La orden ejecutiva que el presidente Donald Trump emitió para restringir las transacciones con el gobierno en disputa de Venezuela no protege del todo a CITGO, la filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos.
La mitad de los activos de CITGO (50.1%) están comprometidos como garantía del bono de deuda pública PDVSA 2020. La licencia que da a los tenedores del bono el derecho a ejercer esa colateral sigue en vigencia, a pesar de las sanciones.
Con la licencia vigente y la fecha de vencimiento del bono cerca de expirar, la incertidumbre ronda el futuro de CITGO. Aquí, tres posibles escenarios sobre lo que podría pasar respecto al activo más importante de Venezuela en el exterior.
1. El gobierno interino de Guaidó llega a un acuerdo con los tenedores del bono PDVSA 2020 y refinancia la deuda.
Recientemente, la opositora Asamblea Nacional nombró una comisión para negociar el refinanciamiento de la deuda soberana de Venezuela, lo cual abarca el bono 2020.
Los miembros de ese equipo, entre los que están el economista Ricardo Hausmann y el procurador general del gobierno interino, José Ignacio Hernández, tienen poco más de dos meses para llegar a un acuerdo con los tenedores de bonos que evite la pérdida de una parte importante de CITGO.
Se trata de una tarea "bastante complicada", según explicó a la VOA el investigador de la Universidad de Columbia, Richard Nephew. Sin embargo, llegar a un pacto sería posible dado "el interés de EE.UU. en que los tenedores estén en cierto modo satisfechos y que la oposición mantenga un activo".
Para Guaidó, sería beneficioso políticamente ya que "refuerza la idea" de que "el gobierno interino pretende ser un gobierno serio" y ese es un factor de peso para sus asesores, añadió Nephew.
La comisión nombrada por la Asamblea tiene que convencer a los acreedores de que "el presidente encargado Guaidó está en capacidad de asumir las riendas del país" y de que "va a venir todo un programa de reconstrucción", explicó el economista Antonio de la Cruz.
Este es el escenario "más factible y esperanzador", según dijo a la VOA Russ Dallen, socio de la firma de correduría basada en Miami Caracas Capital. "Los tenedores están dispuestos a prestarles dinero [al gobierno de Guaidó] a cambio de que lleguen a una solución", aseguró Dallen, quien dijo tener contacto con ambas partes.
2. El gobierno interino de Guaidó paga los US$913 millones a los bonistas
Con la aprobación de la Asamblea Nacional, el gobierno de Guaidó podría hacer el pago que vence en octubre, al igual que lo hizo en abril. Para ello, también necesitaría la aprobación de la OFAC, ya que los $71 millones que se pagaron hace algunos meses provinieron de unas cuentas de fideicomiso congeladas por el gobierno de EE.UU.
Sin embargo, según expertos, cancelar el interés de casi mil millones de dólares tendría un alto costo político para el gobierno encargado. "No creemos que Venezuela deba usar sus escasos recursos que por lo demás podrían ser usados para abordar una fuerte crisis humanitaria para hacer este pago", dijo a la VOA Richard Cooper, abogado de la firma Cleary Gottlieb que representa a otro grupo de acreedores de deuda venezolana.
Aunque el gobierno de Guaidó no ha dicho cuánto dinero hay en las cuentas congeladas por EE.UU., fuentes cercanas al asunto dijeron a la VOA que tienen "varios cientos de millones" de dólares.
También existe la posibilidad de que el gobierno interino "haga un pago parcial" a los acreedores, aseguró Nephew. "[La comisión] podría decirle a los acreedores, ¿prefieren tener una parte [del pago] o nada?", añadió el investigador.
3. No se paga el bono
Los expertos coinciden en que este es el escenario menos probable y el que peores repercusiones tendría para Venezuela. "Los bonistas ya tienen un derecho de retención sobre CITGO, por lo que está prácticamente en sus manos si no se paga ese bono", dijo Dallen.
Aunque Guaidó ha dicho que, después de que se emitió la orden ejecutiva, CITGO está fuera de riesgo, la licencia que tienen los bonistas para ejercer su derecho sobre la refinería no fue revocada.
Para Nephew, no hacer el pago sin que exista tampoco un acuerdo de refinanciación es un escenario que no está dentro de los intereses de ninguna de las partes implicadas: ni el gobierno interino de Guaidó, ni el gobierno en disputa de Maduro -quien hasta octubre del 2018 cumplió con los pagos de los intereses - ni el gobierno de EE.UU.
