Por revistaeyn.com
El último día de labores del año, jueves 30 de noviembre, el Congreso de la República de Guatemala aprobó - con 115 votos - el decreto que da vida al presupuesto nacional para el próximo año. El monto es de Q124.879 millones.
Las reacciones negativas no se han hecho esperar. Una de ellas es la del Consejo de Fiduciarios de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), quienes aseguran que el presupuesto general 2024 aprobado por el pleno del Congreso de la República deja asignaciones especificas a oenegés, algunas de reciente creación, sin criterios sobre las competencias necesarias para los recursos que se les va a desembolsar, limitando así la capacidad de fiscalización para lograr un adecuado desarrollo social con base en la planificación y seguimiento en la ejecución, que fomenten la eficiencia y la transparencia del gasto público.
“Esto solo genera mayor corrupción”, señaló.
En un comunicado, se expresa la comisión técnica de salud de Fundesa que ha recomendado que el Ministerio de Salud Pública genere criterios más específicos que transparenten las asignaciones a organizaciones no gubernamentales (oenegés), y para ello elaborar manuales sobre competencias para determinados aportes.
“Tal y como se expresó en comunicados anteriores, el presupuesto aprobado también atenta contra la estabilidad macroeconómica, ya que no se reintegró el pago al Banco de Guatemala por sus deficiencias netas, razón por la cual el déficit fiscal seria cerca del 2% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto es sumamente preocupante”, advirtió.
CORRUPCIÓN
Asimismo, ciudadanos representados en el Frente Ciudadano Contra la Corrupción expresaron su “profundo” rechazo ante la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos de la Nación 2024 por parte del Congreso.
Agregó que en lugar de avanzar hacia una gestión responsable y alineada con las necesidades prioritarias de la población, el presupuesto mantiene estructuras y asignaciones que han sido fuente de malversación y prácticas corruptas en el pasado.
Además, la Fundación Libertad y Desarrollo en un comunicado señaló: “Un congreso dominado por delincuentes solo podía producir un presupuesto dedicado a la corrupción”.
“Solo el descaro y el cinismo de la infame clase política que desgobierna nuestro país son más grandes que su ignorancia y su temeridad”, puntualizó.
VETO
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) analizó el Decreto y tras ello "constató que esta versión aprobada no corrigió el error de subestimación en la proyección de ingresos tributarios incluido en la versión original del proyecto de presupuesto para 2024 y mantiene las alteraciones y anomalías que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) introdujo en su dictamen; pero, además, las enmiendas aprobadas empeoran aún más los efectos dañinos que la vigencia de este presupuesto provocaría".
El Icefi califica de severamente preocupante que el Congreso no haya corregido las alteraciones a los artículos 56 y 69, referidos a la autorización parlamentaria para la contratación de deuda pública bonificada, reiterando que, de cobrar vigencia y dependiendo de la interpretación jurídica, podrían paralizar la colocación o la recolocación de bonos del Tesoro.
Una parálisis de la colocación o de la recolocación de bonos del Tesoro dificultaría al nuevo gobierno pagar oportunamente el servicio de la deuda pública (default). El riesgo grave de incumplimiento en el pago de la deuda pública no solo afectaría al nuevo gobierno, sino a otros sectores, como la banca nacional e internacional, entro otros acreedores del Estado, y podría generar una degradación en la calificación de riesgo para Guatemala. Ante una emergencia de esa naturaleza, el Gobierno podría verse obligado a usar otras fuentes de financiamiento, posiblemente dejando desfinanciados rubros de inversión pública y gasto social, con atrasos en el pago a proveedores, contratistas e, incluso, salarios. Una crisis fiscal de esta magnitud genera riesgos bastante serios de ingobernabilidad y otros efectos de tipo social o político.
"Fundamentado en la gran cantidad de anomalías detectadas en este análisis técnico de las enmiendas aprobadas por el Congreso de la República, y que no se corrigieron las falencias advertidas en la versión original del proyecto de presupuesto 2024 y en la versión dictaminada por la CFPM, incluyendo el error de subestimación en la proyección de ingresos tributarios, el Icefi recomienda al presidente Alejandro Giammattei que, una vez reciba el Decreto número 18-2023 para sanción por parte del Organismo Ejecutivo, use la facultad que le otorga el artículo 178 de la Constitución Política de la República para devolverlo al Congreso, ejerciendo su derecho de veto", agregan. Este llamado también lo han hecho las otras organizaciones.
