El mandatario Juan Orlando Hernández (JOH) asumió la presidencia con fuerza, decisión y planes concretos. Durante los primeros meses de gobierno, el accionar de JOH y su gabinete parecía una aplanadora que no se detendría. Obtenía lo que deseaba y hasta logró el voto favorable de un sector de la oposición para un par de iniciativas controversiales. Y entonces, ¿qué pasó?
El primer freno a ese empuje fue la negativa del Congreso (donde la oposición es mayoría) a la constitucionalidad de la Policía Militar del Orden Público. JOH asimiló el golpe y siguió adelante. Logró que se instalara en el centro de la escena el espinoso tema de la reelección presidencial sin desgastarse ni un ápice. Dejó esa ingrata labor a su correligionario, el también nacionalista Rafael Leonardo Callejas (expresidente, 1990-1994), quien apareció ante la opinión pública como "el ambicioso de poder" al manifestarse con la vocación de volver a la presidencia como candidato del Partido Nacional, mientras JOH se limitaba a responder a la prensa que a él "lo dejaran trabajar, porque eso necesita el país", y que "no le hablaran de cuestiones como la reelección".
Sin embargo, tras el triunfo en ese tema, cuando las mieles del poder le volvían a sonreír, las fotocopias de dos cheques embarraron la cancha y el juego se tornó sucio y enredado, sacando a la luz no solo secretos muy bien guardados, sino viejos rencores dentro del oficialismo.
Concretamente a inicios de junio, la bomba de corrupción estallada en la administración del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) -que involucra unos US$330 millones y, dicho sea, el gobierno venía investigando- terminó enviando una esquirla al corazón del propio Partido Nacional (PN). Supuestos cheques (por unos US$148.000) provenientes de empresas beneficiadas con fondos del IHSS habrían llegado al PN para financiar la campaña política de Hernández.
El presidente hondureño se defendió entonces: "Una parte de esos cheques eran de la época en que Ricardo álvarez presidía el partido (PN), yo no sé en este momento si él ya habrá rendido declaración o no, pero todo mundo tiene que rendir declaración y después el juzgado, dar su resolución".
Nadie habla de ellos, pero allí están y, según fuentes partidarias de alto nivel, esos cheques fueron detonantes de peligrosas fricciones dentro del partido de gobierno, que en los últimos dos meses desencadenaron ‘pases de cuentas’ con efecto dominó. De hecho, a los desplantes oficiales a Ricardo álvarez (quien, cabe recordar, es exalcalde de la capital Tegucigalpa y designado presidencial) se sucedieron las quejas y cuasi denuncias de este, que terminaron impactando al expresidente Porfirio Lobo Sosa (también nacionalista).
"Me da asco lo que pasó con el Seguro Social, condeno el latrocinio que hicieron allí, pero a mí Lobo no me entregó ninguna institución del Estado (para desfalcarla), yo lo único que manejé es la alcaldía", dijo álvarez, quien admitió ser amigo del exdirector del IHSS, Mario Zelaya (hoy preso y acusado por malversación de caudales públicos, fraude, abuso de autoridad y lavado de activos en perjuicio del Seguro Social), pero aseguró desconocer los supuestos cheques que habrían financiado la campaña de Hernández, cuando él presidía el PN. En medio de estas acusaciones cruzadas (explícitas y veladas) ocurrió lo que muchos esperaban, pero recién ahora se concretó: el arresto en Haití de Fabio Lobo, hijo del expresidente Lobo, acusado de un supuesto delito de narcotráfico.
¿Qué pasó realmente en el IHSS y hasta dónde llegan los tentáculos del pulpo de corrupción que se movió desde allí? ¿Quiénes y con qué motivos enlazaron el escándalo del IHSS con Casa Presidencial? No solo en el gobierno se preguntan cómo llegaron las fotocopias de esos cheques, archivados en los expedientes que la Fiscalía del Ministerio Público tiene sobre el caso IHSS, a manos de uno de los principales comunicadores de la oposición: el director y propietario de Radio Globo y Globo TV, David Romero Ellner.
¿Fue, como se dice en los mentideros políticos locales, un empleado sobornado por Romero Ellner? ¿O fue un nacionalista despechado quien hizo la entrega? Solo Romero Ellner lo sabe, y no lo dirá. Lo cierto es que estos cheques dieron vuelta el panorama político de un día para el otro. Y, sobre todo, encendieron la indignación popular por razones más que evidentes: el poder (Ejecutivo) que estaba impulsando la investigación de la corrupción más lacerante para la sociedad (la del IHSS, que produjo más de 3.000 muertos por falta de atención adecuada) termina envuelto en sus propias redes. Demasiado para los niveles de tolerancia social.
