Por WSJ
Un magnate naviero está pagando los honorarios legales de dos sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que han sido acusados en una corte federal de Manhattan por conspiración para importar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos.
Wilmer Ruperti, un rico y políticamente conectado empresario venezolano, dijo en una entrevista que él es quien paga la defensa de Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, detenidos en noviembre de 2015 por la policía en Haití y transportados a Nueva York. Ambos hombres se han declarado no culpables.
Además de pagar los honorarios legales de los miembros de la familia presidencial, Ruperti ha seguido haciendo negocios con el gobierno de Venezuela.
Recientemente ganó un contrato de varios millones de dólares de Petróleos de Venezuela SA, la empresa petrolera estatal.
La identidad de la persona que pagaba los gastos legales de los sobrinos de Maduro fue un misterio durante meses. Ruperti dijo que lo hace por razones patrióticas, como una manera de aliviar la carga de Maduro.
Mientras enfrenta una debacle económica y una continua crisis política, el profundamente impopular presidente de Venezuela ha dilatado el pedido de la oposición de convocar a un referendo revocatorio de su presidencia.
"Esto perturba la tranquilidad de la familia presidencial. El presidente tiene que guardar la tranquilidad para dirigir la situación", dijo Ruperti. "Estoy ayudando a mantener el régimen constitucional de Venezuela".
La firma de abogados Boies Schiller & Flexner LLP Sidley, que lleva la defensa de Campo Flores, y Austin LLP, que representa a Flores de Freitas, declinaron hacer comentarios. Un portavoz de la oficina del fiscal de EE.UU. en Manhattan también declinó hacer comentarios. PDVSA, el Ministerio de la Información y la oficina de Maduro no respondieron a las solicitudes para comentar.
En mayo, los fiscales federales de Manhattan dijeron en una presentación judicial que "un tercero está pagando los honorarios legales de ambos acusados", lo que según ellos presentaba un potencial conflicto de interés dado que la parte que pagaba la defensa podría buscar una estrategia legal que no resulte la más apropiada para el interés de los acusados.
En una audiencia en la corte, Campo Flores y Flores de Freitas rechazaron el riesgo de un potencial conflicto. Ni sus abogados ni el gobierno de Caracas habían revelado quién estaba pagando la factura. El comienzo del juicio está programado para el 7 de noviembre.
Ruperti tiene estrechos vínculos con el gobierno de Caracas. En 2002, durante una huelga de PDVSA, el empresario alquiló una flota de petroleros rusos para traer fuel oil al país justo cuando estaba a punto de agotarse la gasolina. La huelga se levantó y el entonces presidente Hugo Chávez otorgó a Ruperti una de las condecoraciones más importantes de la nación.
Después de la huelga, los negocios y la reputación de Ruperti crecieron para ubicarse como uno de los principales "boliburgueses", el nombre con el que se conoce popularmente a la nueva generación de empresarios cercanos al chavismo que ganaron jugosos contratos con el gobierno. Ruperti consolidó su relación con el fallecido líder populista cuando adquirió por US$1,7 millones en una subasta las pistolas de Simón Bolívar, que luego regaló a Chávez.
Haciéndose eco de la posición oficial del gobierno, Ruperti dijo que los cargos contra los sobrinos de Maduro en EE.UU. son parte de un plan para desestabilizar a Venezuela. En los últimos años, EE.UU. ha acusado o sacado "bolilla negra" a más de media docena de altos funcionarios venezolanos por presunto tráfico de drogas.
"Es una conspiración gigantesca para ayudar a la oposición", dijo Ruperti. "Hay una vinculación con Venezuela como narcoestado".
El 23 de septiembre, PDVSA dijo que dio a una de las compañías de Ruperti un contrato de US$138 millones para deshacerse de toneladas de coque de petróleo, que se utiliza como combustible en plantas de energía. PDVSA declinó hacer comentarios sobre el contrato, el último giro en la larga relación de Ruperti con la petrolera.
En 2006, Ruperti y otros fueron demandados en Londres por Novoship (UK) Ltd., la unidad inglesa de una compañía naviera rusa que había proporcionado los barcos para ayudar a poner fin a la huelga de 2002, según documentos de la corte. Novoship acusó a Ruperti de sobornar a un empleado y a otros para organizar la comisión de los buques de la compañía a las empresas de propiedad o controladas por Ruperti, y que los buques fueron luego fletados a PDVSA por un precio mayor. Novoship dijo que creía que Ruperti trabajaba directamente con PDVSA.
En 2012, según documentos de la corte, el tribunal falló contra Ruperti y sus asociados y otorgó a Novoship US$58 millones en daños. Más tarde, un tribunal de Nueva York ordenó congelar US$17 millones de fondos de Ruperti, de acuerdo con documentos judiciales. Ruperti confirmó que sus fondos fueron congelados y que perdió el caso.
Ruperti dice que su flota, que llegó a contar con unos 20 barcos, se ha reducido a seis y que PDVSA le debe alrededor de US$700 millones por haber roto un contrato de envío. PDVSA declinó hacer comentarios.
Ruperti dijo que el nuevo contrato de PDVSA no tiene nada que ver con el hecho de que esté pagando la defensa de los sobrinos de Maduro. "Diez compañías licitaron el contrato", dijo. "Yo ofrecí el precio más barato y le ahorré al país US$10 millones".
