Las indagatorias del MP y Cicig revelaron que, antes de llegar al poder, el Partido Patriota, cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, captó fondos de forma ilícita durante la campaña electoral en el año 2007. Utilizando un conglomerado de empresas de todo tipo y de diversa condición, Baldetti y Pérez trataron con "triangulaciones de ocultar el destino del dinero, usado para la campaña y su propio patrimonio".
Esta actividad, típica de redes político-económicas ilícitas, apuntó Cicig, se habría diseñado durante la campaña del Partido Patriota, justo después de perder las elecciones del año 2007 y siguió funcionando durante el ejercicio de gobierno (2012-2015).
Al estudiar documentos incautados por el caso "La Línea", los investigadores financieros se encontraron con un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota del año 2011, que llevó a la Presidencia de la República a Otto Pérez Molina y a la Vicepresidencia a Roxana Baldetti Elías. "No se trataba de un Gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti", acusa Cicig en su comunicado.
Cómo se disfrazó el financiamiento ilegal
Las averiguaciones de Cicig y el MP siguieron la huella del dinero, y dieron con los mecanismos para simular el origen del financiamiento reportado al Tribunal Supremo Electoral (TSE). "Como todas las organizaciones políticas el Partido Patriota entregaba de forma mensual su reporte de gastos de campaña al TSE. En los informes sobre Ingreso de Aportaciones Dinerarias por Afiliados y Simpatizantes, firmados por Julio Cesar Godoy Anleu del órgano de fiscalización del partido (Patriota), se detectaron varios financistas que triangularon fondos para ocultar el origen del dinero. Con esta modalidad el Partido Patriota ingresó dinero a la campaña electoral, el cual provenía de empresas y personas particulares, cuyo origen se ocultó por medio de las empresas de Juan Carlos Monzón (exsecretario privado de Roxana Baldetti) y Víctor Hugo Hernández (administrador de Monzón). "Las empresas de Monzón y Hernández aparecen reiteradamente como financistas, cuando en realidad recibían fondos de otras entidades", apuntó Cicig.
Asi funciona el financiamiento ilegal
En su segundo informe "Financiamiento de la política en Guatemala", publicado en el año 2015, la entidad internacional fotografió de cuerpo entero las debilidades del sistema político guatemalteco: "Los mecanismos de financiamiento han moldeado el sistema de partidos, incentivan la corrupción y han socavado la democracia guatemalteca", concluyó. Advirtió que "el financiamiento actual de la política está en manos principalmente de proveedores del Estado, así como en manos de grupos criminales". Según sus estimaciones, un poco menos del 25% del financiamiento proviene de empresarios, más de un 50% de proveedores del Estado, y de estructuras criminales, el resto.
A partir de sus investigaciones, Cicig advirtió entonces que: "Es el flujo de recursos para la obra pública el que alimenta de manera principal el financiamiento de la política, promueve el enriquecimiento ilícito de funcionarios y otras personas vinculadas con estos grupos y finalmente contribuye al empobrecimiento de la mayoría de la población guatemalteca, pues los fondos públicos, en algunos casos provenientes de préstamos internacionales- se desvían de los objetivos previstos".
Detalló: "La corrupción en la contratación de obra pública opera en todos los niveles y abarca desde empresas trasnacionales que pagan sobornos, a diputados y otros funcionarios para la asignación de proyectos, hasta pequeñas constructoras municipales ligadas a alcaldes y diputados que mediante la manipulación del sistema de consejos de desarrollo y otros mecanismos de inversión pública, se adjudican obras que, en muchos casos, están sobrevaluadas, no se realizan o si se construyen no cumplen con estándares mínimos de calidad".
Figuras clave en este modelo de financiamiento político oscuro son los que el informe identifica como "recaudadores", quienes movilizan fondos aprovechando contactos con élites empresariales, proveedores del Estado, donantes y estructuras criminales, actuando en las campañas presidenciales de manera independiente a los partidos y entregando los recursos directamente al candidato presidencial, en algunos casos sin reportar detalles de los aportes. Cuando el presidenciable llega al poder, el recaudador alcanza una fuerte influencia frente al gobernante, lo cual se presta al tráfico de influencias. Cicig apuntaba entonces a uno de los casos más emblemáticos: el de Gustavo Alejos, recaudador y posteriormente Secretario Privado del expresidente álvaro Colom, cargo desde el cual construyó redes de tráfico de influencias "influyó en el nombramiento y destitución de funcionarios, las empresas vinculadas con él fueron beneficiadas con contratos públicos y su hermano y su padre fueron nominados como candidatos a diputados". Alejos tiene hoy orden de aprehensión.
Otros "recaudadores", como Gustavo Herrera, yerno y secretario privado de Otto Pérez, y Juan Carlos Monzón, secretario privado de Roxana Baldetti, aparecerían en las últimas investigaciones de Cicig.
Implicados, hasta lo más alto
Este caso de financiamiento ilegal tiene hoy con órdenes de aprehensión al gerente de banco GYT, Flavio Montenegro. A Irving Cohen, empresario farmacéutico, se le citó a declarar. Con orden de captura internacional se encuentran Alba Elvira Lorenzana, la esposa de ángel González, dueño de la televisión abierta en Centroamérica, y Graciela López, en algún tiempo gerente de la empresa Blue Oil. Además, toda la red de testaferros usada por Pérez y Baldetti en las empresas de cartón, está bajo arresto o con orden de aprehensión.
Entre las órdenes de detención ejecutadas, se encuentran:
Boris Orando Navas Aguilar, financiamiento electoral ilícito
Max Roberto Burgos Faillace, financiamiento electoral ilícito
Deni Leonel Linares Juárez, financiamiento electoral ilícito
Boris Alberto Linares Juárez, financiamiento electoral ilícito
Benjamín González Zepeda, financiamiento electoral ilícito
Julio Alejandro Quinto Tobar, financiamiento electoral ilícito
Alberto Rafael De León Escobar, financiamiento electoral ilícito y cohecho activo