Respuestas fallidas
Desatada la "crisis de los cheques", el agravante fue que el gobierno de Juan Orlando Hernández no atinó a dar respuestas unificadas, coherentes y creíbles por varios días. Primero, el Partido Nacional dio un comunicado asegurando que no existían cheques del IHSS en su contabilidad y argumentó que todo se trataba de un intento de complot contra el gobierno. Luego, el propio Presidente admitió que habían llegado los cheques.
Más tarde, algunos funcionarios cayeron en el ridículo con sus declaraciones, como el diputado que se preguntó ante la Cámara si "sólo la corrupción nacionalista era mala y la de la oposición era buena", recibiendo un duro insulto de un compañero de bancada por su intempestiva e inadecuada frase.
Las marchas de las antorchas del movimiento "Indignados", que cada viernes se despliega por las calles de la capital (fueron siete en total hasta el cierre de esta edición) empezaron a dar señales claras a la clase política: la sociedad no acepta ningún tipo de corrupción, cualquiera sea su signo. De hecho, la oposición político-partidaria se quiso sumar, pero encontró serios obstáculos para utilizar esas manifestaciones populares en provecho propio.
Hernández capeó el temporal como pudo, sacando a las calles a sus propias huestes con reclamos de justicia "caiga quien caiga", tan solo para neutralizar los embates opositores.
Ante la propuesta opositora de crear una Comisión Internacional contra la Impunidad, a la manera de la Cicig que actúa en Guatemala con el patrocinio de la ONU, el primer mandatario propuso un diálogo nacional y la creación de una comisión con figuras nacionales para el mismo fin, pero conducida por los tres poderes del Estado.
Las reacciones fueron las esperadas: negativas de los partidos políticos de oposición, un no rotundo del movimiento Indignados y posiciones desde tímidamente positivas hasta francamente adherentes de sectores sociales, iglesias, empresarios y sindicatos sin mucho compromiso político. Sin embargo, tras el aval de la OEA y de la ONU, parece que el diálogo tiene posibilidades de avanzar.
En cadena nacional de radio y televisión, el pasado 6 de julio el Presidente se congratuló del éxito de su iniciativa, mencionando unos 18 sectores de la sociedad hondureña como adherentes al llamado. Empero, la oposición política todavía no accede al pedido y se muestra escéptica sobre las reales intenciones del hombre de Lempira.
Más allá del grado de manipulación que el Presidente pretenda o no hacer del diálogo nacional, lo cierto es que en Honduras -como ya en El Salvador y Guatemala- las condiciones para la lucha contra la corrupción, la impunidad y el crimen organizado comenzaron a estar definidas desde Washington.
"Creo que sería inteligente para El Salvador y Honduras buscar un aporte o una ayuda de la comunidad internacional. Cada país tiene que determinar cuál sería la estructura, pero la Cicig funcionó bien", recomendó el consejero del Departamento de Estado de los EE.UU., Thomas Shannon, en una visita que realizó la primera semana de julio a El Salvador y Honduras, países donde abordó con sus respectivos gobiernos las alternativas para la concreción de la Alianza para la Prosperidad, un programa por el que EE.UU. aportaría al Triángulo Norte (GT-HN-ES) un total de entre US$650 millones y US$1.000 millones para combatir el crimen y la inseguridad en el marco de una institucionalidad que no tolere la corrupción ni la impunidad.
Estados Unidos está interesado en este plan para detener la ola inmigratoria procedente de estos países, pero, claro está, no quiere entregar el dinero que pagan los contribuyentes estadounidenses a tres sistemas políticos presos de debilidad institucional, por efecto de la corrupción y la impunidad.
Bisagra para el gobierno
Juan Orlando Hernández está, sin duda, ante una bisagra que puede marcar el futuro de su gobierno. La emprendió, desde el primer momento de su gestión, contra el crimen organizado, en especial contra carteles del narcotráfico y extorsionadores, la corrupción y toda forma de delito. Alcanzó éxitos sin precedentes en la historia reciente del país.
