Por AFP
Los jueces de la sala tercera de la Corte de Apelaciones de la capital argumentaron que la acusación contra Arzú se fundamentó en hechos 'espurios', según la resolución leída por la jueza Beyla Estrada.
El pasado 5 de octubre, la fiscalía y la Comisión de la ONU contra la impunidad en Guatemala (Cicig) solicitaron quitar la inmunidad a Arzú al considerar que había incurrido en delitos de peculado y sustracción para financiamiento electoral ilícito.
Arzú ha sido cinco veces alcalde de Ciudad de Guatemala, los últimos tres periodos de forma consecutiva.
Según el tribunal, la acusación se basó 'en hechos que no pudieron comprobarse y no existe fundamento serio'.
La resolución ratifica el fallo de la jueza Judith Secaida, quien en febrero pasado señaló que Arzú debía conservar la inmunidad porque 'no era viable la formación de causa'.
De acuerdo con la solicitud para retirar la inmunidad, Arzú entre 2013 y 2015 recibió bienes y servicios de una empresa para su campaña política, pero eran pagados con fondos municipales.
La empresa era propiedad del capitán retirado Byron Lima, asesinado el 18 de julio de 2016 durante un motín en la cárcel en la que estaba detenido.
Lima era considerado el verdadero poder del Sistema Penitenciario mientras guardaba prisión por estar condenado por la muerte del reconocido obispo humanitario Juan Gerardi.
Gerardi fue asesinado en 1998 durante la administración de Arzú, quien como presidente en 1996 firmó la paz con la guerrilla para poner fin a 36 años de guerra (1960-1996).
Los jueces de la sala tercera de la Corte de Apelaciones de la capital argumentaron que la acusación contra Arzú se fundamentó en hechos 'espurios', según la resolución leída por la jueza Beyla Estrada.
El pasado 5 de octubre, la fiscalía y la Comisión de la ONU contra la impunidad en Guatemala (Cicig) solicitaron quitar la inmunidad a Arzú al considerar que había incurrido en delitos de peculado y sustracción para financiamiento electoral ilícito.
Arzú ha sido cinco veces alcalde de Ciudad de Guatemala, los últimos tres periodos de forma consecutiva.
Según el tribunal, la acusación se basó 'en hechos que no pudieron comprobarse y no existe fundamento serio'.
La resolución ratifica el fallo de la jueza Judith Secaida, quien en febrero pasado señaló que Arzú debía conservar la inmunidad porque 'no era viable la formación de causa'.
De acuerdo con la solicitud para retirar la inmunidad, Arzú entre 2013 y 2015 recibió bienes y servicios de una empresa para su campaña política, pero eran pagados con fondos municipales.
La empresa era propiedad del capitán retirado Byron Lima, asesinado el 18 de julio de 2016 durante un motín en la cárcel en la que estaba detenido.
Lima era considerado el verdadero poder del Sistema Penitenciario mientras guardaba prisión por estar condenado por la muerte del reconocido obispo humanitario Juan Gerardi.
Gerardi fue asesinado en 1998 durante la administración de Arzú, quien como presidente en 1996 firmó la paz con la guerrilla para poner fin a 36 años de guerra (1960-1996).
