Especial UniveRSE 2024: la escasez de agua en Centroamérica, los retos y sus soluciones

Coordinación y Texto: José A. Barrera / Colaboran: Alejandra Ordóñez, Leonel Ibarra, Daniel Zueras, Gabriela Melara

¿Cuál es el valor monetario del agua? En tres décadas, regiones como la centroamericana han transitado de considerar al recurso como ilimitado a vivir crisis asociadas con la calidad y disponibilidad del mismo.

Estas deficiencias propician que su valor sea relativo y se vuelva particularmente caro para los percentiles más pobres de las poblaciones de la región y que su disponibilidad se vuelva un importante desafío para la vida diaria y de actividades productivas como la agricultura.

En los últimos meses, el istmo centroamericano ha vivido varias crisis asociadas al recurso como la escasez de Panamá –acentuada por el fenómeno El Niño–; la habitual problemática del río Motagua, en Guatemala, por contaminación; el cada vez más difícil acceso al agua en regiones del corredor seco –que incluye a grandes porciones de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua– o del caso de contaminación que vivió la red pública de Costa Rica, este último caso muy particular ya que es el único país que garantiza el consumo del agua directo del grifo.

La situación se vuelve compleja en la medida que la calidad del escaso recurso se ve comprometida.

Guatemala, por su parte, vivió al inicio del año una emergencia por un todavía no esclarecido brote del síndrome de Guillian-Barré, una enfermedad neurológica que generó más de 60 casos –y media decena de fallecidos– de los que las autoridades sanitarias refieren podrían estar relacionados al agua contaminada y falta de saneamiento, todos como parte de una ola de situaciones que ponen en la mesa el debate sobre el tema del abastecimiento seguro del agua.

El tema del agua –a pesar de ser estratégico– no suele tener el protagonismo requerido a menos que se refiera a crisis o fallas en el suministro. A la luz del análisis de ambientalistas, requiere de más conciencia debido a la necesidad de garantizar su disponibilidad y calidad para todas las personas.

El ambientalista Marco Morales, CEO de Water Co., destaca que Centroamérica es “una potencia hídrica en el continente”, pero sostiene que hay muchos intereses de soberanía nacional y de seguridad nacional involucrados.

“La gente no conoce por qué el agua es un recurso estratégico, no solo para la vida sino para la producción económica y ambiental”, reflexiona.

Según datos del Sistema de Integración Centro Americana (SICA), el istmo cuenta con una precipitación promedio (lluvias) anual que oscila entre los 1.150 milímetros y los 5.000 milímetros, observándose una marcada estacionalidad en la vertiente del Pacífico con períodos secos (diciembre-abril) y lluviosos (mayo-noviembre) bien definidos, mientras que en la vertiente del Caribe hay un único período lluvioso que solo presenta pequeñas reducciones en los niveles de lluvia durante abril y octubre.

“De esta situación se puede concluir que el recurso hídrico en Centroamérica es clima dependiente, razón por la cual la vertiente del Caribe cuenta con aproximadamente un 70 % del mismo y la del Pacífico con aproximadamente un 30 %”, dice un reporte de la entidad regional.

Además, se estima que el istmo, en su conjunto, es considerado como “de alta disponibilidad de agua”, es decir tiene aproximadamente 723.130 m3 por habitante al año, pero la cifra esconde grandes disparidades, ya que si bien Belice y Panamá tienen la mayor disponibilidad (de más de 6.000 m3 y cerca de 3.000 m3 en promedio, respectivamente), El Salvador se encuentra bajo la línea considerada de estrés hídrico (1.700 m3 por habitante por año), es decir hay menos disponibilidad de agua.

“La situación del recurso hídrico en la región es un tema al que hay que prestarle mucha atención porque también hay intereses de otros países”, dijo Morales.

Esto se sustenta en la conformación natural de las 17 cuencas que comparten los países centroamericanos, de las cuales 13 están conformadas por ríos que marcan las líneas fronterizas.

Según datos del SICA, las cuencas transfronterizas abarcan el 36,9 % del territorio centroamericano (191.449 km2) y tienen una extensión mayor que la de cualquier país, lo que da mayor relevancia a estas zonas de las que depende la vida diaria y toda actividad productiva.

