Por estrategiaynegocios.net - AFP
La compañía minera canadiense Crystallex tiene derecho de ir tras las refinerías de Citgo, filial estadounidense de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), como parte de una compensación de US$1.400 millones. Esto por las pérdidas sufridas tras la expropiación de sus concesiones e inversiones por parte del ahora fallecido presidente Hugo Chávez.
El juez Leonard P. Stark de la Corte del Distrito de Delaware emitió el fallo a favor de Crystallex. En su argumentación, conocida el viernes, el juez rechazó el argumento de PDVSA de que es una entidad independiente del gobierno venezolano y no debería ser considerada responsable, favoreciendo en cambio la afirmación de Crystallex de que Citgo es un 'alter ego' del gobierno.
El caso data de 2011, cuando el gobierno del fallecido presidente nacionalizó una mina que había sido concedida a Crystallex, pero no indemnizó a la empresa a pesar de un acuerdo alcanzado en un panel de arbitraje internacional.
Chávez retiró las concesiones de oro y se hizo cargo de las operaciones de Crystallex y de muchas otras compañías internacionales, acusando a las mineras de dañar el medio ambiente y violar los derechos de los trabajadores.
A principios de 2009, Chávez anunció la toma por parte del gobierno venezolano de las operaciones mineras canadienses en el estado Bolívar, una región rica en minerales con uno de los yacimientos de oro más grandes del continente.
La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) apeló el fallo judicial en Estados Unidos que permitiría a una compañía minera canadiense confiscar acciones de la filial estadounidense de la petrolera, Citgo, como pago de una deuda de US$1.200 millones.
Este fallo judicial podría abrir la puerta para que otros acreedores consigan cobrarse las deudas de Venezuela, que junto con PDVSA ha sido declarada en default parcial por varias calificadoras de riesgo debido a retrasos en los pagos de bonos de deuda.
PDVSA, considerada la joya de la corona de la economía venezolana, ha reducido la producción de crudo a su nivel más bajo en 30 años, en medio de deudas, acusaciones de corrupción y falta de inversión.
Perder Citgo, que además de refinerías tiene una vasta red de gasolineras en todo Estados Unidos, privaría al gobierno venezolano de una de sus últimas fuentes de ingresos extranjeros.
Pero Citgo, con sede en Texas, ya está en riesgo: casi 50% de sus acciones fue entregado por Venezuela a la rusa Rosneft como garantía de préstamos de US$1.500 millones, y el resto sirve de respaldo para tenedores del bono 2020 de PDVSA.
La compañía minera canadiense Crystallex tiene derecho de ir tras las refinerías de Citgo, filial estadounidense de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), como parte de una compensación de US$1.400 millones. Esto por las pérdidas sufridas tras la expropiación de sus concesiones e inversiones por parte del ahora fallecido presidente Hugo Chávez.
El juez Leonard P. Stark de la Corte del Distrito de Delaware emitió el fallo a favor de Crystallex. En su argumentación, conocida el viernes, el juez rechazó el argumento de PDVSA de que es una entidad independiente del gobierno venezolano y no debería ser considerada responsable, favoreciendo en cambio la afirmación de Crystallex de que Citgo es un 'alter ego' del gobierno.
El caso data de 2011, cuando el gobierno del fallecido presidente nacionalizó una mina que había sido concedida a Crystallex, pero no indemnizó a la empresa a pesar de un acuerdo alcanzado en un panel de arbitraje internacional.
Chávez retiró las concesiones de oro y se hizo cargo de las operaciones de Crystallex y de muchas otras compañías internacionales, acusando a las mineras de dañar el medio ambiente y violar los derechos de los trabajadores.
A principios de 2009, Chávez anunció la toma por parte del gobierno venezolano de las operaciones mineras canadienses en el estado Bolívar, una región rica en minerales con uno de los yacimientos de oro más grandes del continente.
La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) apeló el fallo judicial en Estados Unidos que permitiría a una compañía minera canadiense confiscar acciones de la filial estadounidense de la petrolera, Citgo, como pago de una deuda de US$1.200 millones.
Este fallo judicial podría abrir la puerta para que otros acreedores consigan cobrarse las deudas de Venezuela, que junto con PDVSA ha sido declarada en default parcial por varias calificadoras de riesgo debido a retrasos en los pagos de bonos de deuda.
PDVSA, considerada la joya de la corona de la economía venezolana, ha reducido la producción de crudo a su nivel más bajo en 30 años, en medio de deudas, acusaciones de corrupción y falta de inversión.
Perder Citgo, que además de refinerías tiene una vasta red de gasolineras en todo Estados Unidos, privaría al gobierno venezolano de una de sus últimas fuentes de ingresos extranjeros.
Pero Citgo, con sede en Texas, ya está en riesgo: casi 50% de sus acciones fue entregado por Venezuela a la rusa Rosneft como garantía de préstamos de US$1.500 millones, y el resto sirve de respaldo para tenedores del bono 2020 de PDVSA.
