Por estrategiaynegocios.net
El Parlamento Europeo (PE) debatió por octava ocasión, desde 2018, la crisis sociopolítica de Nicaragua y la tónica fue similar a las últimas sesiones: una mayoría de eurodiputados exigieron a la Unión Europea (UE) que sancione al dictador nicaragüense, Daniel Ortega, y a los jueces que imponen y ejecutan sentencias espurias.
“Se van a cumplir dos años de las últimas sanciones contra el régimen de Ortega y (Rosario) Murillo. Y en estos dos años las cosas no han hecho más que empeorar dramáticamente (en Nicaragua)”, dijo la europarlamentaria española, Soraya Rodríguez Ramos, del grupo Renovar Europa.
“Hay que sancionar a Ortega y a los jueces que están dictando sentencias, claramente, contrarias a los máximos principios de derechos humanos”, subrayó.
La demanda de Rodríguez fue replicada por otros eurodiputados, que pidieron mandar un mensaje a la dictadura orteguista. “Hace ya un año pedimos al Consejo (Europeo) que amplíe la lista de sanciones, incluyendo a jueces, y es algo que reiteramos ahora”, comentó Tilly Metz, del grupo de Los Verdes.
La exigencia de los europarlamentarios ya fue planteada en una resolución aprobada en junio de 2022 —por 524 votos a favor, 17 en contra y 29 abstenciones—, en la que exhortaron a la UE a sancionar a catorce jueces y tres magistrados de Apelaciones, así como investigar —a través de la Corte Penal Internacional— al Gobierno y a Ortega, por crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, no todos los legisladores demandaron la imposición de sanciones. Sandra Pereira, del Partido Comunista Portugués, reclamó a sus colegas que “si realmente les preocupan los derechos humanos en Nicaragua, estarían pidiendo que se levantaran las sanciones unilaterales y contrarias al derecho internacional, que impone la Unión Europea, y estarían pidiendo que Estados Unidos hiciera lo mismo”.
La UE ha sancionado a 21 altos funcionarios —incluyendo a la vicepresidenta Murillo— y tres entidades: la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral (CSE) y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).
Las últimas sanciones se dieron el 10 de enero de 2022, en horas previas a que Ortega y Murillo asumieron un nuevo mandato como presidente y vicepresidenta.
Los sancionados tienen inmovilizados sus bienes y, además, los ciudadanos y las empresas de la UE están sujetos a la prohibición de poner fondos a su disposición.
Previo a las declaraciones de los eurodiputados, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, hizo una “actualización” de la situación en Nicaragua y denunció que el régimen nicaragüense no inició un diálogo con la oposición tras la liberación de los 222 presos en febrero y que la justicia les haya confiscado sus bienes.
“Esperábamos que la liberación de los presos políticos supusiera el principio de un diálogo con el régimen y pusiera fin a la espiral autoritaria de Nicaragua. A pesar de su liberación, el régimen les revocó su nacionalidad y la de otros 94 nicaragüenses y les ha confiscado sus propiedades”, dijo el diplomático español.
Con información de Confidencial
