Por Eleconomista.es
Sacyr enfrenta este mes de octubre un arbitraje decisivo para sus intereses en el conflicto por la construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá. Grupo Unidos por el Canal de Panamá (GUPC) y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) están citados los próximos 13 y 14 de octubre para celebrar la audiencia de cierre del proceso relativo a la ausencia de basalto y la composición del hormigón, que se dirime en la Corte de Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en Miami. La resolución se prevé para el primer semestre de 2020.
Se trata de uno de los cinco procedimientos que confrontan a GUPC y la ACP por las obras del Canal de Panamá, uno de los mayores proyectos de infraestructuras realizados en el mundo. Hasta la fecha se han resuelto dos favorables al Gobierno panameño, el de los anticipos, por el que consorcio ha tenido que devolver en el último año US$548 millones (481 millones de euros), y el de la ataguía del Pacífico, con una condena de US$194 millones (165 millones de euros). Por el contrario, las empresas ya han cobrado por diversas reclamaciones US$346,4 millones (317 millones de euros).
En el arbitraje del basalto Sacyr y sus socios en el proyecto (la italiana Salini Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña CUSA) demandan US$463,1 millones (423 millones de euros al cambio actual). Se trata de menos de la décima parte del total de las reclamaciones que están en curso, US$5.200 millones (4.750 millones de euros). Ahora bien, su relevancia, más allá del signitivativo volumen monetario de la disputa, reside en que el resultado del mismo 'marcará' una tendencia con el resto de arbitrajes 'porque es la causa en la que se basan la mayoría de ellos', según afirmó el pasado mes de junio el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, en el marco de la junta de accionistas del grupo.
'El basalto es la piedra angular de todo', dijo el directivo, quien se mostró optimista sobre el resultado de los arbitrajes. 'Ahora, solo contemplamos el escenario positivo de recuperar, mediante entrada en caja, de una parte, esperemos que relevante, de las reclamaciones que tenemos en la Corte de Arbitraje de Miami', abundó entonces. A Sacyr le correspondería la cuarta parte del total.
En virtud del análisis del experto independiente DFL Associate, GUPC considera 'razonable' poder recuperar US$2.057,8 millones (1.880 millones de euros) de los US$5.200 millones (4.750 millones de euros) reclamados (incluyendo las reclamaciones por perjuicios). Esto representa el 39,5% del total.
Al margen del basalto, el consorcio enfrenta otros dos arbitrajes por las compuertas y sobrecostes laborales, por un lado, por el que exige el pago de US$593,9 millones (543 millones de euros), y por los costes de interrupción, hormigón general, prototipo y ómnibus, por otro, con una demanda de US$2.970,2 millones (2.714 millones de euros). Su resolución se prevé para 2022 o 2023.
Desde 2010
GUPC formalizó en 2010 el contrato para construir el tercer juego de esclusas del Canal de Panamá y se recepcionó en junio de 2017. En el proceso surgieron discrepancias por los sobrecostes y atrasos. Por ello, el consorcio tiene reclamaciones cuantificadas por 4.221,3 millones de dólares (3.857 millones de euros). Si se suman las demandas por perjuicios la cifra sube a 5.200 millones de dólares (4.750 millones de euros).
Sacyr enfrenta este mes de octubre un arbitraje decisivo para sus intereses en el conflicto por la construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá. Grupo Unidos por el Canal de Panamá (GUPC) y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) están citados los próximos 13 y 14 de octubre para celebrar la audiencia de cierre del proceso relativo a la ausencia de basalto y la composición del hormigón, que se dirime en la Corte de Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en Miami. La resolución se prevé para el primer semestre de 2020.
Se trata de uno de los cinco procedimientos que confrontan a GUPC y la ACP por las obras del Canal de Panamá, uno de los mayores proyectos de infraestructuras realizados en el mundo. Hasta la fecha se han resuelto dos favorables al Gobierno panameño, el de los anticipos, por el que consorcio ha tenido que devolver en el último año US$548 millones (481 millones de euros), y el de la ataguía del Pacífico, con una condena de US$194 millones (165 millones de euros). Por el contrario, las empresas ya han cobrado por diversas reclamaciones US$346,4 millones (317 millones de euros).
En el arbitraje del basalto Sacyr y sus socios en el proyecto (la italiana Salini Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña CUSA) demandan US$463,1 millones (423 millones de euros al cambio actual). Se trata de menos de la décima parte del total de las reclamaciones que están en curso, US$5.200 millones (4.750 millones de euros). Ahora bien, su relevancia, más allá del signitivativo volumen monetario de la disputa, reside en que el resultado del mismo 'marcará' una tendencia con el resto de arbitrajes 'porque es la causa en la que se basan la mayoría de ellos', según afirmó el pasado mes de junio el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, en el marco de la junta de accionistas del grupo.
'El basalto es la piedra angular de todo', dijo el directivo, quien se mostró optimista sobre el resultado de los arbitrajes. 'Ahora, solo contemplamos el escenario positivo de recuperar, mediante entrada en caja, de una parte, esperemos que relevante, de las reclamaciones que tenemos en la Corte de Arbitraje de Miami', abundó entonces. A Sacyr le correspondería la cuarta parte del total.
En virtud del análisis del experto independiente DFL Associate, GUPC considera 'razonable' poder recuperar US$2.057,8 millones (1.880 millones de euros) de los US$5.200 millones (4.750 millones de euros) reclamados (incluyendo las reclamaciones por perjuicios). Esto representa el 39,5% del total.
Al margen del basalto, el consorcio enfrenta otros dos arbitrajes por las compuertas y sobrecostes laborales, por un lado, por el que exige el pago de US$593,9 millones (543 millones de euros), y por los costes de interrupción, hormigón general, prototipo y ómnibus, por otro, con una demanda de US$2.970,2 millones (2.714 millones de euros). Su resolución se prevé para 2022 o 2023.
Desde 2010
GUPC formalizó en 2010 el contrato para construir el tercer juego de esclusas del Canal de Panamá y se recepcionó en junio de 2017. En el proceso surgieron discrepancias por los sobrecostes y atrasos. Por ello, el consorcio tiene reclamaciones cuantificadas por 4.221,3 millones de dólares (3.857 millones de euros). Si se suman las demandas por perjuicios la cifra sube a 5.200 millones de dólares (4.750 millones de euros).
