Por AFP
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador extendió este miércoles el plazo para que el Congreso apruebe, a más tardar en febrero, una ley de reconciliación por los crímenes cometidos durante la guerra civil de ese país entre 1980 y 1992.
'La Sala Constitucional considera procedente otorgar un plazo adicional para que la Asamblea Legislativa (Congreso) emita, a más tardar el 28 de febrero de 2020, una ley de reconciliación nacional y de asistencia a víctimas', dijo la CSJ en un comunicado.
El plazo que tenían los legisladores para aprobar la ley venció el pasado 13 de noviembre, por lo que solicitaron una prórroga.
En tanto, la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, de visita en San Salvador, urgió este miércoles al cuerpo legislativo aprobar una ley de reconciliación 'con estándares interamericanos' de justicia.
Urrejola consideró 'muy importante' incorporar el punto de vista de las víctimas, quienes se han quejado de que no 'no han sido suficientemente escuchados' en la formulación de la ley.
En 2016, la Sala de lo Constitucional de la CSJ declaró inconstitucional una ley de amnistía de 1993, que impedía investigar y juzgar a responsables de crímenes cometidos durante el conflicto interno.
El tribunal ordenó al Congreso elaborar una ley de reconciliación que diera justicia y reparación a las víctimas de abusos durante el conflicto interno.
La Asamblea Legislativa desarrolló entonces algunas acciones para cumplir con esa sentencia, pero el tribunal las consideró insuficientes.
Para la CSJ, los acuerdos para aprobar la denominada Ley de Reconciliación Nacional requieren 'imperiosamente' de consultas y 'debates públicos profundos'.
Para el coordinador de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos (CDHES), Miguel Montenegro, elaborar una nueva ley exige que el parlamento tome en cuenta a las víctimas y a las organizaciones de derechos humanos.
'Queremos justicia, verdad, reparación, no repetición de crímenes y no más impunidad de los victimarios', exclamó Montenegro.
La guerra civil salvadoreña, que concluyó el 16 de enero de 1992 con la firma de acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla de izquierda, dejó más de 75.000 muertos y más de 7.000 desaparecidos.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador extendió este miércoles el plazo para que el Congreso apruebe, a más tardar en febrero, una ley de reconciliación por los crímenes cometidos durante la guerra civil de ese país entre 1980 y 1992.
'La Sala Constitucional considera procedente otorgar un plazo adicional para que la Asamblea Legislativa (Congreso) emita, a más tardar el 28 de febrero de 2020, una ley de reconciliación nacional y de asistencia a víctimas', dijo la CSJ en un comunicado.
El plazo que tenían los legisladores para aprobar la ley venció el pasado 13 de noviembre, por lo que solicitaron una prórroga.
En tanto, la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, de visita en San Salvador, urgió este miércoles al cuerpo legislativo aprobar una ley de reconciliación 'con estándares interamericanos' de justicia.
Urrejola consideró 'muy importante' incorporar el punto de vista de las víctimas, quienes se han quejado de que no 'no han sido suficientemente escuchados' en la formulación de la ley.
En 2016, la Sala de lo Constitucional de la CSJ declaró inconstitucional una ley de amnistía de 1993, que impedía investigar y juzgar a responsables de crímenes cometidos durante el conflicto interno.
El tribunal ordenó al Congreso elaborar una ley de reconciliación que diera justicia y reparación a las víctimas de abusos durante el conflicto interno.
La Asamblea Legislativa desarrolló entonces algunas acciones para cumplir con esa sentencia, pero el tribunal las consideró insuficientes.
Para la CSJ, los acuerdos para aprobar la denominada Ley de Reconciliación Nacional requieren 'imperiosamente' de consultas y 'debates públicos profundos'.
Para el coordinador de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos (CDHES), Miguel Montenegro, elaborar una nueva ley exige que el parlamento tome en cuenta a las víctimas y a las organizaciones de derechos humanos.
'Queremos justicia, verdad, reparación, no repetición de crímenes y no más impunidad de los victimarios', exclamó Montenegro.
La guerra civil salvadoreña, que concluyó el 16 de enero de 1992 con la firma de acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla de izquierda, dejó más de 75.000 muertos y más de 7.000 desaparecidos.
