Por Gabriela Melara - revistaeyn.com
First Quantum Minerals brindó su posición oficial luego de conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró este martes “inconstitucional” el contrato de concesión de la mina de cobre más grande de Centroamérica, cuya aprobación en el Congreso desató protestas que han tenido semiparalizado al país desde hace más de un mes.
La empresa afirma que "respeta las leyes panameñas y revisará el contenido del Fallo para comprender los fundamentos del mismo"; sin embargo hace una serie de afirmaciones con respecto a su operar y lo que deja en derrama económica para el territorio panameño.
"La Empresa también ha escuchado el clamor popular. Por tal razón nos mantendremos atentos al diálogo constructivo que permita definir un curso de acción que satisfaga ese clamor, al igual que los intereses y expectativas legítimas que emergen de una inversión realizada de buena fe en Panamá hace más de 20 años", indicó la compañía.
Al conocerse el fallo, el presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo aseguró que recibió y acatará la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
IMPLICACIONES DEL CASO, SEGÚN CÁMARA
Agregan que "el contrato aprobado mediante la Ley 406 de 2023 fue el resultado de un proceso de negociación largo y transparente, con el objetivo de fomentar beneficios económicos mutuos, garantizar la protección del medio ambiente, apoyar la conservación de la biodiversidad, fomentar el desarrollo comunitario, cumplir con las regulaciones internacionales que rigen las actividades mineras, y retornar la estabilidad jurídica y durabilidad necesaria a esta legítima inversión realizada de buena fe en Panamá".
Por su parte, la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA) ha publicado en redes sociales las implicaciones de un arbitraje para el país, en referencia en este caso. "Nuestro objetivo es mostrar la realidad, cuando el futuro del país está en juego no podemos dejarnos llevar por emociones. Sí se puede hacer minería sostenible y aportar al desarrollo económico", publicaron en sus redes sociales.
La Cámara afirma que si Cobre Panamá va a arbitraje internacional, el Gobierno pagaría una multa de US$50.000 millones, es decir, US$12.500 por panameño y un equivalente a 20 veces lo que paga el Canal de Panamá cada año al Estado.
La contribución económica de Cobre Panamá supera los US$50 millones por semana, equivalente al 5% del producto interno bruto (PIB) de Panamá. Además, emplea directamente a más de 7.000 personas y 33.000 de manera indirecta, aportando casi US$20 millones por semana a proveedores locales.
La mina produce desde 2019 unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre anuales, que representan el 75% de las exportaciones panameñas. Tiene además unos 2.500 proveedores en el país, que le venden mercancías por 900 millones de dólares anuales.
CELEBRACIONES
Tras el anuncio se desataron celebraciones de un grupo de manifestantes que pasaron toda la noche afuera de la corte.
“Más que una victoria de la institucionalidad, es una victoria de la democracia del pueblo”, dijo al canal Telemetro la ambientalista Raisa Banfield, quien al grito de “sí se pudo” con un megáfono afuera de la Corte celebró el fallo dictado el día en que Panamá conmemora su independencia de España.
Tras el fallo, manifestantes comenzaron a levantar algunos bloqueos de rutas, según medios locales, pero, aseguran que seguirán en las calles hasta que la empresa minera cierre operaciones.
Los ambientalistas afirman que la mina daña severamente el medioambiente por estar en un corredor biológico que conecta a Centroamérica y México.
