$92,4 millones para estimular el clima de inversiones.
'Tenemos grandes apuestas en estos cinco años. Queremos mejorar la productividad y competitividad de El Salvador', comentó la embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte.
El objetivo principal de la inversión, según Sánchez Cerén, es la reducción de la pobreza en el país con un desarrollo 'sostenible en el tiempo'.
El representante del sector privado en la Junta Directiva de FOMILENIO II, Roberto Murray Meza, también destacó la importancia de esta iniciativa para el futuro del país.
Con la entrada en vigencia del convenio "inician cinco años para sentar las bases para la transformación de este país, cinco años para crear condiciones de manera sostenible que nos ayuden a impulsar el crecimiento", dijo el representante empresarial.
En el programa Fomilenio I, que se desarrolló de 2008 a 2012 para levantar infraestructura en el norte del país para mitigrar la pobreza, Estados Unidos invirtió US$465 millones con una contrapartida de US$500 milllones del gobierno salvadoreño.
