Por estrategiaynegocios.net
El banco de inversión estadounidense JP Morgan hizo una publicación en la que indica que Panamá podría perder a corto plazo su grado de inversión si decide rescindir el contrato con First Quantum, ya que generará un clima de menor confianza de inversión en el país y crecimiento económico a mediano plazo.
Según la entidad, desde un punto de vista económico, Cobre Panamá representó, según la comunicación más reciente de la empresa, alrededor del 4.8 % del Producto Interno Bruto (PIB) el año pasado (la producción minera en sí representó un poco menos del 4 %), Ahora, la posible terminación del contrato no necesariamente implica, pero a su juicio, es muy probable que no lo haga, que la mina deje de operar, sino que cambiaría de manos.
“Por lo tanto, hablar de una disminución del 4 % al 5 % del PIB nos parece poco razonable. Del mismo modo, los aproximadamente US$400 millones pagados anualmente en regalías y otros impuestos al gobierno probablemente provendrían de otra fuente (si fuera operado por el estado, provendría de las ganancias; si fuera entregado a una nueva empresa, serían nuevamente de los impuestos)", indicó.
De rescindir el contrato, el gobierno tendría que pagar a la mina al menos US$7.000 millones de acuerdo con las normas del arbitraje internacional pactadas entre las partes, a menos que exista interés público y el debido proceso legal para nacionalizar la mina.
La firma cambió la perspectiva que tenía de Panamá después de que el presidente Laurentino Cortizo llamara a una consulta pública, como una posible vía para calmar las protestas en contra de la minería; sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral ya indicó que no está en capacidad de hacerlo.
LOS ESCENARIOS
La firma explica cuatro escenarios en los que puede caer el país según la situación actual.
Lo primero que advierte es que cambia la percepción de Panamá en materia de grado de inversión y dice que podría perder esta condición poniendo en duda al país como un sitio “favorable para los negocios” a raíz de las protestas ciudadanas que solicitan la derogación del contrato ley suscrito entre el Estado y Minera Panamá.
Deja claro que en un principio sostuvo la opinión de que la pérdida de la calificación de grado de inversión era un riesgo menos probable, a pesar de que persistía el incumplimiento de los objetivos fiscales. En este sentido la firma se recargaba en el crecimiento económico del país, superior o igual al 5% a mediano plazo. El panorama para que el país saliera de la deuda sin una corrección fiscal era viable.
No obstante, asegura la firma, al cuestionar el clima de inversión se “está preparando el escenario para rebajas de calificación crediticia, potencialmente hasta el punto de perder su calificación de grado de inversión”.
Los acontecimientos protagonizados por las protestas, que sorprendieron a la calificadora en cuanto al rumbo que visualizaba sobre la estabilidad financiera y de inversión en Panamá, y los líos sobre el contrato minero y el Estado han cambiado la distribución de riesgo de que Panamá “pierda su calificación de grado de inversión de un riesgo menos probable (de cola) a un riesgo considerable”.
Por otro lado, desde el punto de vista económico la firma analiza que Cobre Panamá representó alrededor del 4,8% del producto interno bruto en 2022, y “la posible rescisión del contrato no implica que la mina deje de operar, sino que cambiaría de dueño”, sin ampliar de qué nuevo dueño se trata. Podría referirse a que la posible pérdida de valor de las acciones de la empresa pueda ocasionar que los tenedores vendan sus acciones e ingresen nuevos inversionistas. Aunque la consigna pública radica en el rechazo por completo de la actividad minera en el país, lo que hasta cierto punto difiere del punto de partida de la firma con respecto a la situación del país.
Si la mina cambia de dueño, a J.P. Morgan no parece preocuparle el impacto que genere el cese de First Quantum si la mina sigue operando y continúan los aportes al Estado. Del mismo modo, los casi US$400 millones anuales, y otros impuestos, que debe pagar en regalías la mina probablemente provendrían de otra parte si el Estado operara las ganancias, o si se licitara a una nueva empresa.
Dicho lo anterior, pintan cuatro escenarios posibles suponiendo el rechazo al contrato minero en la consulta popular. El primero, que se negocie el contrato y que el gobierno logre pactar con First Quantum nuevos términos que apacigüen el malestar social.
El segundo escenario es que se rescinda el contrato y se negocie un nuevo contrato con otra empresa. La tercera opción es que el Estado asuma el control de la mina. Bajo estos dos últimos escenarios y según el artículo octavo del Tratado internacional para promover y proteger inversiones entre Panamá y Canadá, el gobierno tendría que destinar a First Quantum toda su inversión que estima alrededor de US$7.000 millones.
En consecuencia, a la empresa canadiense se le permitiría buscar un arbitraje internacional a menos que exista interés público y el debido proceso legal para nacionalizar la mina. Aquí es donde cobra relevancia el voto que se emitirá en la Corte Suprema de Justicia.
El escenario final es que la mina deje de operar, lo que parece poco probable, a pesar de las protestas que se centran en el daño ambiental. En este último escenario las pérdidas fiscales y económicas serían graves.
Como conclusión, mientras la firma pensaba que se había superado el escollo de inconstitucionalidad en que declaró la Corte el contrato, el nuevo ingrediente de la consulta popular traerá como mucho más ruido político en las próximas semanas. Además, si el pueblo decide rechazar el contrato, mucho dependerá de la forma en que se asuma, como se menciona en los cuatro escenarios probables.
Pero, en cualquier caso, si se revoca el contrato, creemos que la probabilidad de que Panamá pierda su calificación de grado de inversión en el corto plazo aumenta significativamente, ya que una menor confianza institucional del país generaría menor inversión y menor crecimiento a mediano plazo. Esto a su vez, ejercería una presión significativa sobre las finanzas del país ya que perderían lo que hasta ahora consideramos su ancla.
