El Salvador se encamina a una nueva elección presidencial en febrero de 2019. Con todos los candidatos en firme (luego de los procesos internos), el electorado aún desconoce propuestas en concreto de los aspirantes y de sus partidos.
Acciones contra la violencia y el bajo desempeño de la economía (y la consecuente baja creación de empleos nuevos) suelen ser el gancho para atraer electores. Sin embargo, poco se escucha de propuestas en torno de la precaria situación fiscal, un reto que lejos de analizarse a fondo solo ha recibido parches que han dado paso a una bomba de tiempo.
El porcentaje de la deuda del Sector Público No Financiero y Pensiones se estimó para 2017 en 70,5% con relación al PIB y no del 62% como se calculaba hasta el año pasado.
La deuda salvadoreña se consolida como la más alta de la región, mientras tanto la carga tributaria ronda el 17,77% y se mantiene relativamente cerca del promedio de Latinoamérica, cifra que es insuficiente para la pesada carga que ya resiente, la cual obliga a que de cada dólar recogido por el fisco más de US$0.75 estén comprometidos para pagar deudas.
Ricardo Castaneda, economista senior y coordinador para El Salvador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), explica que los problemas fiscales de El Salvador son estructurales y que se requiere consensos políticos para lidiar con desafíos cada vez mayores. Solo en 2018, el país debe pagar US$1.015 millones en servicio de deuda, una cifra mayor a lo que se destinó para Educación en 2018, por ejemplo.
El Icefi presentó el detalle del diagnóstico "Por un acuerdo fiscal justo, transparente e incluyente. Una propuesta para el diálogo en El Salvador', con el que busca potenciar el debate político en torno a este problema cada vez más agudo.
Castaneda explicó a estrategiaynegocios.net más de los hallazgos del estudio el cual recopiló más de 20 años de política tributaria. Un análisis donde se señala la urgencia de un debate serio con todas las fuerzas políticas para poner en marcha una política que alivie la situación que pone en riesgo la inversión social.
¿Cuál es el diagnóstico que hace el Icefi de la situación fiscal de El Salvador?
Revisamos los últimos 20 años de la política fiscal de El Salvador y encontramos que los problemas que se tienen son de carácter estructural y van más allá de los problemas del gobierno en turno.
Por el lado de los ingresos, estos son insuficientes para apostar por el desarrollo, aun cuando hay mejoras sustanciales a través de cinco reformas tributarias, (la recaudación) todavía sigue siendo inferiores al promedio de América Latina y el Caribe.
Encontramos que los niveles de evasión son altos, en Impuesto al Valor Agregado (IVA) se están evadiendo alrededor de US$800 millones. También nos parece muy importante la revisión de los incentivos fiscales para evaluar si realmente están cumpliendo los objetivos para los que fueron diseñados. Actualmente, la forma en la que se recaudan los impuestos, son inequitativos por que terminan afectando a los sectores de la población con menos ingresos.
¿Qué hallazgos encontraron por el lado del gasto?
Encontramos que es insuficiente. El gasto social se ha venido reduciendo y los niveles para 2018 son equivalentes a los de 2005, nos preocupan los recortes en áreas como Educación, Salud... que no exista una evaluación del gasto público, pero también que no exista una agenda de transparencia y combate a la corrupción creíble de cara a la ciudadanía.
A partir de este diagnóstico planteamos que para encontrar una respuesta a los problemas de la política fiscal se requieren consensos, incluso entre quienes piensan diferente, para entregar una propuesta independientemente de quien gane las elecciones el próximo año necesitará del resto de actores y por eso es importante generar una agenda de nación con una visión de corto, mediano y largo plazo.
¿Cómo evalúan la actual configuración de las bancadas en la Asamblea Legislativa? (Que está más cargada hacia la derecha, que generalmente impulsa políticas más liberales)...
Incluso dentro de la misma actual configuración de la AL debemos recordar que ARENA, por ejemplo, plantea la necesidad de llevar el gasto en Educación al 6% del PIB, una propuesta de ese tipo, que es muy buena, sino se cuenta con los recursos suficientes no se van a poder cumplir y ese es el llamado porque los políticos y los candidatos a la presidencia van a empezar a ofrecer muchas cosas, pero si no plantean cambios en la política fiscal en la forma en la que sea hace el presupuesto, simplemente lo que están haciendo es mentir a la población.
¿Cómo se vislumbra el tema de la deuda? ¿Es una bomba de tiempo?
Los niveles de deuda pública de El Salvador son los más altos de la región centroamericana, los niveles son insostenibles, el próximo año se vencen alrededor de US$800 millones en bonos, para los cuales es importante que se logre un acuerdo, pero simplemente lo que se va a hacer es pagar deuda con más deuda.