Sin embargo, no tuvo en la mira a miembros de familias poderosas cuya supuesta implicancia en casos de corrupción eran vox populi. Metió a la cárcel a alcaldes de su propio partido, procesó ex diputados y algunos ex funcionarios, conservadores y algunos liberales, pero hasta el momento de la aparición de los cheques "envenenados", dejó que los casos contra exfuncionarios zelayistas siguieran engavetados, honrando el supuesto acuerdo secreto suscripto entre los expresidentes Porfirio Lobo y Manuel Zelaya, tras el Acuerdo de Cartagena.
Rixi Moncada (extitular de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social), Rebeca Santos (exministra de Finanzas), Rodolfo Padilla Sunseri (exalcalde de San Pedro Sula) y el más mediático Enrique Flores Lanza (exministro de la Presidencia), entre otros, respiraban con cierta calma, pero de un día para el otro, una Justicia controlada por el Ejecutivo, desengavetó todos los expedientes y se puso al día con comparecencias, órdenes de captura y otros procedimientos legales. Moncada está involucrada en varias causas por desvío de fondos; Rebeca Santos y Flores Lanza, imputados por haber recibido millones del Banco Central para hacer una consulta popular ordenada por Zelaya, y Padilla Sunseri, por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
Así las cosas, el primer nombre "poderoso" que conoció el arresto fue Schucri Kafie, un empresario acusado de sobrevalorar medicamentos con destino al IHSS y a la Secretaría de Salud.
Los abogados de su empresa, Dimesa, contraatacaron con toda la fuerza legal y mediática de la que pudieron echar mano, pero Kafie sigue detenido, aunque en un centro de salud. Pocos días después, dio inicio un caso que, seguramente, será testigo y emblemático de las verdaderas intenciones a largo plazo del presidente Hernández en su lucha contra la corrupción: la familia Gutiérrez, todopoderosa hasta el momento, fue acusada de vender medicamentos en mal estado, o falsos, a la Secretaría de Salud y al IHSS. La figura más conocida de esa familia es Lena Gutiérrez, diputada nacionalista y vicepresidenta del Congreso Nacional. Una aliada incondicional de JOH, que hoy en día se encuentra en la mira de la Justicia y de los medios de comunicación.
Los Gutiérrez son propietarios de varias empresas: Administradora de Redes S.A., Astropharma S.A,, Gutiérrez Courier Cargo SA de CV y Agencia Aduanera y Naviera Marco Tulio Gutiérrez S.A. También tienen intereses en el Club Motagua, uno de los dos grandes del fútbol hondureño, a través de una empresa radicada en Panamá: Eagle Blue.
Se dice que es un caso testigo, o emblemático, porque de la resolución que tome la Justicia dependerá la credibilidad del gobierno en su lucha anticorrupción. Si la Justicia determina culpabilidad de los Gutiérrez y sigue adelante con los procesos legales, involucrando a una aliada del Presidente, la oposición tendrá menos argumentos contra este.
Empero, si las declaraciones de Lena responden a documentos públicos que, aunque eventualmente pudieran estar amañados, son aceptados por la Justicia y los Gutiérrez son declarados inocentes, las cosas pueden enrarecerse aún más de lo que ya lo están. Analistas locales aseguran que todo esto bien puede ser un "espectáculo" montado por JOH para que parezca que va con todo, "caiga quien caiga", pero con la intención de deslindar responsabilidades de la familia de su aliada en el Congreso y dejar a todos ellos fuera de sospechas.
El Presidente cuenta con grandes ventajas en su lucha por permanecer en el poder sin sufrir más sobresaltos, siempre y cuando acierte con las medidas a tomar y algunos de sus funcionarios sean más asertivos en la comunicación ante la prensa.
Por un lado, el movimiento de Indignados corre el riesgo de morir de a poco, pues carece de un liderazgo públicamente reconocido y con planes a largo plazo, que vayan más allá de la protesta puntual por los casos de corrupción. Este tipo de manifestaciones populares suelen agotarse pasado un tiempo, y el ejemplo más cercano son las concentraciones estudiantiles de inicios de este año. Tras un período de vacaciones corto, no resurgieron. Claro que también hubo un par de extraños asesinatos nunca esclarecidos de por medio, pero explicados por las autoridades como "ajenos al conflicto". Faltaba liderazgo y no había motivaciones más allá de un par de reclamos a la Secretaría de Educación. Puede ocurrir lo mismo con los Indignados, aunque en este caso, la movilización social pueda perdurar por un tiempo más.
