Por Univision.com
El día que lo destituyeron, el vicealcalde Leonel Rojas sintió rabia. Sospechaba que su partido, el Frente Sandinista, gestaba un golpe en su contra, pero que carecían 'de valor', como explica él, para decirlo personalmente. El documento fue arrojado por debajo de la puerta de su vivienda. El Concejo Municipal del departamento de Jinotepe, en Nicaragua, decidió apartarlo del cargo. Todo sucedió "sin argumentos legales", de acuerdo al exfuncionario.
Esto pasó en 2010, cuatro años después que el comandante Daniel Ortega regresara a la presidencia de este país e instalara un control directo sobre las 140 alcaldías que su partido controla. Las 153 alcaldías de Nicaragua están protegidas por la ley de Autonomía Municipal. Esta, en teoría, les permite autoadministrarse de forma independiente, sin depender del poder ejecutivo nacional. Sin embargo, el estilo autoritario del gobierno de Ortega -a través del Frente Sandinista- pasa por encima de la ley. "Ha impuesto una recentralización del poder", resumió el sociólogo Manuel Ortega Hegg a CityLab Latino.
El vicealcalde Rojas comenzó a tener diferencias con las orientaciones del partido. Se negó, por ejemplo, a dar espacio en las sesiones a los llamados ‘secretarios políticos’, funcionarios medios del partido en las municipalidades. No cumplir estos lineamientos lo terminó llevando a la destitución. Desde 2008, 34 alcaldes y vicealcaldes han sido destituidos en Nicaragua, la mayoría por incumplir las órdenes que emanan de la presidencia sandinista, asentada en la capital, Managua.
El autoritarismo del sistema es parecido al modelo cubano, donde el partido único tiene más prerrogativas que las leyes. "El partido dice esto es que lo que se tiene qué hacer y nadie puede contradecir nada", explicó Rojas.
Aunque la ley no lo dice, en la práctica estos los secretarios políticos tienen más poder que los funcionarios municipales electos por el voto popular. Son capaces de influir en decisiones como si se construye una obra o no. Además, poseen comunicación directa con la presidencia de la república, encabezada por Ortega y la primera dama Rosario Murillo, vicepresidenta desde noviembre de 2016.
Así, estos personeros del Frente Sandinista se sitúan por encima de las autoridades y son quienes ejercen el poder real en las municipalidades. "Son los encargados de hacer que se cumpla la línea del partido", afirmó Rojas a Citylab Latino.
La intolerancia política al desacato de los funcionarios sandinistas también han dejado otro sinnúmero de concejales destituidos. El último caso sucedió en marzo de 2017. La concejal del municipio turístico de San Juan del Sur, Heidy Herrera Obando (también sandinista), fue apartada del cargo por fotografiarse junto a la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu.
El Frente Sandinista la acusó "deslealtad política" (Nicaragua y EEUU experimentan una tensa relación política, aunque son socios en lo comercial). Cuatro días después de que la foto circuló en la red social Facebook, el Concejo Municipal sesionó de urgencia y aprobó la destitución de Herrera, quien aparece en la foto con la diplomática en calidad de directora de la biblioteca de San Juan del Sur.
Debido a que la Ley de Municipios en Nicaragua no establece la destitución de un funcionario electo por decisiones partidarias, el Frente Sandinista habla de "renuncias", bajo argumento de "problemas personales", "problemas de salud" y otros. Los secretarios políticos son quienes redactan estas "cartas de renuncia" y obligan a los destituidos a firmarlas. Pero la concejal Herrera no firmó.
Solo el Poder Electoral puede notificar la destitución de una autoridad electa popularmente, pero ese principio ha sido violado. El miedo a represalias impera en los municipios. Mientras entrevistábamos a Herrera en la biblioteca, dos motocicletas rondaban el inmueble. "Son los del partido", aclaró la concejal con miedo. La mayoría de los destituidos guardan silencio y no se oponen a la decisión partidaria. En el caso del vicealcalde Rojas, la justicia nacional lo amparó, pero eso no importó y Rojas tuvo que dejar su cargo a la fuerza.
Contrario a lo que sucede en Venezuela, donde el gobierno de Nicolás Maduro le ha declarado la guerra a alcaldes opositores, en Nicaragua los afectados son alcaldes sandinistas. De los 34 descabezados, apenas dos han sido opositores.
Una imposición que afecta el desarrollo de los municipios
Uno de los principios de la Autonomía Municipal es que cada municipalidad responda a las necesidades particulares que presenten, en dependencia de su naturaleza social, productiva y geográfica. Sin embargo, la vicepresidenta Rosario Murillo ha orientado "una sola línea". Una de las prioridades del gobierno central es la construcción o remozamiento de parques equipados con internet inalámbrico gratuito, pero muchas veces los municipios necesitan otras obras, como caminos, escuelas y hospitales.
En 2014, la zona de La Conquista estaba siendo severamente afectada por la sequía. Su alcalde, Enrique Ramón López, modificó el presupuesto municipal para construir una represa. Su propósito era salvar las plantaciones de los agricultores, pero la decisión se estrelló con un poderoso operador político de la pareja presidencial: Fidel Moreno, un leal de la vicepresidenta Murillo. "Tuve una discusión con Fidel. Me dijo que no modificara [el presupuesto] y yo le dije que lo iba a modificar", relató López. Este edil es uno de los pocos en reconocer públicamente sus diferencias con el partido. "No hubo más palabras. Eso fue todo. Por eso presenté mi renuncia". En Nicaragua, las decisiones de la pareja presidencial son la ley, sin importar que eso pase a llevar a las necesidades de las ciudades y pueblos.