“Eso plantea una necesidad de ver el agua como un recurso que no conoce fronteras y que básicamente se mueve bajo tres grandes fuerzas: el sustento de la vida; la fuerza de gravedad –la fuerza natural que permite que se mueva de un lugar más alto a uno más bajo–; pero la tercera es el interés económico y de poder. Es ahí donde se mueve en contra de la naturaleza, donde se usan equipos, bombas, presas, canales, embalses y se rompe el ciclo natural para llevarla a otro lugar –y eso es legítimo–, se hace para producción agropecuaria, industrial y otros sitios de uso económico incluso centros educativos”, añade Morales.

El ambientalista, de origen guatemalteco, valora que todos los países tienen su propia complejidad, ya que “todos los usuarios quieren la máxima cantidad y calidad de agua”, añade que cada uso genera un impacto en la calidad.

“Son situaciones complejas de resolver. Yo siempre digo que lo del agua no tiene una solución por que siempre va a depender de un ciclo que es cambiante... de años extremos de mucha o de poca agua, de conflictividad, de nuevos requerimientos, problemas locales o conflictos entre otros países”, dijo.

El peso del recurso en la matriz productiva es vital, pero no siempre visibilizado. Manuel Otero, director general del Instituto Iberoamericano para la Agricultura (IICA), sostiene tajante que “sin agua no hay agricultura y sin agricultura no hay seguridad alimentaria”, por lo que aboga por subir los términos del debate en torno al agua.

Advierte, por ejemplo, sobre la necesidad de intensificar y mejorar los rendimientos de la agricultura de manera sostenible y advierte de los estragos y presiones que ocasionan las migraciones desde las áreas rurales hacia los centros urbanos por el cambio de cultivos, situación que pone presión adicional a los sistemas de agua y saneamiento de las grandes urbes.

Otero fue uno de los participantes de la cuarta edición de los Diálogos Regionales del Agua en América Latina y el Caribe 2024, un foro desarrollado en Costa Rica, donde se compartieron experiencias para impulsar el cumplimiento en la región del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6.

En el mismo, se abordó el tema con el objetivo de “generar acciones para garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. Según la Comisión Económica para América Latina (Cepal), el logro del ODS 6 impactaría de manera directa el cumplimiento del ODS 1 (eliminación de la pobreza) y del ODS 2 (erradicación del hambre y producción sostenible de alimentos), e indirectamente el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico), el ODS 14 (vida submarina) y el ODS 15 (vida de ecosistemas terrestres).

Para entender el alcance de los efectos de un deterioro es clave conocer datos como los que proporciona un informe de Global Water Partnership Centroamérica, que señaló que en 2015, en la región centroamericana el déficit de lluvia fue uno de los más severos ocurridos en los últimos 60 años, una condición que acarreó severos problemas para miles de personas.

La falta de lluvias de 2015 golpeó con fuerza al corredor seco de Honduras, el fenómeno provocó la pérdida de más de 80 % de la producción de granos básicos (generalmente cultivos de subsistencia) y además una reducción del 48 % en la producción esperada de café y frutales. Ese año, los niveles de inseguridad alimentaria fueron los más altos observados en una década, con cerca de la mitad de los hogares del corredor seco en inseguridad alimentaria moderada o severa.A partir de dichos riesgos, entidades como la Cepal, abogan por el impulso hacia una transición plena a la sostenibilidad en el tema del agua.

“Esta Agenda Regional de Acción por el Agua constituye un llamado a la acción para movilizar todos los recursos políticos, técnicos y financieros disponibles en y para la región a fin de impulsar una transición hídrica sostenible y justa con cuatro pilares de acción simultánea: 1) garantizar el derecho humano al agua potable y saneamiento seguro; 2) eliminar la pobreza hídrica; 3) reducir la sobreexplotación y conflictos hídricos, y 4) impulsar la innovación y la economía circular del agua”, destacó José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la Cepal.

El jefe del organismo panregional recalcó que hay una necesidad importante de acelerar las inversiones requeridas para la provisión, mantenimiento y operación de infraestructura, proyectos que cierren las brechas de acceso a los servicios de agua y saneamiento seguros. En regiones como la centroamericana el tema del agua incluye además las brechas sociales que se deben atender para garantizar un acceso universal.

