Por EFE
Las manifestaciones callejeras contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega, que comenzaron el 18 de abril del año pasado y que han cobrado entre 325 y 561 vidas, han dejado pérdidas por US$1.150,4 millones y sin empleo a 130.000 personas, informó ayer el titular del Banco Central, Ovidio Reyes.
El sector que más daño sufrió fue el turístico, que dejó de percibir unos US$420 millones en 2018, dijo el presidente del banco emisor del Estado durante una presentación en el IV Foro de Amor, Paz y Solidaridad con Nicaragua, que comenzó ayer en Managua con representantes de 21 países.
El funcionario precisó que el año pasado esperaban 960 millones en ingreso por turismos y cerraron con US$540 millones.
El Estado también cuantificó pérdidas por US$205,4 millones como destrucción en el sector público, y US$525 millones en el sector transporte.
Las pérdidas millonarias, además, causaron un impacto directo en la población con la pérdida de 130.000 empleos, detalló Reyes.
Por otro lado, la inversión extranjera se redujo a la mitad, a entre US$700 millones y US$800 millones, y que los depósitos bancarios bajaron un 27 %, porque 'la gente se puso nerviosa'.
Desde el pasado 18 de abril, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 674 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.
El presidente Ortega reconoce 199 muertos y 340 reos, que llama 'terroristas', 'golpistas' y 'delincuentes comunes'.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de 'más de 300 muertos', así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Mientras el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco de la crisis.
Ortega, quien lleva doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de intento de 'golpe de Estado' que, asegura, ya ha sido aplacado.
Las manifestaciones callejeras contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega, que comenzaron el 18 de abril del año pasado y que han cobrado entre 325 y 561 vidas, han dejado pérdidas por US$1.150,4 millones y sin empleo a 130.000 personas, informó ayer el titular del Banco Central, Ovidio Reyes.
El sector que más daño sufrió fue el turístico, que dejó de percibir unos US$420 millones en 2018, dijo el presidente del banco emisor del Estado durante una presentación en el IV Foro de Amor, Paz y Solidaridad con Nicaragua, que comenzó ayer en Managua con representantes de 21 países.
El funcionario precisó que el año pasado esperaban 960 millones en ingreso por turismos y cerraron con US$540 millones.
El Estado también cuantificó pérdidas por US$205,4 millones como destrucción en el sector público, y US$525 millones en el sector transporte.
Las pérdidas millonarias, además, causaron un impacto directo en la población con la pérdida de 130.000 empleos, detalló Reyes.
Por otro lado, la inversión extranjera se redujo a la mitad, a entre US$700 millones y US$800 millones, y que los depósitos bancarios bajaron un 27 %, porque 'la gente se puso nerviosa'.
Desde el pasado 18 de abril, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 674 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.
El presidente Ortega reconoce 199 muertos y 340 reos, que llama 'terroristas', 'golpistas' y 'delincuentes comunes'.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de 'más de 300 muertos', así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Mientras el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco de la crisis.
Ortega, quien lleva doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de intento de 'golpe de Estado' que, asegura, ya ha sido aplacado.
