'Durante los próximos tres años las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia y la Policía Nacional Civil 'trabajarán juntos para combatir la corrupción', señaló la institución internacional.
El proyecto de Naciones Unidas llega meses después de que el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén rechazara crear un ente investigador como el que tumbó al ex presidente guatemalteco, Otto Péez Molina, en 2015.
El plan apoyará a las autoridades y sociedad civil, pero sin capacidad investigativa como la de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyo trabajo mano a mano con la Fiscalía local destapó el mayor escándalo de malversación en la historia del vecino país.
'La iniciativa fue consensuada por las autoridades salvadoreñas con la UNODC', ratificó Mónica Mendoza, coordinadora de la estrategia. 'Esto no es una CICIG', aclaró Mendoza a la agencia Reuters para tomar distancias del ente respaldado por la ONU en Guatemala que, liderado por el ex juez colombiano Iván Velásquez, se ha convertido en un implacable referente en la lucha anticorrupción en Centroamérica.
'Nosotros no vamos a investigar casos, pero vamos a trabajar con los organismos que investigan. Es darle las herramientas técnicas para que conozcan escenarios de corrupción y que ellos hagan su trabajo', aseguró.
Estados Unidos intentó sin éxito el año pasado convencer a Sánchez Cerén para crear un ente como la CICIG, cuyo trabajo llevó a la dimisión y arresto del ex mandatario Otto Pérez Molina, acusado de liderar una poderosa mafia aduanera junto con otros miembros de su gabinete.
No obstante, el Gobierno salvadoreño aceptó este modelo de intervención que llega de la mano de la UNODC. 'Debido a la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción, así como los vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y el lavado de dinero, se requiere un enfoque integral y multidisciplinario para su combate', subrayó la UNODC.
Según el organismo internacional, todas las acciones se desarrollarán a través del apoyo a reformas legislativas y creación de estrategias anticorrupción, incremento de las capacidades para detectar, investigar y procesar casos y la cooperación interinstitucional e internacional. Además, se buscará concienciar y sensibilizar 'sobre el problema de la corrupción y sus consecuencias', y fortalecer la capacidad de los servicios de contraloría interna e inspección.
En Honduras, el Gobierno de Juan Orlando Hernández aceptó el año pasado una misión anticorrupción creada con la Organización de Estados Americanos (OEA) tras una oleada de protestas por fraudes que llegaron a salpicar al partido del mandatario.
El compromiso en el combate a la corrupción es uno de los requisitos de Washington para respaldar la Alianza para la Prosperidad, un ambicioso plan de más de US$700 millones que tiene como beneficiarios a Guatemala, Honduras y El Salvador para revitalizar una de las regiones más pobres y violentas del planeta que decenas de miles abandonan cada año para tratar de entrar ilegalmente a Estados Unidos.
