Por estrategiaynegocios.net
Estados Unidos y Canadá anunciaron este viernes la imposición de sanciones a funcionarios cercanos y familiares del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acusándolos de violaciones a los derechos humanos en el marco de la represión estatal de las protestas antigubernamentales del año pasado, que derivaron en la actual crisis política.
Las sanciones los marginan del sistema financiero internacional y congelan los bienes que pudieran tener en Estados Unidos y Canadá.
Entre los señalados por Canadá figuran la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo; el hijo de ambos y asesor de inversiones del gobierno, Laureano Ortega; el consejero de seguridad del presidente, Néstor Moncada; el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno; y el comisionado de policía de Nicaragua, Francisco Díaz.
La ministra de Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, dijo que 'las violaciones de derechos humanos en Nicaragua no pueden continuar con impunidad". El Gobierno de ese país 'debe responder por sus acciones y debe terminar la actual crisis con un diálogo real con los grupos de la oposición. Canadá seguirá respaldando al pueblo de Nicaragua y sus legítimas demandas de democracia".
Más temprano, El Departamento del Tesoro estadounidense incluyó en una lista negra a Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional (Legislativo unicameral) y principal operador político de Ortega; a Orlando Castillo, director general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR); y a los ministros de Salud, Sonia Castro, y de Transporte, óscar Mojica.
Estas personas, afirmó, persiguieron a ciudadanos disidentes, promulgaron leyes represivas, silenciaron medios de comunicación y negaron atención médica al pueblo nicaragüense.
'Como destaca esta acción conjunta con Canadá, Estados Unidos y la comunidad internacional continuarán promoviendo la rendición de cuentas por aquellos que hacen caso omiso de los derechos humanos y fomentan la violencia en apoyo del régimen de Ortega', anunció el Departamento de Estado estadounidense.
Washington instó al gobierno de Ortega a restaurar las libertades fundamentales y los derechos civiles y a atender el clamor de los nicaragüenses por 'elecciones anticipadas, justas y transparentes'.
Nicaragua ha estado sacudida por una ola de protestas antigubernamentales que estalló en abril de 2018, las cuales desataron una violenta represión estatal que ha dejado 325 muertos, centenares de detenidos y más de 62.000 exiliados, según organismos de derechos humanos.
Las nuevas sanciones a funcionarios nicaragüenses se producen un día después de que la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), acompañante del diálogo entre el gobierno de Ortega y la oposición, pidiera la liberación de todos los detenidos por motivos políticos en Nicaragua, el cierre de todas las causas judiciales contra opositores y la restauración de sus derechos fundamentales.
El gobierno de Ortega aseguró el martes haber cumplido con el acuerdo de liberación de todos los detenidos en relación con esas manifestaciones, pese a que la oposición afirma que aún quedan más de 80 encarcelados.
Este viernes, las autoridades nicaragüenses mandaron a arresto domiciliario a 1.026 personas.
La oposición investiga si entre los liberados se encuentran los 84 presos que alegan no haber sido favorecidos con una amnistía aprobada por el Parlamento el 8 de junio, que permitió la liberación de al menos 492 personas detenidas por participar en las protestas.
Estados Unidos y Canadá anunciaron este viernes la imposición de sanciones a funcionarios cercanos y familiares del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acusándolos de violaciones a los derechos humanos en el marco de la represión estatal de las protestas antigubernamentales del año pasado, que derivaron en la actual crisis política.
Las sanciones los marginan del sistema financiero internacional y congelan los bienes que pudieran tener en Estados Unidos y Canadá.
Entre los señalados por Canadá figuran la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo; el hijo de ambos y asesor de inversiones del gobierno, Laureano Ortega; el consejero de seguridad del presidente, Néstor Moncada; el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno; y el comisionado de policía de Nicaragua, Francisco Díaz.
La ministra de Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, dijo que 'las violaciones de derechos humanos en Nicaragua no pueden continuar con impunidad". El Gobierno de ese país 'debe responder por sus acciones y debe terminar la actual crisis con un diálogo real con los grupos de la oposición. Canadá seguirá respaldando al pueblo de Nicaragua y sus legítimas demandas de democracia".
Más temprano, El Departamento del Tesoro estadounidense incluyó en una lista negra a Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional (Legislativo unicameral) y principal operador político de Ortega; a Orlando Castillo, director general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR); y a los ministros de Salud, Sonia Castro, y de Transporte, óscar Mojica.
Estas personas, afirmó, persiguieron a ciudadanos disidentes, promulgaron leyes represivas, silenciaron medios de comunicación y negaron atención médica al pueblo nicaragüense.
'Como destaca esta acción conjunta con Canadá, Estados Unidos y la comunidad internacional continuarán promoviendo la rendición de cuentas por aquellos que hacen caso omiso de los derechos humanos y fomentan la violencia en apoyo del régimen de Ortega', anunció el Departamento de Estado estadounidense.
Washington instó al gobierno de Ortega a restaurar las libertades fundamentales y los derechos civiles y a atender el clamor de los nicaragüenses por 'elecciones anticipadas, justas y transparentes'.
Nicaragua ha estado sacudida por una ola de protestas antigubernamentales que estalló en abril de 2018, las cuales desataron una violenta represión estatal que ha dejado 325 muertos, centenares de detenidos y más de 62.000 exiliados, según organismos de derechos humanos.
Las nuevas sanciones a funcionarios nicaragüenses se producen un día después de que la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), acompañante del diálogo entre el gobierno de Ortega y la oposición, pidiera la liberación de todos los detenidos por motivos políticos en Nicaragua, el cierre de todas las causas judiciales contra opositores y la restauración de sus derechos fundamentales.
El gobierno de Ortega aseguró el martes haber cumplido con el acuerdo de liberación de todos los detenidos en relación con esas manifestaciones, pese a que la oposición afirma que aún quedan más de 80 encarcelados.
Este viernes, las autoridades nicaragüenses mandaron a arresto domiciliario a 1.026 personas.
La oposición investiga si entre los liberados se encuentran los 84 presos que alegan no haber sido favorecidos con una amnistía aprobada por el Parlamento el 8 de junio, que permitió la liberación de al menos 492 personas detenidas por participar en las protestas.