Doris Gutiérrez, designada presidencial de Honduras y participante del foro, sostuvo que la problemática de la alimentación y del agua se tiene que ver en una forma holística, circular.

“Eso pasa por una mejor distribución de los recursos. No solo los que puedan pagarla deben tener acceso al agua. También tenemos que buscar sistemas de almacenamiento para no perder, por ejemplo, el agua de las lluvias. Además, las políticas deben hacerse de abajo hacia arriba, con la participación de los sujetos más afectados”, valoró.

Un análisis de la Cepal destaca que si se adopta la circularidad en la gestión del agua y el saneamiento, se podría avanzar de manera indirecta en el cumplimiento del ODS 7 (energía asequible y no contaminante). Además, la reducción de residuos contribuirá también al logro del ODS 12 (producción y consumo responsables) y al alcance de la seguridad alimentaria (ODS 2) si se suministran los nutrientes extraídos de las aguas residuales a los sistemas de producción de alimentos.

“Finalmente, la simbiosis industrial que se crea a partir de la agrupación de las actividades en torno al aprovechamiento de la energía y los residuos desechados por otros apoyará el logro de las metas 3.9, 6.3, 7.3, 8.2, 12.4, 9.4 y 17.7”, destaca el informe “Diagnóstico de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en El Salvador, México y Panamá”, elaborado por Silvia Saravia Matus, Alfredo Montañez, Diego Fernández y Natalia Sarmanto.

Llegar a ese cumplimiento también incluye retos más inmediatos, como aumentar la cobertura. Salazar-Xirinachs agregó que para universalizar la cobertura de agua y saneamiento manejados de forma segura hacia el 2030, en promedio, los países (de Latinoamérica) deberían invertir anualmente el 1,3 % de su Producto Interno Bruto durante 10 años, lo que generaría 3,8 millones de empleos verdes anuales e incrementaría el valor agregado bruto en un 1,6 %.

Otero, del IICA, insistió en que la acción por el agua no es otra cosa que “la acción por el desarrollo sostenible y la acción por la vida” y pieza central del desarrollo económico por lo relevante en la cadena de producción agroindustrial, un sector fundamental de la mayoría de economías de Latinoamérica que tienen una base exportadora.

“Nuestro continente es el principal exportador neto de productos agropecuarios y de alimentos del mundo. Esto es una responsabilidad enorme, porque sobre nuestras espaldas recae el llevar adelante la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental del planeta”, puntualizó.

Morales sostiene que Centroamérica tiene oportunidades interesantes por la cantidad de agua que recibe por lluvias, destaca por ejemplo, el caso de Valencia, España, donde vivió por unos años –y donde la cantidad de lluvia es menor– una región en la que el tema de manejo no es un problema.

“Todos teníamos agua las 24 horas sin tener garrafones. El de disponibilidad no es un tema de la riqueza de lluvia como la que tenemos en Guatemala, donde estamos siete veces arriba del riesgo hídrico, está más relacionado con la gestión y gobernanza”, apuntó.

Carlos Aguilar, director de proyecto Azure (que da asistencia técnica de buen manejo de agua a comunidades y empresas), destaca por su parte que la disponibilidad de recursos hídricos en territorios como el salvadoreño (donde si hay un tema de estrés hídrico) ha tenido una gran variabilidad y eso es una de las consecuencias del cambio climático; sin embargo, reconoce que hay regiones del país que han tenido períodos de escasez, de sequía más prolongados que los que históricamente se habían registrado y que eso enciende alarmas.

“En general, El Salvador tiene una disponibilidad que a nivel promedio es adecuada, pero ya cuando uno ve zonas particulares, todo lo que tiene que ver con el corredor seco, es una disponibilidad relativamente más baja, más limitada. Hay suficiente agua si la podemos a usar con eficiencia y poniendo en práctica las tecnologías que existen para reducir las fugas tanto en la conducción del agua como en su distribución”, sentencia.

Aguilar cree que la disponibilidad del recurso hídrico no es el problema más serio, “lo que es importante atender es esa gestión del recurso, porque en sí no es un país árido a diferencia de, por ejemplo, el centro y norte de México. El Salvador tiene agua que, sabiendo aplicar esas buenas prácticas, alcanza para todos”.

