Por estrategiaynegocios.net

La reforma fiscal planteada por el gobierno de Carlos Alvarado, que pretende sanear las finanzas públicas y evitarle al país una crisis económica, recibió el aval de la Sala IV, de acuerdo con lo anunciado por el presidente de la misma entidad, Fernando Castillo, en las últimas horas del viernes.

Por unanimidad, el tribunal constitucional declaró que no encontró vicios de procedimiento ni de forma en el proyecto, al analizar las consultas que le hicieron los diputados, lo que permite someterlo a votación en segundo debate para, posteriormente, pasarlo a la firma del presidente.

El plan fiscal reformará impuestos e introducirá medidas para contener el gasto. Transformará el impuesto de ventas en un impuesto sobre el valor agregado (IVA), con lo que se gravarán servicios hoy exentos, como los de abogados, los informáticos y los gimnasios, entre otros.

Además, aumenta hasta un 25% el impuesto de renta a los salarios y pensiones más altos.

A la vez, le pondrá freno al crecimiento exponencial del gasto en pluses salariales del sector público, como las anualidades y la dedicación exclusiva, al tiempo que congelará por dos años todos los salarios superiores a ¢4 millones en el Estado.

Este proyecto no requerirá de 38 votos para ser ratificado, pues los magistrados concluyeron que este no afectará el funcionamiento del Poder Judicial, a diferencia de lo que dijo la Corte Plena, la cual alegó que sí le afectaba en el tanto la reforma impondrá medidas de contención de gasto sobre los salarios públicos.

'La Sala Constitucional comunica que no encontró vicios de inconstitucionalidad en el trámite y en el fondo del expediente 20.580. El proyecto continúa su trámite en la Asamblea. Para ser votado ocuparía la mitad más uno de los diputados(as) presentes a la hora de votación', inicaba en redes sociales la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

La discusión y posterior aprobación en primer debate del Plan Fiscal provocó una serie de movimientos de huelga que suman ya 75 días. El sector más afectado por la huelga ha sido el de Educación, producto de la ausencia de miles de maestros y profesores de las aulas.

El apoyo hacia el proyecto provino de diez legisladores del Partido Acción Ciudadana (PAC), 15 de Liberación Nacional, nueve de la Unidad Social Cristiana (PUSC), uno del Republicano Social Cristiano y el independiente Erick Rodríguez.

Los votos negativos sumaron 14 diputados que, para ese momento, estaban todos en Restauración Nacional y hoy se dividen en seis del PRN y ocho del bloque de los independientes.

Los demás votos negativos fueron: uno del Frente Amplio, los tres de Integración Nacional (PIN), uno voto de la Unidad Social Cristiana (PUSC), dos de Liberación Nacional (PLN) y uno del Republicano Social Cristiano (PRSC).

La Sala IV llegó a estas conclusiones:

-No existe vicio en que el gasto estatal en la red de cuido y en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) se contabilicen dentro del 8% del PIB que se destina a la educación. "Se enfatiza que, en cuanto a la primera infancia, lo único que se admite son gastos relacionados con educación".

-No hay vicios de constitucionalidad en relación con los recursos destinados a las universidades públicas, "toda vez que el proyecto de ley mantiene el gasto nominal del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y de las rentas propias de las universidades, con respecto al presupuesto vigente al momento de la aprobación de ley".

-No hay vicio en la eliminación de los destinos específicos para el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) porque se mantiene el presupuesto nominal vigente al momento de la aprobación de la ley, al igual que con los fondos para otras entidades como el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

-No se consideró inconstitucional que la reforma establezca que solo se podrán crear incentivos salariales por ley, con excepción de los que se aprueben por convenciones colectivas, es decir, acuerdos entre patronos y sindicatos, en vista de que el país ha firmado convenios internacionales en ese sentido.

Fernando Castillo, presidente del tribunal, argumentó que si un ciudadano considera que se comete un exceso con un incentivo concedido vía convención colectiva, tiene el derecho de ir a la Sala IV para que esta corrija el exceso según principios de proporcionalidad, razonabilidad y buen manejo de los fondos públicos.

- Por otra parte, la Sala si mostró reserva en cuanto a la obligatoriedad de que los jerarcas denuncien las convenciones colectivas a su vencimiento, para renegociarlas, pues "se interpreta que cada jerarca de las entidades públicas tiene la potestad de denunciar o no", según la Constitución Política, los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la jurisprudencia del tribunal constitucional.

-No hubo objeción sobre las amnistías tributarias introducidas en el proyecto para los deudores del IMAS, el Instituto, las cuales permitirían a los deudores salvarse de los intereses y hasta 80% de los intereses y multas a cambio de cancelar las deudas tributarias, pendientes antes del 1 .° de octubre del 2017, en un plazo máximo de tres meses.

-Sobre la afectación al Poder Judicial, la Sala IV concluyó que ni siquiera era necesario que la Asamblea le consultara el proyecto a la Corte "puesto que, a la luz de los artículos 9, 153 y 167 de la Constitución Política, dicho proyecto no viene a afectar la organización o funcionamiento del Poder Judicial, toda vez que mantiene sus competencias constitucionales propias".

Reacciones

Alvarado, en una conferencia de prensa, acompañado por su esposa y su gabinete económico, dijo que valoraba como 'muy positiva, esta consulta que permite que tengamos pronto un segundo debate, de este importatísimo proyecto para Costa Rica, hago un respetuoso llamado para que los diputados y las diputadas, para cuando sea posible sea votado en un segundo debate de manera pronta', agregó.

'Este capítulo abre una etapa de esperanza, de estabilidad económica y social, una etapa de crecimiento, una etapa que proyecta ser venturosa si seguimos trabajando con amor y valor por el país', indicaba.

'Esperamos concluir este 2018 con una reforma fiscal', señalaba la ministra de finanzas, Rocío Aguilar, a su vez de agredecer a los organismos internacionales que los han apoyado.

Luis Diego Herrera, analista económico de Grupo Financiero ACOBO, asegura que 'la resolución favorable de la Sala Constitucional a la consulta realizada por algunos diputados sobre el proyecto de ley 20,580 es un primer paso para restaurar la confianza de la ciudadanía'.

'Las autoridades económicas actuales deben de ser conscientes de que aún se deben modificar aspectos adicionales en los distintos ámbitos del quehacer económico', agregó.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Costa Rica catalogó como positiva la resolución de los magistrados.

'Desde el sector comercio consideramos que esta reforma es fundamental para evitar que el país caiga en una crisis de grandes proporciones, con especial impacto en el desempleo. Será necesario que en el corto plazo se aprueben otras reformas que integren una reducción urgente, inmediata y necesaria del tamaño del gasto público', indicaban en un comunicado.