12 hombres sin piedad (Twelve ungry men, en su versión original) es el título de una película judicial, en el que un jurado decide en un juicio por homicidio; en un principio, había casi unanimidad por sentenciar al acusado, con una sola voz discrepante, pero a lo largo de la cinta se va sembrando la duda en el resto de personas del jurado. Una obra maestra de Sidney Lumet que mantiene en tensión al espectador hasta el final.
Algo parecido puede ocurrir en los próximos días en Costa Rica, con la diferencia de que, en este caso, es todo un país el que espera la resolución de la Sala Constitucional (también conocida como Sala IV) sobre la reforma fiscal, la tan traída y llevada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tramitado en el expediente 20.580 de la Asamblea Legislativa.
La decisión recae en los hombros de siete magistrados de la Sala IV (seis titulares y un suplente, pues Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, anunció en octubre que se inhibía), todo un país está pendiente de esa resolución, que marcará su futuro, para bien o para mal.
¿Estamos a tiempo de evitar la catástrofe? El politólogo Gustavo Araya no es excesivamente optimista, sea cual sea el resultado de la votación: "El fallo de la Sala IV con el matrimonio igualitario dio 18 meses a la Asamblea Legislativa, creo que saldrá con un pronunciamiento similar, que defina que hay una atención que debe darse a la crisis fiscal, pero instruya un mecanismo que nos haga perder tiempo. Pero un plan fiscal perfecto dentro de cuatro meses no nos sirve para nada, sería un plazo inoperante", aduce el politólogo, quien cree que el país vive tanto "una judicialización de la política, como una politización de la judicatura".
Ya las distintas calificadoras han advertido que, de no pasar el plan fiscal, la calificación de Costa Rica caerá; y la escalada del dólar (entre el 25 de octubre y el 6 de noviembre, cuando el tipo de cambio promedio en Monex pasó de 598,93 colones por dólar, a 628,85 -había comenzado el año en 569,80-; ahora ha se ha calmado y ha vuelto a caer en torno a los 600) hizo entrar en pánico a todo un país, que vive semidolarizado, con múltiples créditos otorgados en dólares, pero con gente que recibe sus salarios en colones.
El déficit fiscal cerró 2017 en el 6,2 % del Producto Interno Bruto (PIB), y la proyección de este año es del 7,1 %. Con el plan fiscal que pretende el Gobierno de Carlos Alvarado apenas cerraría una brecha de 1,2 % del PIB, que junto a otras medidas de recortes y contención del gasto del 3,7 % del PIB, de cara a 2022, según cálculos del Banco Central; pero ha encontrado serias resistencias tanto por parte de los sindicatos (con fuertes huelgas de empleados públicos), como de algunos partidos de la oposición.
La deuda del país alcanzará el 53 % a final de año, y se dispararía hasta el 60,6 % en 2019, en caso de no pasar la reforma tributaria, el 59,6 % si lo hiciera.
Costa Rica destinó el 32,6% de su presupuesto al servicio de la deuda, una cifra que subirá al 37,6% y escalará hasta el 42% en 2019.
Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) estas cifras muestran que el polémico proyecto es claramente insuficiente, y que será necesario un segundo plan, con mayores ajustes, en un futuro no muy lejano. El ajuste ideal, apunta el Icefi, debería ser (al menos) del 4,8 % del PIB.
Un país en riesgo
Los asuntos más espinosos en el proyecto de ley son el cambio de Impuesto de Ventas (IV) a Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) del 13 % (que también gravaría los servicios, hasta hoy exentos del IV), con un IVA diferenciado del 1 % para productos de la canasta básica, y una reforma al empleo público (en la que se propone recortar los "excesivos" beneficios del sector público); temas que han encontrado dura oposición en la calle, y en el parlamento.El riesgo del default existe, por mucho que los sectores contrarios al plan fiscal se empeñen en negarlo, lo que podría acarrear "cosas tan extremas como no poder contar con recursos suficientes para no poder salarios en el Estado, luego obligaría al gobierno a un recorte mayor en gasto, lo que podría significar vía presupuestaria el recorte de clases, o cierre técnico de instituciones. Y obligaría al gobierno a incurrir en deuda más cara, en un ambiente especulativo, con un círculo vicioso de endeudamiento que no se veía desde los primeros ochentas", explica Gustavo Araya.
El economista Daniel Suchar tiene muy claro qué ocurrirá si el plan fiscal supera el ‘examen’ de la Sala IV: "Habrá un fortalecimiento de las finanzas, buena imagen en el exterior, y una hoja de ruta. Bajaría la incertidumbre al país, y habría estabilidad en los macroprecios: tipo de cambio, tasa de interés, e inflación; lo que daría mayor credibilidad a los inversionistas. No es el mejor plan fiscal que tenemos, se puede mejorar, pero es lo que tenemos ahora. Hay que empezar ahora, porque ya no tenemos más tiempo, ni dinero".
Ahora bien ¿Qué pasa si no pasa el tan traído y llevado expediente 20.580, por el filtro constitucional? Suchar apunta que "se va a seguir abriendo la brecha fiscal, donde no va a haber más dinero para cubrir los gastos, no vamos a conseguir el dinero tan rápido, por lo que vamos a seguir endeudándonos y no vamos a poder tener una imagen buena en el exterior".
Pero, ¿Cómo afectará eso en el día a día de los ciudadanos, en el futuro del país? El economista apunta que "habría recortes de personal en el sector público, venta de activos, cierre de instituciones… También va a haber desestabilización en los macroprecios, porque van a haber cambios bruscos en tipo de cambio, subirán las tasas de interés y la inflación; mucho mayores a las actuales"; algo que incidirá en una menor inversión extranjera y nacional, "así crecerá el desempleo, las calificadoras de riesgo nos van a empeorar la cifra, y habrá dificultad de colocar los bonos, un menor crecimiento", explica Suchar, quien asevera que es necesario "no postergar más las decisiones, y sí tomar la senda del crecimiento que nos hace falta".
El gremialismo, el corporativismo, ha quedado al desnudo en Costa Rica. Los diversos sectores actúan en cuando les tocan que es suyo. Y el poder judicial no es inmune a ello.
A juicio de Araya ha quedado en evidencia "una conformación insular, un archipiélago de instituciones, cada una velando por sus ingresos propios. El caso más significativo es el de la Corte Suprema de Justicia (presidida por Fernando Cruz), quien argumenta que tocar el régimen pensiones y salarios iría en contra de la independencia judicial, como si un juez por hambre, o un menor salario, pudiera ser posible comprarlo".
Según el politólogo, queda mucho camino por recorrer en este ámbito: "Se ve en municipalidades, instituciones autónomas, en las universidades; que hay un manejo muy individualista, lejos de pensar en una mirada país, un problema ha quedado al descubierto" y en el que se han retratado desde las distintas universidades públicas, con el ‘no me toquen lo que es mío’, hasta el ya mencionado poder judicial.
¿Cómo termina la película? En la de Lumet, los 12 hombres sin piedad absuelven al acusado por duda razonable (no por la seguridad de que este sea inocente; digamos que no me podrán acusar de hacer un spoiler a una cinta de 1957). Los siete entogados de la Sala IV ¿Absolverán al plan fiscal, ante la duda razonable de que este pueda salvar al país de una profunda crisis? ¿O se mostrarán inflexibles ante cualquier nimiedad a la que puedan agarrarse para echarlo atrás? La cosa es que, en esta ocasión, no podemos sentarnos ante la pantalla para ver cómo se resuelve la película, sino que usted, su familia, sus amigos (y enemigos), todos, somos los protagonistas de esta cinta.