Morales, de Water Co., valora que en cuanto a normativas la región tiene diferentes niveles, incluso destaca que la cobertura de lluvias es diferente según las condiciones geográficas.

Belice, Panamá y Costa Rica son los territorios con más cantidad de lluvia por año (en condiciones normales), mientras que hay desafíos persistentes en el corredor seco centroamericano.

Panamá es, de hecho, el país con un mayor desarrollo ingenieril hidráulico (en parte gracias al desarrollo del Canal), mientras que Costa Rica es visto por algunos como un ejemplo debido a las regulaciones que hay en su territorio.

Morales reconoce que desde hace más me dio siglo, el recurso tiene una connotación ambiental y energética y que en el caso tico es un territorio donde se han creado sellos nacionales para quienes hacen un buen manejo del agua, iniciativas que son bien vistas en el vecindario centroamericano.

Sin embargo, el costarricense Esteban Monge, coordinador de proyectos del Centro de Derecho Ambiental y los Recursos Naturales (Cedarena), valora que en Costa Rica hay mucho por mejorar y que se adolece de marcos obsoletos.

La crítica de Monge radica sobre los retrasos en la elaboración de una nueva Ley marco para el agua, tarea en desarrollo desde 2001.

“Todas las situaciones que se vienen dando tienen una de sus causas en esa dispersión normativa, esa desactualización y esa falta de mecanismos de gestión integral y participativa”, dijo.

La necesidad de regular de mejor forma el recurso tiene objetivos claros, como delimitar de mejor forma el uso y manejo del mismo por la presión que ejerce en ellos la demanda de los monocultivos, actividades que están en expansión.

“Cuando nosotros vemos la situación que se da en la zona de Cartago con las piñeras –de contaminación de agua– verás que, casualmente o no, el tema de las áreas de protección alrededor de nacientes es siempre importante; la de la contaminación difusa también, y son las cosas que se están dando ahorita en ciertos territorios con los químicos”, advirtió.

Monge agregó que hay sectores que se resisten tremendamente a una actualización del marco legal porque las comunidades van a poder tener conocimiento y tendrán acceso a esta información. “Hay sectores que se oponen rotundamente (...) El tema de la participación es tan problemático en este país que para algunos actores políticos el Acuerdo de Escazú se bloqueó.

La atmósfera cultural de Costa Rica, en estos momentos, y la política va en la línea de no favorecer la participación porque creen que es como un obstáculo para el desarrollo”, sentenció.

El CEO de Water Co. sostiene que hay zonas de la región donde hay una crisis de agua y en otras que no. Pone como ejemplo a la zona metropolitana de Ciudad de Guatemala –la más grande de la región– donde hay áreas severas de escasez (como las zonas 6 y 7), mientras que en núcleos residenciales los administradores de los sistemas optan para llegar más profundo a los mantos para mantener el suministro.

Algunas acciones enfrentan la necesidad de adaptar soluciones para mantener y garantizar la calidad del suministro, ya que hay informes de aguas subterráneas donde se han encontrado metales pesados y donde se requiere de más inversión.

Junto al tema de dificultad al acceso de agua de calidad también surge el de la disposición final de las aguas servidas, un terreno donde también hay mucho por hacer.

Según datos de la Cepal, en 2020, aproximadamente el 89 % de la población de América Latina y el Caribe (582 millones de personas), tenían acceso a alguna forma de saneamiento básico.

Esto se divide en 55 % con acceso a saneamiento básico, y 34,1 % gestionado de forma segura. Se estima que el 67 % de la población estaba conectada a un sistema de alcantarillado, pero solo un 19 % en las áreas rurales contra el 78% en áreas urbanas.

Otro de los problemas a la vista es que solo un 34 % de la población de la región contaba con conexión a un sistema de alcantarillado que incorpora el tratamiento de aguas residuales gestionadas de manera segura.

“Ello evidencia un atraso significativo en la materia por parte de los países de la región, pues ese mismo año, tan solo el 41 % de las aguas residuales fueron tratadas”, advierte el informe Oportunidades de la Economía circular en el tratamiento de aguas residuales en América Latina y el Caribe.

Los datos ponen sobre relieve la necesidad de que tanto actores públicos como privados se encaminen a atender un tema vital pues, como dice un dicho: el recurso más caro es siempre el que no se tiene