¿No se prevé que haya un ajuste a la baja?
Los niveles van a seguir manteniéndose en lo mismo. Una de las características que muestra el problema de deuda en El Salvador es que la partida presupuestaria más grande es el pago de servicio de la deuda. Ejemplo, para 2018 son alrededor de US$1.015 millones, mientras que para Educación son US$940 millones.
Un país que destina más para pagar deuda que para la educación de su población es un país que evidentemente no camina hacia la senda del desarrollo. Por eso nosotros planteamos que hay una dicotomía, entre si los problemas están por el lado de deuda o del gasto, cuando en realidad están por todos lados y por eso se requiere un acuerdo fiscal integral, es lo que nosotros queremos aportar como Icefi que los partidos reconozcan en este proceso electoral que aún con sus grandes diferencias deben crear una agenda común, una agenda mínima de país donde pongan por delante los intereses de la población y no los particulares.
¿Cómo debería enfocarse este debate?
Debe ser una agenda corto plazo para los próximos dos años, una de mediano plazo (para los próximos cinco años) y una de largo plazo para los próximos 10 años, porque uno de los problemas de El Salvador es que su presupuesto no está vinculado con la planificación.
Si uno se pregunta cuál es El Salvador del 2025 no lo sabemos, sino sabemos lo que queremos estaremos asignando recursos a sectores que no necesariamente mejores resultados tendrán para el país.
En el debate legislativo esta la apuesta de 'limpiar la mesa' al próximo gobierno ¿Qué bomba de tiempo se generaría? ¿Solo se está trasladando de año la crisis fiscal?
Efectivamente. Lo único que se hace es tirar la pelota hacia adelante. Ejemplo: en ocasiones los bonos se colocan a 40 o 50 años, pero debemos reconocer que habrá vencimientos para 2026, 2028... Entonces, únicamente estamos tapando hoyos. La política fiscal actualmente, el manejo que se ha hecho en los últimos 25 años, ha sido en una manera donde únicamente se está buscando cuadrar cifras. Por eso no importa que se haya reducido el déficit fiscal se hayan reducido gastos en Educación y Salud.
¿Cómo impacta esto en la atención de parte del Estado?
Cuando uno mira los indicadores, por ejemplo en Educación, los niveles de cobertura en todos los niveles han caído. Actualmente uno de cada tres niños no tiene acceso a la Educación y si uno ve Salud, la cobertura de vacunación de sarampión, rubeola y paperas para 2005 era del 96%, en el 2016 era del 85%, eso habla de que las personas no están percibiendo que el Estado les está devolviendo a través de servicios públicos y por eso muy importante los consensos, porque muchos de los cambios que hay que hacer requieren modificaciones de ley, como en el tema incrementar recursos al combate de la evasión fiscal.
¿Qué tipo de revisión sugieren?
En el país, actualmente, un evasor va a la cárcel, pero paga los impuestos e intereses y no pasa nada.
En otros países aunque se paguen los impuestos y la mora es un delito y esto hace que el contribuyente lo piense dos veces antes de evadir impuestos.
Actualmente, los mecanismos que usan varias empresas son los de mecanismos de precios de transferencias en las cuales crean off-shore en paraísos fiscales y a través de ahí evaden impuestos.
El Estado no tiene las herramientas legales para poder ver eso, por eso nosotros hablamos de la necesidad de reestructurar el impuesto sobre la renta, colocando el principio de renta mundial y también una serie de iniciativas de ley en cuanto a presunciones jurídicas, marco de precios de transferencias, para que el Estado cuente con mejores herramientas.
¿Qué otras herramientas? ¿Habla de nuevos impuestos?
Nosotros por el lado del ingreso también creemos que es importante que El Salvador discuta un impuesto al patrimonio y un impuesto predial, es el único país de América Latina que no tiene, también se deben discutir impuestos ambientales, un IVA diferenciado a bienes de lujo, porque actualmente una medicina y un Ferrari pagan la misma tasa y eso se puede modificar.
Por el lado de los gastos planteamos un sistema nacional de inversión pública para que los proyectos sean bajo criterios de rentabilidad social, de vulnerabilidad, la creación de un fondo intergeneracional para blindar las inversiones para niñez y adolescencia, es muy importante que en El Salvador se adopte un presupuesto por resultados, no solo importa sabe cuánto van a tener sino cuáles resultados van a tener, eso es clave, y por supuesto una agenda de transparencia y lucha contra la corrupción que incluya desde una política nacional hasta reformas a instituciones como la Corte de Cuentas. El Tribunal de ética Gubernamental y a las auditorías internas de cada una de las instituciones.
