Por revistaeyn.com
La administración del expresidente Alejandro Giammiattei autorizó en los últimos días de su gestión un cambio de operaciones de mina subterránea a mina a cielo abierto al proyecto Cerro Blanco (ubicado en el departamento de Jutiapa), propiedad de la canadiense Bluestone Resources Inc.
Con este aval de los ministerios de Energía y Minas (MEM) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la empresa comunicó el 18 de enero de 2024 que se alista para iniciar operaciones.
"Después de dedicar más de dos años a obtener la enmienda del permiso ambiental, estamos complacidos con la decisión del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de aprobar el permiso para el proyecto Cerro Blanco como una operación minera a cielo abierto”, declaró Peter Hemstead, presidente, director ejecutivo y presidente de la Junta Directiva de la empresa.
La compañía hizo la solicitud de modificación del permiso ambiental para el cambio en el método de minería y la presentó para su revisión a las autoridades gubernamentales en noviembre de 2021.
Hemstead defiende que el diseño de Cerro Blanco “refleja prácticas mineras seguras y responsables y una gestión socioambiental sostenible que puede contribuir a un crecimiento económico significativo, infraestructura, capacitación y oportunidades de empleo para Guatemala”.
La Compañía considera que la modificación del permiso ambiental para la minería a cielo abierto, aprobada por el MARN el 9 de enero de 2024, ampliará las oportunidades de la misma para aportar valor a los accionistas.
El proyecto busca producir 2,6 millones de onzas de oro durante la vida útil de la mina a un costo sostenido todo incluido de US$629/oz (según se define según las directrices del Consejo Mundial del Oro, menos los costos generales y administrativos corporativos) durante una vida útil inicial de la mina de 14 años.
RECHAZO A LA OPERACIÓN DE LA MINA
En septiembre de 2022, más de 7.000 habitantes de Asunción Mita, lugar donde se ubica la mina, fueron llamados a una consulta ciudadana y en ella rechazaron la ejecución de este y otros proyectos mineros.
La misma fue realizada por la alcaldía del municipio. Sin embargo, el MEM desconoció los resultados de la misma, argumentando que el proceso se hizo contraviniendo la ley y, además, ya había sido suspendido provisionalmente por un tribunal de amparo. Elevar Resources (subsidiaria de Bluestone) presentó una inconstitucionalidad contra el Reglamento de Consulta Municipal.
En este proceso unos 7.475 mitecos votaron en contra de la mina y 904 votaron por el "sí".
RIESGOS PARA EL ECOSISTEMA DE EL SALVADOR
Los ambientalistas han señalado que la mina representa riesgos. Una de estas voces es la del Observatorio de Industrias Extractivas, que se presenta como una plataforma de investigación independiente con datos sobre la Industria Extractiva en Guatemala.
Tras conocerse la información, advirtió que “la aprobación del EIA de #CerroBlanco implica graves riesgos ambientales, sobre todo para una cuenca transfronteriza. La mina afectará la quebrada El Tempisque, que desemboca en el Lago Güija, y la cual se conecta con el río Lempa (Más de 4 millones de salvadoreños dependen de este); ambos atravesando la frontera con El Salvador”.
Según el Observatorio, los ríos afectados tendrán 70 % menos caudal. Recuerda que las descargas se harán en el Río Ostúa, un afluente que desemboca en el lago de Güija, un cuerpo de agua que comparten Guatemala y El Salvador, que asu vez tributa agua -mediante un embalse- al Lempa.
Asimismo, la salvadoreña Mesa Nacional frente a la Minería Metálica indicó que denunciará ante el gobierno canadiense presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por la empresa Bluestone Resources, propietaria de la mina guatemalteca Cerro Blanco.
