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Fiscal guatemalteca Consuelo Porras recibe sanciones por parte de Canadá

Junto con la funcionaria hay otras personas más. Las medidas incluyen la prohibición de ingreso a Canadá y el congelamiento de activos en el país norteamericano.

2024-02-21

Por revistaeyn.com

Su suman más sanciones en contra de la fiscal general de Guatemala Consuelo Porras. Canadá es el último de los países en anunciar medidas en contra de la funcionaria.

El gobierno de Canadá anunció sanciones -este martes 20 de febrero- a Porras y otros tres funcionarios, al considerar que promovieron “directa o indirectamente la corrupción y por cometer graves violaciones de derechos humanos con impunidad”, señaló el ministerio de Exteriores de ese país en un comunicado.

Las otras personas incluidas en esta lista son el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche; la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Décimo Penal B, Jimi Bremer.

Las medidas incluyen la prohibición de ingreso a Canadá y el congelamiento de activos en el país norteamericano.

También quedan inadmisibles en Canadá en virtud de la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados, como parte de las prohibiciones establecidas en el reglamento de Medidas Económicas Especiales.

La ministra de Relaciones Exteriores, Mélanie Joly, anunció que estas medidas forman parte de un nuevo régimen de sanciones en virtud de la Ley de Medidas Económicas Especiales para abordar la situación en Guatemala, según citó.

Estos funcionarios también han recibido sanciones por parte de la Unión Europea y Estados Unidos, por considerarlos agentes que socavan la democracia en al país.

Además, según el gobierno canadiense, la imposición de sanciones refleja el compromiso de ese país por promover y proteger la democracia, el orden internacional basado en reglas y el estado de derecho.

MP rechaza sanciones

El Ministerio Público emitió un comunicado en respuesta a estas sanciones, rechazando de manera categórica las acusaciones de la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá y catalogan este pronunciamiento como una "grave amenaza contra el régimen de legalidad y la democracia".

"Nuevamente funcionarios del Ministerio Público de Guatemala son objeto de ataques sistemáticos intimidatorios a efecto que, por medio de la coacción y la violación de sus derechos humanos, se pretenda evitar el cumplimiento de las funciones que la ley les confiere", se lee en el comunicado.





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