El día que lo destituyeron, el vicealcalde Leonel Rojas sintió rabia. Sospechaba que su partido, el Frente Sandinista, gestaba un golpe en su contra, pero que carecían 'de valor', como explica él, para decirlo personalmente. El documento fue arrojado por debajo de la puerta de su vivienda. El Concejo Municipal del departamento de Jinotepe, en Nicaragua, decidió apartarlo del cargo. Todo sucedió "sin argumentos legales", de acuerdo al exfuncionario.
Esto pasó en 2010, cuatro años después que el comandante Daniel Ortega regresara a la presidencia de este país e instalara un control directo sobre las 140 alcaldías que su partido controla. Las 153 alcaldías de Nicaragua están protegidas por la ley de Autonomía Municipal. Esta, en teoría, les permite autoadministrarse de forma independiente, sin depender del poder ejecutivo nacional. Sin embargo, el estilo autoritario del gobierno de Ortega -a través del Frente Sandinista- pasa por encima de la ley. "Ha impuesto una recentralización del poder", resumió el sociólogo Manuel Ortega Hegg a CityLab Latino.
El vicealcalde Rojas comenzó a tener diferencias con las orientaciones del partido. Se negó, por ejemplo, a dar espacio en las sesiones a los llamados ‘secretarios políticos’, funcionarios medios del partido en las municipalidades. No cumplir estos lineamientos lo terminó llevando a la destitución. Desde 2008, 34 alcaldes y vicealcaldes han sido destituidos en Nicaragua, la mayoría por incumplir las órdenes que emanan de la presidencia sandinista, asentada en la capital, Managua.
El autoritarismo del sistema es parecido al modelo cubano, donde el partido único tiene más prerrogativas que las leyes. "El partido dice esto es que lo que se tiene qué hacer y nadie puede contradecir nada", explicó Rojas.
Aunque la ley no lo dice, en la práctica estos los secretarios políticos tienen más poder que los funcionarios municipales electos por el voto popular. Son capaces de influir en decisiones como si se construye una obra o no. Además, poseen comunicación directa con la presidencia de la república, encabezada por Ortega y la primera dama Rosario Murillo, vicepresidenta desde noviembre de 2016.
Así, estos personeros del Frente Sandinista se sitúan por encima de las autoridades y son quienes ejercen el poder real en las municipalidades. "Son los encargados de hacer que se cumpla la línea del partido", afirmó Rojas a Citylab Latino.
La intolerancia política al desacato de los funcionarios sandinistas también han dejado otro sinnúmero de concejales destituidos. El último caso sucedió en marzo de 2017. La concejal del municipio turístico de San Juan del Sur, Heidy Herrera Obando (también sandinista), fue apartada del cargo por fotografiarse junto a la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu.
Excelente el trabajo de #Biblioteca San Juan del Sur! Gracias Jane y a todo su equipo por promover la lectura en los niños de #SanJuandelSur pic.twitter.com/Invw19M8FP
- Laura Dogu (@USAmbNicaragua) 23 de marzo de 2017
El Frente Sandinista la acusó "deslealtad política" (Nicaragua y EEUU experimentan una tensa relación política, aunque son socios en lo comercial). Cuatro días después de que la foto circuló en la red social Facebook, el Concejo Municipal sesionó de urgencia y aprobó la destitución de Herrera, quien aparece en la foto con la diplomática en calidad de directora de la biblioteca de San Juan del Sur.
Debido a que la Ley de Municipios en Nicaragua no establece la destitución de un funcionario electo por decisiones partidarias, el Frente Sandinista habla de "renuncias", bajo argumento de "problemas personales", "problemas de salud" y otros. Los secretarios políticos son quienes redactan estas "cartas de renuncia" y obligan a los destituidos a firmarlas. Pero la concejal Herrera no firmó.
Solo el Poder Electoral puede notificar la destitución de una autoridad electa popularmente, pero ese principio ha sido violado. El miedo a represalias impera en los municipios. Mientras entrevistábamos a Herrera en la biblioteca, dos motocicletas rondaban el inmueble. "Son los del partido", aclaró la concejal con miedo. La mayoría de los destituidos guardan silencio y no se oponen a la decisión partidaria. En el caso del vicealcalde Rojas, la justicia nacional lo amparó, pero eso no importó y Rojas tuvo que dejar su cargo a la fuerza.
Contrario a lo que sucede en Venezuela, donde el gobierno de Nicolás Maduro le ha declarado la guerra a alcaldes opositores, en Nicaragua los afectados son alcaldes sandinistas. De los 34 descabezados, apenas dos han sido opositores.
Una imposición que afecta el desarrollo de los municipios
Uno de los principios de la Autonomía Municipal es que cada municipalidad responda a las necesidades particulares que presenten, en dependencia de su naturaleza social, productiva y geográfica. Sin embargo, la vicepresidenta Rosario Murillo ha orientado "una sola línea". Una de las prioridades del gobierno central es la construcción o remozamiento de parques equipados con internet inalámbrico gratuito, pero muchas veces los municipios necesitan otras obras, como caminos, escuelas y hospitales.
En 2014, la zona de La Conquista estaba siendo severamente afectada por la sequía. Su alcalde, Enrique Ramón López, modificó el presupuesto municipal para construir una represa. Su propósito era salvar las plantaciones de los agricultores, pero la decisión se estrelló con un poderoso operador político de la pareja presidencial: Fidel Moreno, un leal de la vicepresidenta Murillo. "Tuve una discusión con Fidel. Me dijo que no modificara [el presupuesto] y yo le dije que lo iba a modificar", relató López. Este edil es uno de los pocos en reconocer públicamente sus diferencias con el partido. "No hubo más palabras. Eso fue todo. Por eso presenté mi renuncia". En Nicaragua, las decisiones de la pareja presidencial son la ley, sin importar que eso pase a llevar a las necesidades de las ciudades y pueblos.
