POR revistaeyn.com / AFP
La Fiscalía de Guatemala anunció este jueves que pedirá quitar la inmunidad al presidente electo Bernardo Arévalo por el caso de una ocupación de una universidad en 2022, elevando la incertidumbre a menos de dos meses de que deba asumir el poder.
"El Ministerio Público presentará los antejuicios contra los señores César Bernardo Arévalo de León" y la vicepresidenta electa Karin Herrera para privarlos de su inmunidad y llevarlos a juicio, dijo el fiscal Saúl Sánchez en rueda de prensa.
El mandatario electo ha denunciado un "golpe de Estado en curso" para evitar que asuma el mando el 14 de enero, tras enfrentar una persecución de la Fiscalía desde que dio la sorpresa en la primera vuelta electoral, el 25 de junio.
Los delitos por los que la Fiscalía pretende quitarles la inmunidad junto a otros seis legisladores son "depredación de bienes culturales en forma continuada, asociación ilícita y tráfico de influencias", indicó Sánchez.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) denunció este miércoles los intentos de "impedir una transición pacífica del poder" en Guatemala y Estados Unidos insistió en que se respeten los resultados del balotaje del 20 de agosto, en que Arévalo se impuso por amplia mayoría.
"Estados Unidos condena los intentos para impedir que el presidente electo [...] tome posesión. Los resultados oficializados por el tribunal electoral son inalterables", señaló el miércoles el jefe de la diplomacia de Estados Unidos para América Latina, Brian Nichols, en la red social X (antes Twitter).
Antes del anuncio de Sánchez, la Fiscalía allanó varias residencias para detener a una treintena de docentes y estudiantes universitarios, incluida una aliada de Arévalo por la ocupación de una universidad pública en 2022.
Arévalo, un sociólogo socialdemócrata de 65 años, acusa a la Fiscalía de orquestar un "golpe de Estado" para evitar que asuma el poder en enero por su promesa de combatir la corrupción pública.
Con el caso de la universidad la Fiscalía abrió un nuevo frente contra Arévalo, luego de conseguir inhabilitar a su partido Semilla y de emprender varias acciones contra el Tribunal Supremo Electoral, que validó el triunfo del opositor en los comicios.
Operativo contra universitarios opositores
"La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, con apoyo de la Policía Nacional Civil coordina 31 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias, en seguimiento a investigación en curso", dijo a periodistas el vocero del Ministerio Público, Moisés Ortiz.
Las operaciones apuntan a detenciones por los supuestos delitos de "usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales en forma continuada, sedición en forma continuada y asociación ilícita", agregó.
Al menos 27 personas tienen orden de captura, según medios locales, entre ellas líderes estudiantiles, académicos y activistas de otras organizaciones, quienes entre mayo y junio de 2022 ocuparon la sede central de la Universidad de San Carlos, la única estatal.
La ocupación fue llevada adelante en rechazo a lo que denunciaban como fraude en la elección del rector Walter Mazariegos, vinculado al gobierno del presidente derechista Alejandro Giammattei.
En los operativos de este jueves fue detenida la estudiante y activista Marcela Blanco, excandidata a diputada por el partido Semilla, de Arévalo. La agrupación política fue inhabilitada por la justicia este mes, a pedido de la Fiscalía.
"Exigimos respeto a la seguridad e integridad de Marcela Blanco y cualquier otro integrante del partido sometido a estos abusos", escribió Arévalo en la red social X (antes Twitter).
La Corte Suprema de Justicia rechazó el miércoles un pedido del presidente electo para frenar las acciones de la Fiscalía contra el Tribunal Supremo Electoral y Semilla.
El anuncio ocurrió casi en simultáneo a la elección en el Congreso, dominado por el oficialismo, de los miembros de la Corte Suprema, decisión pendiente desde 2019.
Al cierre de la sesión por la noche, un grupo de manifestantes insultó y lanzó objetos a diputados que salieron del Parlamento provocando una trifulca con policías. Este jueves el edificio estaba resguardado por cerca de 2.000 uniformados.