La oposición política está conducida por tres líderes sin la suficiente capacidad como para aglutinar a todos. Ni Manuel Zelaya (Partido Libre), ni Mauricio Villeda (Partido Liberal), ni Salvador Nasralla (Partido Anticorrupción), tienen lo necesario para erigirse en conductores de un proceso nacional, masivo, con planes coherentes y firmes para el futuro.
El Partido Libre deambula entre desertores y medidas de protesta, sin un hilo conductor y sin propuestas de cambio concretas, coherentes y realistas.Un viejo dirigente liberal, sumado a Libre desde sus primeras horas, exfuncionario del gobierno de Zelaya, amigo personal y acompañante político de este durante años, manifestó en privado, con expresión a medias risueña, a medias de tristeza: "Este Mel… es un aventurero que nos está dejando sin nada".
El Partido Liberal, en tanto, tiene problemas de identidad tras la crisis -no superada- del golpe de Estado. Su líder, Mauricio Villeda, "quizá sea un buen ciudadano, pero sin perfil de conductor político", aseguran analistas locales. Su acercamiento a Zelaya para unificar a la oposición, no sólo le debe haber provocado incomodidad, considerando su convicción golpista, sino que lo enemistó con los llamados "dinosaurios" del partido. Benjamín Bográn, uno de los tres principales dirigentes, está requerido por la Justicia a raíz del caso IHSS, prófugo en estos días, lo cual le impide participar en la vida partidaria.
El ex presidente liberal Carlos Flores, en tanto, se dice que ha sellado una alianza secreta con Juan Orlando Hernández, por la cual su hija Lizzie sigue representando al país en la ONU y él mismo apoyaría desde el liberalismo algunas de las medidas más impopulares del gobierno.
Finalmente, si fijamos la mirada en el novel Partido Anticorrupción (PAC), se aprecia la falta de "cintura política" de sus representantes en el Congreso Nacional y la incontinencia verbal de su jefe, el conductor radial y televisivo Salvador Nasralla.
La escencia de un gobierno
Nadie parece recordar una frase del ahora Presidente cuando todavía era precandidato: "Yo seré un nuevo Carías". Aludía al presidente nacionalista Tiburcio Carías Andino, quien gobernó Honduras con mano de hierro durante 16 años, a mediados del siglo XX.
El accionar de JOH parece ir en esa dirección: obtuvo la posibilidad de reelección sin desgastarse, como ya se ha expresado, un hito fundamental en su proyecto; además, creó una Policía Militar del Orden Público, quizá necesaria en esta coyuntura, pero no justificable en el largo plazo, como para darle rango constitucional, aunque importante, quizás, en un proyecto autoritario.
Asimismo, emprendió una lucha contra todo aquello que pudiera afectar la visión del país desde el exterior. Su intención es atraer capitales, para lo cual debe, necesariamente, ofrecer seguridad jurídica y ciudadana, algo que le reclamaron los empresarios nucleados en el Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) en la asamblea realizada en la ciudad puerto de Tela, el año pasado.
Para lograr esas tan anheladas inversiones, ha entablado la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, ha intentado bajar los tan altos índices delictivos que heredó de las administraciones anteriores, y ha aprobado la creación de las "Zonas de Empleo y Desarrollo Económico" (ZEDE), una iniciativa controversial que no contenta a todos de igual modo.
En ese devenir, el gobierno de Juan Orlando Hernández comenzó a mostrar signos cada vez más pronunciados de autoritarismo, lo cual comienza a preocupar a algunos de sus partidarios, mientras él parece responder cada vez más a lo decidido en su círculo íntimo, al cual tienen acceso no más de una docena de amigos y correligionarios.
En esta coyuntura, su llamado al diálogo nacional podría ser la válvula de escape que necesita para salir adelante y superar el mal momento, aunque la oposición no está dispuesta a darle respiro.
El movimiento de los Indignados todavía dará batalla y los dirigentes opositores no cesarán en sus reclamos, mientras el grueso de la población trata de sobrevivir ante una situación económica que no parece mejorar, a pesar de los programas diseñados desde el Poder Ejecutivo.
En Honduras, hay algo claro y consensuado: nadie quiere pasar por otra crisis como la del 2009, pero esta, aún, tiene un horizonte incierto.
Más información Dossier Honduras, Edición 187, Estrategia & Negocios
* Corresponsal de E&N en Honduras
