El 13 de noviembre se desarrolla el Encuentro Nacional de la Empresa Privada (Enade 2017) de El Salvador, que este año se enfocará en el empleo y desarrollo, y en la seguridad y predictibilidad.
El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal, sostiene que estos son los temas que más preocupan a los salvadoreños.
Basado en cifras oficiales, Cardenal destacó que cada año hay una demanda de entre 70.000 y 80.000 nuevos empleos, pero no se están generando los trabajos necesarios para cubrir esa demanda.
"El primer paso es fomentar la inversión para crear nuevos puestos de trabajo", dijo el presidente de ANEP.
Para que se den las condiciones adecuadas de inversión hace falta seguridad jurídica y seguridad ciudadana, combatiendo, por ejemplo, la extorsión a que son sometidas muchas empresas y hogares, dijo Cardenal.
Los asistentes al Enade podrán escuchar a dos ponentes invitados: el ex presidente de Bolivia, Jorge Quiroga, y el especialista de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Fernando Vargas.
Vargas analizará las nuevas tendencias de la economía y del empleo a nivel mundial, como la robótica y la inteligencia artificial.
Adicionalmente se abordarán los temas de tramitología y burocracia que enfrentan los empresarios.
En el encuentro también se firmará un convenio de "buena voluntad" con los representantes de los trabajadores, para que se puedan consensuar las condiciones laborales en el país. "Hay una serie de condiciones que se deben generar para crear empleos dignos que sean cada vez mejor remunerados, vinculado a la productividad y que además permita que el país sea competitivo", dijo.
ANEP entregará un documento en el que propone reformas para facilitar trámites, la inversión, el empleo y el desarrollo del país. Además, menciona que se requiere de instituciones fuertes e independientes que garanticen reglas claras para que haya competencia en todos los sectores.
También se necesitan regulaciones eficientes y reformas para que las leyes sean claras, transparentes y limiten la discrecionalidad de los funcionarios.
La propuesta incluye la aprobación de la Ley de Procedimientos Administrativos y una Ley del Organismo de Mejora Regulatoria que simplifique trámites.
